Representante de la FIDH cuestionó sistema judicial chileno

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Por Leyla Noriega,

Jimena Reyes, responsable de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) para las Américas, hizo notar la preocupante desproporcionalidad de las penas en las causas mapuche y los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la dictadura de Pinochet.

Tras reunirse con los presos mapuche en Angol y organismos de defensores de los derechos humanos violados en dictadura, Jimena Reyes, responsable de la FIDH para las Américas, hizo notar la desproporcionalidad de las penas entre las causas con mapuche sentenciados y los acusados por crímenes de lesa humanidad ocurridos en el  gobierno de facto de Pinochet.

“Cómo es posible que se aplique la ley antiterroristas  a comuneros mapuche, con penas de diez años de cárcel, juicios con testigos protegidos, y con niveles de prueba bien bajo; en tanto,  a los acusados por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la dictadura, con niveles de prueba muy alto, con muchos testimonios contundentes, se les aplique la prescripción y salgan libres. Aquí hay un sistema judicial que hay que cuestionar realmente”, enfatizó la personera internacional, quien es parte de una misión de observación a casos de derechos humanos en Chile, que se desarrolla desde el domingo 3 de julio.

En relación a la criminalización mapuche, relató que están monitoreando los compromisos adquiridos tras la huelga de hambre de los comuneros presos en Angol, y además la situación de los menores mapuche de las denominadas comunidades en conflicto, como de aquellos jóvenes indígenas que se les ha acusado bajo la ley antiterrorista.

El sentir de la infancia criminalizada

“Estamos investigando para inferir lo que realmente pasa, y también dar espacio de expresión a los menores de edad que han sufrido mucho, porque son niños estigmatizados y criminalizados”, recalcó.

Y con evidente emoción en su rostro, citó las palabras de uno de los testimonios que escuchó de un menor que en vez de seguir estudiando, estuvo detenido en un centro privativo de libertad. “Me dijo:estaba en el mejor momento de mi vida… me siento roto. Este tipo de situaciones nos preocupa mucho, pues es una cuestión de respeto a los derechos indígenas y de voluntad de acallar una protesta que es legítima y le haremos seguimiento”, puntualizó.

Cabe destacar los objetivos de la visita es dar seguimiento concreto a los casos donde se ha aplicado la ley antiterrorista, especialmente en menores de edad mapuche; la revisión de dicha normativa  y la revisión del código de justicia militar. Para ello hasta el 8 de julio se realizan  entrevistas específicas con personas mapuches afectadas por esta situación, al igual que reuniones  con autoridades de gobierno, del parlamento y organizaciones de sociedad civil que trabajan con la temática, ya sea en Temuco, Valparaíso y Santiago.

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