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TV Digital: Con críticas de fondo, Cámara despacha proyecto de ley al Senado

por Juan Ortega

Cristóbal Cornejo, El Ciudadano

Con 107 votos a favor y uno en contra, la Cámara de diputados aprobó ayer el proyecto de ley que introduce la televisión digital terrestre en Chile. Uno de los puntos más conflictivos fue el carácter de indefinido para las concesiones de los canales existentes, dejando sólo las nuevas concesiones por 20 años y el pago de hasta un 50% de la señal de los canales. Ahora, corresponde el segundo trámite en el Senado.

Iniciado su proceso hace tres años, pasó por tres comisiones que dieron tres informes distintos. El proyecto modifica la ley Nº 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, para fortalecer la institucionalidad de éste, establecer programas de subsidio a la programación de la televisión abierta y facilitar el proceso de transición entre la televisión abierta análoga y la futura televisión abierta digital.

Con éste, se modifica el procedimiento y la concepción del régimen de concesiones del espectro radioeléctrico destinado a la televisión abierta, definiendo la figura de concesiones de servicios intermedios, así como de concesiones regionales, locales y comunitarias.

Se establece un plazo de 3 años para que los actuales canales de televisión abierta, repliquen su capacidad de cobertura analógica a digital, en términos poblacionales, equivalente a un 85% de la zona de servicio de cada concesionario. El 100% deberá estar cubierto en un plazo máximo de 5 años.

Durante este tiempo, los usuarios accederán a la transmisión simultánea en analógico y digital (simulcasting). Para ello, aquellos operadores que tengan concesiones analógicas deben reproducir la misma programación en digital.

El texto establece, además, que el 40% del total de las concesiones asignables para la televisión digital serán destinadas a señales de radiodifusión televisiva de libre recepción, regionales, locales, comunitarios y aquellas nacionales o regionales que el Consejo califique como culturales o educativo-infantiles.

En cuanto al tiempo de concesión, el proyecto establece un período de 20 años, pero se mantiene la excepción en aquellas concesiones otorgadas antes del año 1970, con carácter indefinido.

En relación a la facultad de hacer nuevos negocios, se permitirá a los concesionarios destinar hasta el 50% del espectro de concesión para levantar señales de Televisión de Pago, siempre que dentro del porcentaje de señal abierta se disponga de al menos una señal HD gratuita. El espectro no utilizado deberán ponerlo a disposición de terceros, mediante una oferta de facilidades no discriminatorias.

Los canales de Televisión de Pago y abiertos deberán suscribir acuerdos para que los primeros puedan incorporar a los canales abiertos en su parrilla.

El proyecto también establece que los operadores de televisión digital, deberán transmitir a los menos cuatro horas de programas culturales a la semana, de las cuáles dos horas, al menos, deberán transmitirse en horarios de alta audiencia fijados por el Consejo.

REACCIONES

“En general, todo lo acordado se respetó, hay algunos puntos en los que había algún grado de discrepancia que se expresaron en la votación, pero esos puntos los vamos a seguir analizando en el Senado”, señaló Pedro Pablo Errázuriz (en la foto), ministro de Transportes y Telecomunicaciones según consigna La Nación.

Sin embargo, las voces críticas surgieron con rapidez en el Congreso. Marcelo Díaz, diputado del Partido Socialista, si bien reconoció algunos avances, afirmó que “no asegura los derechos de los chilenos, respecto de un bien que les pertenece, sino que termina consolidando un modelo de televisión en el que priman los intereses privados”.

“Hay que acabar con las concesiones indefinidas, impedir que se establezca el régimen de pago para la televisión, que segmente contenidos de calidad pagados y de televisión basura de libre recepción”, añadió.

Por su parte, Carlos Montes consideró que “lo más grave es que perdimos por 58 votos a 50 el tema de la gratuidad (en la votación en particular), ya que se aprobó una indicación que dice que el 50 por ciento (del espectro) podrá ser de pago, lo que significa que los canales existentes que hasta ahora no cobraban, en virtud de este proyecto, con la televisión digital podrían cobrar hasta el 50 por ciento de su programación”.

Por su parte, y en relación a este último punto, el diputado PPD y miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Pepe Auth, aseguró que “hay evidencia comparada, que cuando aquello ocurre tiende a desarrollarse una televisión a dos velocidades, una para aquellos que no pueden pagar, la otra para los que sí lo hacen. Creo que el Senado debe asegurar mayor espacio del espectro para televisión gratuita”, afirmó.

Por otro lado, señaló que es nocivo que sólo la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) otorgue las concesiones. “Es indispensable que participe también el CNTV, exigiendo a los postulantes un proyecto televisivo, de manera que privilegiemos a los que ofrecen mejor televisión desde el punto de vista de la cultura, la libertad de expresión y la diversidad”, indicó.

Auth también reclamó que “no se haya considerado la posibilidad de que el Estado desarrolle un portador o carrier público para que puedan difundir sus contenidos las diversas organizaciones sociales, culturales y de beneficencia que no están en condiciones de producir señales televisivas propias, pero sí de elaborar programas de interés público que aportarían muchísimo a la democracia”.

Otro punto criticado transversalmente es el hecho que el proyecto deje la posibilidad a los concesionarios de rehacer a su manera las campañas de utilidad pública definida por el Estado de Chile y aprobada por el CNTV, situación compleja, por ejemplo, en el caso de campañas de prevención del Sida, del embarazo adolescente, de prevención de drogas, etcétera.

Más duras son las críticas que organizaciones ciudadanas y de consumidores, medios comunitarios y expertos como el Observatorio de Medios Fucatel y el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (Icei) han hecho al proyecto, especialmente, en lo relativo al pago por las señales, lo que amenazaría la televisión gratuita.

Raúl Arrieta, abogado, consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías, advierte en una columna publicada en La Segunda, que la ciudadanía “no debe soñar” con tener más señales gratuitas proporcionadas por el mismo radiodifusor televisivo, ya que todo indica que deberemos pagar por esos nuevos contenidos.

Asimismo, aseguró que “seguiremos viendo en forma gratuita lo mismo que vemos hoy (…) Ni soñar con tener más señales -propiedad del mismo radiodifusor televisivo- si no es mediante el pago del servicio”.

Respecto a este tema, Fucatel ha expresado su posición: “El Observatorio deseaba que se permitiera no más del 20% para el uso de pago (a lo más una señal de pago por cada operador y en ningún caso la señal principal) para garantizar el principio de que la TV abierta debe ser mayoritariamente gratuita y de libre acceso a todos los chilenos, evitándose las señales de cobro que harán surgir televidentes “de primera y segunda categoría”, como han señalado algunos analistas”.

Además critican que se mantenga la atribución de las concesiones en función de la aprobación de un informe técnico y no de las necesidades culturales, educativas y de diversidad de la población, así como que el proyecto no contribuya a bajar las barreras de acceso a la entrada de nuevos operadores con objetivos culturales o regionales, carentes de medios para instalar una red de difusión, pero con capacidad de producir nuevos contenidos. También manifestaron su rechazo en el tema de la duración de las concesiones.

En el caso de los medios comunitarios, la Señal 3 de la Victoria, difunde un comunicado -firmado por el Centro de Estudiantes de la Comunicación, el Icei y la Escuela Popular de Comunicación, entidades de la Universidad de Chile- en el que se critican los mismos puntos conflictivos aludidos y señalan que la ley, de ser una importante herramienta de democratización de los contenidos, lleva a una mayor concentración de la información. “Pero no sólo eso, sino que estamos retrocediendo de acuerdo a las transformaciones que se están llevando a cabo en países dentro del continente”, señalan, citando las disposiciones adoptadas al respecto en países como Bolivia, Ecuador, Argentina y Venezuela.

“Como estudiantes y futuros trabajadores rechazamos tajantemente el proyecto de televisión digital que se pretende aprobar en el parlamento y estamos por una construcción colectiva de los contenidos que en ella se emiten, con la pluralidad de identidades, temas y líneas editoriales que conforman esta larga y angosta faja de tierra”, concluyen en su nota.

Vale decir, que estas organizaciones recalcan el hecho que en Chile casi la totalidad de los medios de producción, almacenamiento y distribución de la economía nacional están en manos del 2% de la población.

Asimismo, recuerdan el duopolio de la prensa escrita y las nás de 200 radios nacionales que son propiedad del grupo español PRISA, que maneja un mercado de 700 millones de personas en todo el mundo.

Por su parte, la Liga Ciudadana, junto a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) y la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), quienes reclaman que durante el proceso de discusión nunca se les invitó a participar, califican el cobro de este 50% como un “atentado a los derechos de los usuarios, ya que tendrá como consecuencia, que los televidentes deberán pagar si quieren ver más y mejor televisión, y surgirán televidentes de primera y segunda categoría”.

Por último, alegan que el artículo II y III transitorio, permite que algunos de los actuales operadores no tengan que concursar para obtener una concesión digital. Además de ir contra la definición de concesionaria, este derecho no se hace extensivo a los canales regionales, locales ni comunitarios. Actualmente son más de 100 en el país. El “proyecto de ley da mayores facilidades a los operadores más fuertes y pone más barreras de entrada a los más débiles, profundizando así la desigualdad dentro del sistema televisivo”, indican.

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