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Se mantiene baja prioridad a DD.HH y Democracia en trabajo legislativo

por Juan Ortega
  • Renovación de la Cámara de Diputados y parte del Senado no significó mejor desempeño del Parlamento frente a iniciativas para el fortalecimiento de los DD.HH. y la profundización de la democracia.

Cumplido el primer año del cuadrienio legislativo 2010-2013 y el primero del Gobierno de Sebastián Piñera, el Balance Anual al Poder Legislativo que desde hace cinco años realiza el Observatorio Parlamentario para monitorear y fiscalizar la labor de los y las congresistas, concluyó que el trabajo parlamentario del año 2010 asignó escasa atención a iniciativas sobre derechos humanos y democracia, y a la necesaria participación de la ciudadanía en el debate legislativo.

Importantes compromisos programáticos y legislativos fueron asumidos por el Presidente Sebastián Piñera en materia de derechos humanos y democracia durante la campaña presidencial y reiterados en la Primera Cuenta Pública el pasado 21 de Mayo de 2010. “Sin embargo, transcurrido el primer año del actual periodo legislativo, no se observan niveles significativos en el cumplimento de tales compromisos, sino únicamente avances parciales en algunas iniciativas para el fortalecimiento de los derechos humanos y la profundización de la democracia”, sostuvo la abogada de Corporación Humanas y coordinadora del Observatorio Parlamentario, Camila Maturana.

Entre los logros parciales se encuentran la modificación a la justicia militar para que civiles no sean enjuiciados por tribunales castrenses, lo que sin embargo no permite dar cumplimiento pleno a las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de debido proceso, continuando pendiente la restricción de la jurisdicción militar a los delitos militares cometidos por militares y la reforma al procedimiento aplicable para que se respeten adecuadamente las garantías judiciales. Por su parte, la modificación a la Ley Antiterrorista, que eliminó la presunción de finalidad terrorista, no logra adecuarse a los estándares internacionales sobre terrorismo y debido proceso.

Por otra parte, si bien en 2010 se tipificó el femicidio y se aumentaron las penas a los asesinatos de ex parejas, no se adoptaron medidas integrales para combatir las causas y manifestaciones de la violencia de género ni del femicidio, en conformidad a los tratados internacionales vigentes en el país.

También destaca la aprobación de la Ley sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, tras seis años de discusión, pero aún no es posible analizar su real impacto en el fortalecimiento de la sociedad civil.

SIN AVANCE

Por el contrario, un amplio conjunto de iniciativas no fueron debatidas en 2010, o lo fueron apenas. “Durante todo el primer año no se prestó atención al proyecto que crea la Defensoría de las Personas ni al que establece medidas contra la discriminación. Tampoco fueron debatidas las mociones sobre Pacto de Unión Civil, aunque el Presidente lo comprometió durante la campaña”, aseguró Maturana.

“El reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, tampoco avanzó este primer año, ni se ha llevado a cabo un proceso de consulta acorde a las obligaciones internacionales que el Estado de Chile ha asumido en años pasados”.

En materia de género, las propuestas sobre aborto terapéutico presentadas por senadores/as en 2010 no han sido analizadas en ninguna comisión de trabajo legislativo, la ley de paridad no ha sido votada, aunque dos veces se discutió en la sala de la Cámara Baja y, desde hace quince años, se busca reformar la sociedad conyugal. Tampoco se debatió el Protocolo Facultativo a la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación), pese a que Chile es uno de los pocos países de la región que aún no lo ratifica. “Este retraso en derechos humanos de las mujeres ha sido reprochado reiteradamente por organismos internacionales, pero los congresistas y el Gobierno no lo han atendido debidamente”, afirmó la abogada.

En tanto, el archivo del proyecto para anular el Decreto Ley de Amnistía, es calificado como “un grave retroceso que dificulta al Estado de Chile dar cumplimiento a las obligaciones señaladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, informó la Coordinadora del Observatorio Parlamentario.

Para mejorar la calidad de la democracia, el Presidente presentó un proyecto sobre iniciativa ciudadana de ley y otro sobre declaración de intereses y patrimonio, que no han sido analizados por los/as legisladores/as. La propuesta del Ejecutivo sobre voto de chilenos/as en el exterior no registra avances, pues el oficialismo insiste en condicionar este derecho al cumplimiento de requisitos que se consideran discriminatorios.

Tampoco se avanzó en la reforma al Servicio Electoral para implementar la inscripción automática y el voto voluntario. Compromisos presidenciales como la modificación a  la Ley de Partidos Políticos y la implementación de un sistema de primarias para la definición de candidaturas, permanecieron incumplidos en 2010, retardando su discusión.

Creemos que “iniciativas para modificar el sistema binominal, limitar la reelección indefinida de autoridades y regular los reemplazos de parlamentarios y alcaldes, que han planteado congresistas, también hacen parte de los debates que deberán ser abordados en los próximos meses”, aseguró Camila Maturana.

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