¿Qué nos deja la primera semana de protesta popular?

Han sido días agitados para nuestro país, ha estallado el descontento social acumulado hace décadas por la clase trabajadora y el pueblo, estallido que se ha caracterizado por pasar de reclamos sectoriales, expresados en pequeñas coyunturas de movilización estos últimos años, a un levantamiento histórico que vino a poner en tela de juicio la totalidad del modelo económico instalado en Chile durante la dictadura, ese mismo que hasta hace unas semanas era el “oasis” de América Latina en materia de crecimiento económico.

Este levantamiento popular fue gatillado luego de una nueva alza al pasaje del transporte público en la Región Metropolitana. Fueron las y los estudiantes secundarios quienes, ante este nuevo abuso, iniciaron acciones de rechazo, haciendo un llamado a realizar evasiones masivas en distintas estaciones del metro de Santiago, estas acciones contaron con un gran apoyo popular, las evasiones se fueron generalizando, llegando a ser la clase trabajadora en su mayoría la que comenzó a evadir junto a las y los secundarios. La respuesta del gobierno fue una vez más la represión y criminalización de la protesta, y vimos como poco a poco, las estaciones de metro se fueron llenando de carabineros, quienes respondieron con enorme violencia, dejando como saldo una serie de detenciones, principalmente a estudiantes.

Luego de una semana de evasiones y resistencia, el viernes 18 de octubre se desata con furia el descontento popular, en rechazo a la brutal represión del Estado chileno, siendo las estaciones de metro el punto de encuentro de miles de personas, que se aglutinaron para protestar, levantando barricadas, enfrentando a las fuerzas policiales, e incluso incendiando las estaciones de metro: el levantamiento popular ya iba desatando la masividad y combatividad que mostraría en toda su magnitud durante los días que vinieron. Junto con ello, ciudades como Concepción y Valparaíso rápidamente se sumaron al alzamiento popular, realizando protestas, cacerolazos y barricadas las que se iniciaron el sábado 19 de octubre, generando un efecto dominó en otras ciudades como Coquimbo, La Serena, Osorno, Puerto Montt, entre otras.

Producto de lo anterior, el gobierno decretó estado de emergencia en el país, desplegando una estrategia que apuntaría al desorden público como principal problema a resolver, buscando así invisibilizar lo que ya era una ola de protestas sin precedentes en las últimas décadas. Esta estrategia, que demostró ser apresurada y errática, partió por instalar al general Javier Iturriaga del Campo como rostro cercano, incluso paternal, a la cabeza de la gestión del estado de excepción, intentando mostrar que éste tenía como principal función el bienestar del pueblo chileno. Iturriaga, sin embargo, es un militar con un historial ligado a lo más oscuro de la historia chilena: con vasta experiencia en operaciones y tácticas militares, que en la actualidad se desempeña como comandante de Doctrina y Educación del Ejército, proveniente de una familia militar vinculada a la DINA en los tiempos de dictadura, la principal estructura, junto con la CNI, responsable de las violaciones a derechos humanos en nuestro país. En razón de lo mismo, los militares salen de sus cuarteles y se instalan en las calles de la capital con sus armas de guerra.

Sin embargo, luego de que se decretara estado de emergencia, y lejos de calmar a las masas, se desata aun más el descontento popular, produciéndose un sinnúmero de saqueos a las grandes cadenas de supermercados, farmacias y retail, lo que ha sido criminalizado por el gobierno y la prensa burguesa, quienes se han dedicado a generar confrontaciones al interior del pueblo, por medio de la instalación de la lógica del enemigo interno, usando un discurso de vandalismo y delincuencia, que en muchos casos se ha demostrado que fueron montajes orquestados por la policía y los militares. Lo que siguió fue la instalación del toque de queda, que se inicia en Santiago, para con el paso de los días, decretarse en Valparaíso (donde la represión ha sido brutal), Concepción, Coquimbo, Arica, Puerto Montt y otras ciudades del país.

Pero la respuesta represiva del gobierno no se detuvo ahí, y el día domingo 20 de octubre, el presidente Piñera declara: “estamos en guerra”, buscando generar histeria colectiva para desmovilizar a las masas en lucha, esta declaración no tuvo asidero en el general Iturriaga que desvalida a Piñera señalando “soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie”, ni tampoco en los distintos sectores del bloque en el poder, quienes rechazaron tajantemente las declaraciones del mandatario, desmarcándose de posición adoptada por el gobierno y actuando una vez más desde el oportunismo, aquellos que se declaran oposición han salido con discursos progresistas y de arrepentimiento por no haber actuado antes e improvisando

No obstante,amplios sectores de nuestra clase y el pueblo han mantenido la convicción de lucha, fortaleciendo la protesta popular en los distintos territorios del país, levantando ollas comunes, organizando cacerolazos, prendiendo barricadas, pero sobretodo manteniendo en alto las demandas que fueron emanando del movimiento popular, y que sobrepasaron el alza del pasaje, dando paso a reivindicaciones como el fin a las AFP y pensiones dignas, un sueldo mínimo de 500.000, jornada laboral de 40 hrs., la estatización del transporte público y las farmacias, fin al lucro en la salud y en la educación, nacionalización del agua y los recursos naturales, entre otras demandas son, en definitiva, un cuestionamiento a las bases del sistema capitalista neoliberal extremo impuesto en nuestro país por la dictadura militar.

Con posterioridad al nefasto discurso de Piñera, y ante un creciente descontento popular, el gobierno hace un llamado a los partidos políticos para buscar soluciones al conflicto nacional, de este encuentro participa los partidos oficialistas, más el PPD, DC, PR, y se resta del llamado el PC, el FA y sorpresivamente el PS. Este encuentro, que buscaba mostrar una suerte de unidad transversal de los partidos políticos tradicionales, fue un intento desesperado del gobierno para articular a los distintos sectores políticos del bloque en el poder, además de ser un viraje evidente en la estrategia que habían implementado hasta el momento, porque la solución ya no radicaría en la “seguridad nacional”, sino en los acuerdos institucionales de la clase burguesa y el reformismo.

Pero la respuesta de la clase trabajadora y el pueblo siguió siendo la organización y la protesta popular, los centros cívicos de las distintas ciudades de Chile se transformaron en los lugares de autoconvocatoria de las masas, que llegaban a desbordar con cacerolazos, gritos y barricadas, siendo reprimidas por las fuerzas policiales y militares, quienes actuaron con una violencia que nuestro pueblo ya conoce y no está dispuesto a vivir de nuevo (recordadas son las masacres obreras y dictaduras militares). Esto significó una disposición a la lucha sin precedentes, una clase dispuesta a no dar paso atrás, a pesar de las agresiones, torturas, abusos sexuales y asesinatos que no buscan más que acallar las justas demandas de nuestra clase.

En paralelo a este alzamiento popular, comenzó a gestarse una convocatoria de las organizaciones sociales y sindicales conducidas por los partidos políticos de oposición (ex Nueva Mayoría y Frente Amplio), que en una salida oportunista buscan la conducción de este movimiento de masas, expresándose con claridad la alianza electoral entre ambos sectores. Buscando instalar una serie de demandas conjuntas levantan la llamada “Unidad Social” que no es más que la instancia organizativa que con los métodos propuestos, comienza a institucionalizar el conflicto y trasladar el alzamiento de la protesta popular a la manifestación ciudadana.

Ante la imposibilidad de descomprimir al pueblo alzado, Piñera realizó un nuevo anuncio, ofreciendo la pronta implementación de una “agenda social” que en términos generales no toca en nada el modelo económico del país, sino que profundiza aún más el estado subsidiario impuesto en la dictadura cívico-militar, entre las medidas anunciadas, el gobierno propone un sueldo mínimo garantizado de $350.000, que no será pagado por los empresarios, sino que saldrá de los impuestos, es decir, de nuestros mismos bolsillos, del mismo modo, y en relación a la demanda histórica de que se terminen con las AFPs y se instaure un sistema de reparto solidario, el gobierno ofrece un aumento de no más de $20.000 en la pensión básica solidaria, y otros anuncios que en términos concretos no son más que una inyección de dinero fiscal para seguir engordando las arcas de las AFP.

Este anuncio no tuvo la respuesta que esperaba el gobierno, ya que el día miércoles 23 de octubre, las distintas organizaciones sociales y de trabajadores/as convocaron a una paralización nacional, y cerca de quinientos mil manifestantes se congregaron solo en la Alameda en señal de rechazo a las migajas presentadas por el gobierno, lo que se suma a los centenares de personas que se aglutinaron en otros territorios del país. Las movilizaciones masivas no se detuvieron, siendo día viernes 25 de octubre la jornada más masiva de la que se tiene memoria, con movilizaciones que iniciaron con camiones bloqueando los accesos a Santiago en protesta por el excesivo costo del TAG, lo que se sumó al llamado a paro de las y los trabajadores del Transantiago a raíz del asesinato a uno de los choferes en la jornada del jueves 24 de octubre, finalizando la jornada con la que ha sido llamada la marcha más grande en la historia de Chile, que concentró a más de un millón de personas sólo en Santiago, y otros cientos de miles de compañeros y compañeras que desbordaron las calles desde Arica a Punta Arenas, a pesar del toque de queda y la represión del Estado que ha desplegado 19.461 efectivos a lo largo del país (carabineros, militares, PDI).

Posterior a esta gran movilización, el presidente Piñera realiza un último anuncio, destacando las acciones pacifistas y culturales, y criminalizando otras acciones de protesta. Pero lo más relevante de su discurso es que pide sus ministros poner sus cargos a disposición, apostando al cambio de gabinete como su último gesto cosmético que intente apaciguar el descontento social.

Otro factor relevante, ha sido la manipulación de los medios masivos de comunicación, que una vez más han estado al servicio del empresariado y el bloque en el poder, centrando todas las noticias (TV, periódicos, radios) en los saqueos, destrozos y desmanes que se han desatado en las distintas regiones del país, del mismo modo criminalizan acciones de protesta como las barricadas o cortes de calle, haciendo vista gorda a las reales demandas que movilizaron al pueblo y a la enorme violencia que han ejercido las fuerzas represivas. Del mismo modo, en los paneles de TV han desfilado una serie de políticos de los partidos que han gobernado por los últimos 30 años, que generan debates o discusiones faranduleras culpándose unos a otros de la crisis actual sin cuestionar las razones estructurales del conflicto, generando el circo político al que ya estamos acostumbrados. El objetivo de los medios es claro, poner en contra al mismo pueblo, criminalizando la protesta popular, y en la misma línea buscan frenar la ascendente movilización dando cobertura total a las soluciones propuestas por el bloque en el poder, ejemplo de ello es la cobertura mediática dada a la gestación de los llamados “chalecos amarillos” que son sectores del pueblo conducidos por la derecha para criminalizar la justa lucha del pueblo, dividiéndolo y desviando el foco sobre quién es realmente el enemigo.

Las cuentas que nos dejan estos días no son alegres, hemos tenido que lamentar la muerte de 25 compañeras y compañeros (11 calcinados, 6 asesinados por balas, 8 por otras causas), 41 lesionados/as gravemente por arma de fuego, 23 atropellados/as graves, 62 personas con trauma ocular severo y 5.485 detenidos y detenidas. A todo esto se suman de 61 denuncias por tortura y 15 denuncias por violencia sexual contra mujeres detenidas, y aún no se logra estimar el número de desaparecidos y desaparecidas que ha dejado la primera semana de movilizaciones.

Es evidente que este gran estallido social, traerá una serie de consecuencias para la clase trabajadora y el pueblo chileno. Por un lado, las grandes cadenas de supermercados y retail, usarán los saqueos y destrozos como excusa para justificar los despidos masivos, que ya estaban llevando a cabo producto de la automatización y flexibilización laboral. Por otro lado se continúa cuidando el bolsillo de la patronal, y los aumentos salariales ofrecidos por el gobierno serán costeados con el dinero de nuestra clase.

Junto con lo anterior, es probable que Chile deje de ser visto como un “oasis” para el capital monopólico internacional, lo que podría significar una reducción significativa de las inversiones extranjeras en el país (JP Morgan, una de las principales empresas financieras del mundo, recomendó retirar inversiones en Chile), con los consecuentes efectos para el PIB nacional, además de arrojar dudas sobre la realización de los principales eventos de política internacional que tendrán lugar durante el gobierno de Piñera, como son la cumbre Apec, contra la que abundan los rayados y pancartas en las calles, y la COP25, ambas de absoluta importancia para la dominación imperialista y para un gobierno que ha apostado a validarse en la escena internacional, ignorando los problemas graves y estructurales que existen en el ámbito local. Lo anterior significaría un gran revés para el gobierno debido a que los temas a trabajar en estos encuentros tienen que ver con la profundización del modelo en gran parte de Latinoamérica, buscando aumentar las ganancias para la misma burguesía local e internacional, asimismo se pretenden abordar medidas para frenar el cambio climático desde los países imperialistas, instalando el “capitalismo verde”.

Además, en términos políticos, las consecuencias de este movimiento probablemente se evidenciarán en las próximas elecciones. Aunque ningún partido político se desmarque de esta gran crisis, los que salen mejor parados son los sectores que componen el Frente Amplio, debido principalmente a que llegaron tarde a la repartija del poder, por lo que no se han visto envueltos en situaciones de corrupción u otras situaciones que pudiesen invalidarlos, sin embargo, es probable que sean parte del Pacto Social para favorecer “la paz social” lo que los hará pactar con el Bloque en el Poder, transando algunos elementos de su propuesta de salida a este conflicto, y por otra parte, quienes han quedado peor posicionados son la Derecha tradicional y la extrema derecha, ya que con las fuerzas armadas en las calles y la cantidad de personas muertas, heridas, detenidas injustificadamente y la serie de violaciones a los derechos humanos que se han cometido durante estos días, se visualiza una gran crisis a la interna de su coalición.

En relación a la apuesta que hacemos como Asociación Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores clasistas AIT, y entendiendo que la intención principal del gobierno es querer imponer la “normalidad” en el país, es desmovilizar a la clase trabajadora, sin escuchar seriamente sus demandas y exigencias, hacemos un llamado a las y los trabajadores a organizarse en sus sindicatos de base y sus territorios, generando espacios de discusión que permitan levantar un pliego de demandas propias del sector, articulándose con otras organizaciones sindicales tanto a nivel territorial como ramal, superando las posiciones burocráticas, conciliadoras y oportunistas que buscan pactar con el gobierno y la patronal, instalando un sindicalismo clasista y combativo que luche por los reales intereses de nuestra clase y que apueste a fortalecerse más allá de la actual coyuntura, apostando por organizaciones de base, independientes, donde prevalezca la democracia efectiva y donde se generen órganos capaces de constituirse como alternativas a la institucionalidad rancia que nos ha traicionado cada vez que hemos depositado en ella nuestra confianza y nuestras movilizaciones.

Hacemos el llamado a fortalecer el agrupamiento de las y los clasistas expresado en la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores y nos plegamos al llamado a levantar un polo social anticapitalista que articule los diferentes sectores del pueblo en lucha en una plataforma común que se constituya desde la independencia de clase de cualquier partido político, organismo u organización social del bloque en el poder, que instale un camino claro en la lucha por acabar con toda opresión y explotación.

Abajo el Código del Trabajo de la dictadura

Por un sueldo mínimo de 500.000 pesos

Por una jornada laboral de 40 hrs. Sin flexibilidad laboral

Por pensión básica igual al sueldo mínimo

Por pago de locomoción y colación en cada lugar de trabajo

POR UN SINDICALISMO CLASISTA Y COMBATIVO

ASOCIACIÓN INTERSINDICAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES CLASISTAS AIT / Resumen Latinoamericano / 28 de octubre de 2019

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