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Radios Comunitarias y Derecho a la Comunicación

por sedec

Por Juan Schilling.-

Cuando nos encontramos inmersos en un proceso Constituyente con plena participación ciudadana y que se gesta a partir de la calle: en la Plaza de la Dignidad en Santiago, en Paicarrera en Concepción y en cada rincón de Chile que se ha vuelto emblemático por las luchas populares que ahí se han dado, debemos detenernos a observar dicho proceso desde el movimiento de las radios comunitarias en el cual hemos invertido nuestro esfuerzo durante 30 años.

Recordemos que a las radios comunitarias desde sus inicios en 1990 se les llamó radios piratas y radios clandestinas, se trataba de colocar estas incipientes emisoras en el campo de lo ilegal con el propósito de hacerlas desaparecer rápidamente del mapa.

El mote de radios clandestinas lo rechazamos siempre porque jamás nos escondimos para hacer radio, muy por el contrario en cada experiencia realizada tratamos que la actividad se desarrollara en locales comunitarios y llamábamos a todo el barrio a participar. Sin embargo, nosotros mismos nos reconocíamos como alegales con “a” inicial cuando esa palabra aún no era aceptada por la Real Academia Española. Ahora hasta esa palabra está legalizada y aparece en el Diccionario de la Lengua Española actualización 2019: “Alegal adj. No regulado, ni prohibido. Emisoras de radio alegales”.

Nuestra demanda de existencia como radios comunitarias ha significado dos grandes cambios legales, en 1994 la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones que nos permitió una existencia precaria, como radios de mínima cobertura y en 2010 la Ley que Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria y Ciudadana que nos permite una existencia más digna, aunque aún con grandes falencias y limitaciones que esperamos superar en algún momento.

Es por esta trayectoria como movimiento de radios comunitarias que miramos el actual proceso constituyente con grandes esperanzas, porque crear una nueva Constitución con la participación democrática de todos los ciudadanos y ciudadanas es una oportunidad histórica para volvernos más ambiciosos, se trata ahora de escribir la Gran Ley  y plantearnos que el espacio de la comunicación pueda ser regulado de forma diferente, más equitativa, con acceso igualitario a crear medios de comunicación por parte de la Sociedad Civil, por parte de las organizaciones sociales y también medios públicos por parte del Estado.

Este planteamiento va más allá de garantizar la Libertad de Expresión que es un principio fundamental, pero que no es completamente realizable en un sistema de medios de comunicación altamente concentrado en pocas manos como es el caso de Chile. Por eso queremos una vuelta de tuerca más en el Derecho a la Libertad de Expresión, queremos que la nueva Constitución garantice el Derecho a la Comunicación, que permita que la propiedad de los medios de comunicación esté en manos de muchos actores sociales, que muchas voces nuevas sean escuchadas por toda la sociedad.

El Derecho a la Comunicación debe ser un pilar de la nueva Constitución.

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