Pronunciamiento en relación a la Libertad Religiosa en el proceso por una Nueva Constitución para Chile.

Imagen; https://ielch.cl/

A toda la hermandad evangélica y protestante y al país:

Quienes suscriben, que por gracia de Dios tuvimos la oportunidad de cumplir un rol activo en las iniciativas de las Iglesias Evangélicas por la aprobación de la “Ley de Culto” -y que luego de 9 años de intenso trabajo, conquistamos para todas las minorías religiosas en nuestro país un reconocimiento legal del Estado de Chile como entidades jurídicas de derecho público- queremos señalar a la opinión pública, y muy especialmente a líderes, pastores y pastoras, hermanos y hermanas de las diversas Congregaciones Evangélicas y Protestantes del país, que en relación al proceso hacia una Nueva Constitución para Chile, nos asiste la convicción de que no están en peligro el derecho a la plena existencia jurídica de las Iglesias, ni la Libertad Religiosa, de Culto y de Conciencia para profesar nuestra fe en todos los ámbitos de la sociedad chilena.

Efectivamente, observamos que el actual Proceso Constituyente establece un piso de garantías políticas y jurídicas que no ponen en riesgo nuestro trabajo de protección expresado en la Ley 19.638, toda vez que el acuerdo por la Nueva Constitución, recogido en el artículo 135 de la Carta Fundamental vigente contempla, dentro de los límites de la redacción del nuevo texto constitucional, los Tratados Internacionales ratificados por Chile, entre los cuales se encuentran los de Derechos Humanos que reconocen el Derecho a la Libertad de Conciencia y Religión, como el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos internacionales vigentes, además de diversas declaraciones de órganos del Sistema de Naciones Unidas, y otros compromisos internacionales asumidos por la República de Chile.

Asimismo, de acuerdo con dicho artículo, el órgano que redactará la nueva constitución tendrá el solo propósito de escribir una nueva constitución, que luego será aprobada por la ciudadanía en un nuevo plebiscito, y no podrá ejercer otras facultades como la derogación o modificación de ninguna ley de la república, lo que incluye la ley de culto.

En materia de Libertad de Conciencia y Manifestación de los Cultos, no nos hemos apartado de una tradición constitucional que se ha mantenido prácticamente intacta desde 1925, que considera incuestionable su naturaleza como un derecho humano esencial. En este sentido, ha sido uniforme la postura de los constitucionalistas de Chile, de la región y de todo el hemisferio occidental, basta ver este reconocimiento en todas las constituciones de los últimos 50 años, que a pesar de la diversidad de sus contextos, tuvieron como resultado la profundización o al menos la conservación de dicho derecho.

En consecuencia, creemos que existen suficientes garantías para considerar que el Proceso Constituyente que se ha iniciado significa una valiosa oportunidad para profundizar en la protección de los derechos humanos en materia de Libertad Religiosa y de Culto, y de todos los derechos derivados de esta garantía constitucional que hemos conquistado en democracia, pues la protección de los derechos fundamentales no puede ser regresiva, sino siempre progresiva.

A la opinión pública y los liderazgos de las iglesias evangélicas, les recordamos que la dictación de la “Ley de Culto” de 1999 fue necesaria precisamente porque la Comisión redactora de la Constitución de 1980, según consta en sus actas, no quiso profundizar en la libertad religiosa del país, manteniendo íntegramente el texto constitucional de 1925, que si bien contemplaba la separación entre la Iglesia Católica y el Estado, mantenía un estatus de privilegio para aquella, conservando su exclusividad como persona jurídica de derecho público, en desmedro del resto de las iglesias que recibían un tratamiento discriminatorio de derecho privado.

De esta manera, el reconocimiento que la “Ley de Culto” -con su aprobación durante el gobierno del ex presidente Frei Ruiz-Tagle, luego de una larga lucha desde el retorno a la Democracia- vino a subsanar un problema estructural en el reconocimiento de la igualdad religiosa al tenor del texto de la Constitución instaurada en 1980. No obstante los importantes cambios legales introducidos en 1999, debemos reconocer que en lo que se refiere a la redacción del texto constitucional en materia religiosa, ésta se mantiene aún intacta, por lo que la oportunidad de una Nueva Constitución para Chile redactada por la ciudadanía de la cual formamos parte como cristianos evangélicos, se revela como una oportunidad única para consagrar con mayor perfección el derecho fundamental de que se trata, ya no sólo a un rango legal, sino con una mayor jerarquía normativa, reconociéndose expresamente en la Constitución Política de la República.

Sin duda que la “Ley de Culto” puede ser perfeccionada a más de 20 años de su publicación, sin embargo, estos cambios deben hacerse con posterioridad al término del Proceso Constituyente que hoy se desarrolla, bajo un fecundo diálogo democrático con la especial participación de las diversas confesiones religiosas del país.

En virtud de lo anterior, llamamos a votar en conciencia en el proceso constituyente en curso, continuando nuestra tradición histórica en favor del pluralismo religioso y la libertad de pensamiento y religión, sin dejarse atemorizar ni paralizar por campañas del terror que anuncian el fin de la Libertad de Culto y otras calamidades similares.

Finalmente queremos hacer un llamado a ser leales al espíritu del Evangelio de Jesucristo y no renunciar a lo mejor de nuestro servicio a la sociedad, según lo demuestran los distintos ejemplos en la historia de Chile, recordando que como cristianos no sólo han de preocuparnos nuestros intereses, sino también nos es preciso velar por todos los habitantes de nuestro país. En consecuencia, invitamos a la hermandad evangélica y protestante a participar de este proceso asumiendo el llamado de nuestro Señor, esto es, con fe, esperanza y amor, haciendo nuestra la causa de los necesitados (Proverbios 29:7, 31:9), amando el derecho y la justicia (Salmo 33:5), renunciando a toda discriminación (Hechos 10:34), a toda corrupción (Deuteronomio 10:17) o abuso con forma de ley (Salmo 94:20).

Se despiden fraternalmente, los suscritos, todos Pastores, Pastoras y abogados que trabajaron en la aprobación de la Ley 19.638, también denominada “Ley de Culto”.

– Dr. Humberto Lagos Schuffeneger, abogado, sociólogo.
– Juan Alberto Rabah, abogado.
– Humberto Ulloa Cerda, abogado.
– Juana Albornoz, pastora Iglesia Misión Apostólica, ex presidenta
Confraternidad Cristiana de Iglesias.
– Neftalí Aravena, obispo metodista emérito.
– Manuel Covarrubias Bravo, pastor presbiteriano.
– Roberto Parra, ex vicepresidente Convención Bautista.
– Dr. Daniel Godoy, rector de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile,       ex  presidente Confraternidad Cristiana de Iglesias.
– Dr. Juan Sepúlveda González, pastor pentecostal, ex presidente
Confraternidad Cristiana de Iglesias.

Iglesias Adherentes:

– Obispa Izani Bruch, obispa Iglesia Evangélica Luterana.
– Rev. Patricio Ávila Allende, Moderador, Iglesia Evangélica Presbiteriana.

Santiago, marzo de 2020.

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