¿Un Chile plurinacional?

La wenufoye, la bandera del Pueblo Mapuche, se ha convertido en uno de los símbolos más importantes de las protestas en Chile. Se trata de un cambio sociocultural en curso que reconoce a un sujeto político negado durante siglos. Por Florencia Trentini*  (@ositewok)

Hace unas semanas, en el marco de la marcha más grande de la historia de Chile, una foto recorrió las redes sociales: una montaña humana se montaba sobre una estatua y en la “cima” un joven flameaba la bandera del Pueblo Mapuche, la wenufoye. Así, el símbolo de un pueblo negado, estigmatizado e invisibilizado se volvía la imagen del pueblo chileno despertando de una larga noche neoliberal. Allí, y en cada marcha y manifestación, la bandera mapuche se ha vuelto un ícono de resistencia.

El estallido social que se vive en el país vecino se inició como respuesta a un tarifazo del transporte público, pero se convirtió en un levantamiento popular contra el modelo político neoliberal encarnado actualmente en el gobierno de Sebastián Piñera, pero que lleva -más allá de distintos gobiernos- varias décadas. La respuesta del mandatario fue anunciar que Chile se encontraba en guerra y habilitó a los carabineros a desatar una brutal violencia represiva sobre el pueblo, que después de varias semanas no cesa, como tampoco lo hace la resistencia.

En este marco, referentes e intelectuales mapuche remarcaron que la reacción y respuesta del gobierno ante las demandas populares era la misma que desde hacía años sufría su pueblo: criminalización de la protesta, presos políticos procesados mediante la aplicación de la Ley Antiterrorista, militarización de los territorios. Una violencia estatal histórica, aceptada y justificada por la acusación de “terroristas” que pesa sobre aquellos que se negaron y resistieron con el cuerpo el avance más brutal del neoliberalismo sobre sus comunidades y vidas.

Un cartel presente en una de las movilizaciones callejeras sintetiza: “Perdonen pueblo mapuche por no haberles creído. Ahora sabemos quiénes son los verdaderos terroristas”.

La historia de una asignatura pendiente

Sin dudas el vínculo de la sociedad chilena con el Pueblo Mapuche es una relación irresuelta, signada por la discriminación, la marginación, la negación y la violencia. En ese Chile moderno, que se intentó construir como “modelo exitoso a seguir”, nunca hubo lugar para los indígenas, principalmente para los “violentos” mapuche. La imposición de una sociedad civilizada se construyó mediante la negación de la plurinacionalidad, de derechos específicos y diferenciados a ese “otro” antes libre y soberano, que quedó cercado por las fronteras de un Estado.

La relación del Estado chileno con el Pueblo Mapuche no fue muy diferente a la que se vivió de este lado de la Cordillera de los Andes. La elite chilena también creía en la civilización y el progreso. Así, mientras Julio Argentino Roca comandaba al ejército argentino en lo que se conoce como la “Conquista de Desierto”, el ministro del Interior chileno, Manuel Recabarren, dirigía la “Pacificación de la Araucanía”. Dos operaciones coordinadas que buscarían poner fin al “peligro” araucano, un mismo genocidio.

El resultado de esta avanzada implicó la muerte de miles de indígenas con el objetivo de “vaciar” los territorios eufemísticamente conocidos como “desiertos” o “baldíos”.

En Chile, cuando el ejército se retiró, un pueblo rico y libre se había convertido en un pueblo pobre y expropiado, sometido a reducciones. Desde entonces, y hasta la actualidad, no hubo ningún intento serio y duradero de diálogo con los mapuches. La dictadura de Augusto Pinochet dividió sus tierras y otorgó a cada familia la propiedad privada de las mismas, en un intento por poner fin a las comunidades, y en consecuencia a la resistencia. Pero lo que consiguió fue justamente lo opuesto.

Como sostiene José Bengoa, especialista en la historia mapuche en Chile, durante la década de 1980, en plena dictadura militar, surgieron nuevas organizaciones y por primera vez se afirmó con claridad una identidad mapuche distinta a la chilena, demandando el reconocimiento a su especificidad y diferencia. Con la llegada de la democracia el Pueblo Mapuche buscó respuestas por el camino institucional, y fundamentalmente en una reforma constitucional que reconociera su (pre)existencia. Algo que hasta hoy no se ha logrado.

En el medio, lejos de una reparación histórica, lo que llegó a los territorios fueron las empresas forestales. Una forma de extractivismo que destruye suelos y vidas con el uso de venenos y pesticidas, y ni siquiera brinda posibilidades laborales para la gente de la zona porque la tecnología reemplaza a la mano de obra.

Esta situación fue la gota que rebalsó el vaso iniciando, a mediados de la década del ‘90 un periodo de fuerte resistencia, y como correlato, una fuerte represión estatal, que incluyó la implementación de la Ley Antiterrorista para juzgar las acciones de los militantes mapuches. Para el año 2001 la violencia del conflicto era tan fuerte que el presidente Ricardo Lagos conformó la “Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato” para refundar la relación entre el Estado Chileno y los Pueblos indígenas. Pero nuevamente fue un intento fallido.

Una cuestión de seguridad

La “nueva etapa” de conflicto entre el Pueblo Mapuche y el Estado chileno inició en 1997 con el incendio de tres camiones de una empresa forestal en la comuna de Lumaco, en la Araucanía. Para la sociedad chilena la protesta ponía en peligro el “Estado de derecho” y por lo tanto, las acciones represivas se justificaban. Algo parecido a la idea que la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, intentó instalar en nuestro país: convertir a “la cuestión mapuche” en un problema de seguridad pública y así habilitar las violencia estatal.

En Chile, el intento de convertir a los mapuches en “terroristas” fue sumamente exitoso y se aplicaron dispositivos de excepcionalidad concebidos históricamente para el control de la población.

Así, leyes de la dictadura resurgieron para enfrentar la “violencia” mapuche. A la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado le seguiría una Ley mucho más excepcional: la Antiterrorista, que sancionada durante la dictadura es la ley más dura de toda la legislación chilena, porque duplica las condenas normales para algunos delitos, dificulta la libertad condicional, habilita la retención de pruebas y permite que los acusados sean condenados a partir de testigos anónimos.

Esta normativa fue aplicada en numerosas ocasiones generando múltiples condenas. De hecho, durante el gobierno de Michelle Bachelet, a pesar del compromiso presidencial de no aplicarla, más de 50 mapuches fueron imputados bajo esta legislación y cuatro fueron finalmente condenados.

A lo largo de la historia de Chile, ni un solo cambio institucional aceptó la (pre)existencia del Pueblo Mapuche, ni abogó por su participación. Frente a esto, los líderes de las comunidades quedaron por fuera del sistema político, acusados de delincuentes y terroristas cuando intentaron demandar por sus derechos.

Bengoa sostiene que el problema es que para la gran mayoría de la sociedad chilena los mapuches siempre fueron “chilenos pobres”, y entendieron que los motivos de sus levantamientos eran esas malas condiciones de vida. Por eso, las respuestas fueron siempre fuertemente asistencialistas.

Todos los gobiernos esperaron limitar la reivindicación étnico-identitaria con desarrollo, sin entender nunca la demanda particular. Pero mientras se ofrecían becas indígenas, se les negó el reconocimiento a la preexistencia y a derechos diferenciales y se los reprimió y criminalizó de las formas más violentas.

La necesidad de un cambio social

Chile es sin duda el prototipo de un Estado neoliberal, el modelo exitoso que se buscó exportar a otros países de Latinoamérica. Pero es también un Estado colonial, signado por la negación sistemática de todo aquello que considera un “otro diferente”. No hay reconocimiento a un sujeto político mapuche, en el mejor de los casos hay un reconocimiento de un “chileno pobre”.

Si bien gracias a las demandas del propio pueblo se han logrado ciertas políticas interculturales -muchas de ellas sumamente interesantes-, las mismas fueron solo paliativos puntuales y no respondieron a una política estatal integral. Incluso, a pesar de la presencia de los pueblos aymara, atacameño y rapanui, además del mapuche, no hay siquiera un intento de hablar sobre plurinacionalidad.

Por todo esto, la bandera mapuche flameando en lo alto de una estatua en el medio del levantamiento popular más grande de la historia chilena, es sin duda la muestra de un incipiente cambio sociocultural. Es la posibilidad de pensar que ese pueblo que está despertando es un pueblo dispuesto a reconocer la histórica deuda con los pueblos originarios, de pensarse como un pueblo con diversidad a su interior.

Las miles y miles de wenufoye que son agitadas en cada marcha, casi más visibles que la propia bandera chilena, son la muestra de un país que renace distinto.

A las wenufoye se suma la decapitación de las estatuas de colonizadores genocidas que decoraban los centros de las ciudades. Otra foto que marca un cambio de época con respecto a “lo mapuche” en Chile es la imagen de la cabeza del conquistador español Pedro de Valdivia colgando de la estatua del Toki Kawpolikan, mientras al pie del monumento puede leerse “Nueva Constitución o Nada”.

Kawpolikan fue un líder guerrero mapuche, sucesor de Lautaro, que lideró la resistencia contra los conquistadores españoles que llegaron a lo que hoy es Chile durante el siglo XVI. Su figura es símbolo de la resistencia del Pueblo Mapuche.

Hoy esos símbolos son compartidos y retomados por el pueblo chileno despierto y movilizado, un pueblo diverso, pluricultural y plurinacional que tiene un reclamo común: la modificación de la Constitución, una Constitución diseñada por Jaime Guzmán, ideólogo del modelo político y económico neoliberal chileno que construyó un Estado fuertemente homogéneo y presidencialista, sin espacio para las transformaciones y la participación popular. Una Constitución hecha a medida de un modelo de desarrollo sin inclusión que ha generado años de marginación y violencia.

Pero aún con todos y cada uno de los dispositivos antipueblo diseñados para ser un “modelo a seguir” blanco, civilizado, colonial y neoliberal, Chile está viviendo hoy la muestra de que la fuerza popular es difícil de controlar, que puede haber represión, violencia, disciplinamiento, que puede haber genocidio, ley antiterrorista, pero que el pueblo tiene memoria, resiste y renace de su ruina, para que como reza la canción, paguen su culpa los traidores.

Y si como sostuvo Salvador Allende, “la historia es nuestra y la hacen los pueblos”. Hoy Chile está haciendo su historia -o reescribíendola- y todo indica que será finalmente una historia plurinacional.

* Doctora en Antropología

Fuente: Notas Periodismo Popular

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