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Perdiendo la cabeza (Den Kopf verloren)

by sedec

Escrito por:

Juan Carlos Kram

Trawün Chilenos,Zürich, Suiza

Carabinero disparara 5 veces al cuerpo a malabarista en plena ciudad de Panguipulli

Chile se ha visto estremecido nuevamente por una seguidilla de acontecimientos, que han resultado en la muerte de varias personas, en circunstancias en que se ha demostrado abierto abuso de poder por parte de la autoridad política y las instituciones policiales.

Hasta el estallido social en octubre del 2019, una gran preocupación de los chilenos eran las constantes prácticas de corrupción al interior de la policía como robos, malversación de caudales públicos, lavados de activos realizadas a través de asociaciones ilícitas en su interior. Dichas prácticas llevaron a las instituciones policiales, desde el año 2010 en adelante, a una baja notable en la apreciación ciudadana de su gestión y desempeño, tanto en su actuar público, como en los propios mecanismos de control interno.

A partir del estallido social se produce un aumento notable de la violación de los Derechos Humanos por parte de la policía uniformada chilena, reflejado en una criminalización generalizada de la protesta civil.

Estas violaciones consistieron, entre otras, en vulneración de derechos de niños y adolescentes, torturas físicas y psicológicas en centros detención, uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza en la represión de la protesta social, con resultado de muerte de ciudadanos en manos de agentes policiales y lesiones físicas graves y permanentes en la población civil.

Emblemáticos en este período son el daño y/o pérdida ocular causado a casi 400 personas por la policía chilena, la persecución a las comunidades Mapuche en el sur del país, la detención injustificada o la prisión preventiva de casi 2500 personas, sin que hubiese pruebas evidentes para acusarlas de algún delito, y la implementación de montajes para exculpar a funcionarios corruptos y criminales e inculpar a ciudadanos inocentes.

Los últimos acontecimientos reflejan un actuar policial que opera claramente, no sólo fuera de la ley, sino de todo acto de reconocimiento y legitimidad social. Vemos una fuerza policial que ha trastocado sus propios valores y doctrina y que ve al ciudadano común como su potencial enemigo.

Por otra parte, queda en evidencia un descontrol total de las fuerzas policiales respecto del poder civil y judicial. La policía ya no actúa más como un auxiliar subordinado de la justicia, sino que se cree en sí misma la propia justicia. Principios como la necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza no son respetados por los funcionarios policiales.

En este momento observamos cada vez más frecuentemente a un sujeto policial que no se ajusta a protocolos ni procedimientos internos, ni tampoco a los mandatos legales. Incluso, se atreve a considerar que el libre pensamiento de todo ser humano debe ser castigado, si no se ajusta a lo que malentiende como «orden público». Un orden predefinido y que no responde a ningún consenso social y que tiene su basamento en el Art. 101, de la Constitución del año 1980 y en términos operativos en el Decreto N° 1086 del año 1983, normas ambas creadas durante la dictadura cívico-militar.

Entonces, no es casual, que como consecuencia, estemos frente a un aumento creciente de la desconfianza de la población en las instituciones policiales, que ocurre al mismo tiempo en un contexto de mayor exigencia de respeto a los derechos fundamentales.

Por otra parte, aumenta la desesperación ciudadana por la sensación de abandono y desprotección social, que deviene en el uso de la violencia como una manera de defenderse del Estado y de sus instituciones, que perciben como represoras, en vez de protectoras. De ahí, las reacciones de masas para atentar contra bienes públicos como edificios de Municipalidades y otros.

Ya no caben dudas de la desastrosa política pública en materia de seguridad. Queda demostrada la precariedad en la formación profesional de las Policías chilenas. Urge una reforma y modernización de las instituciones policiales en su doctrina y métodos. Hay que recordar que fue el mismo Gobierno de Piñera el que planteó en su programa inicial, que esta reforma era indispensable.

No es posible que la policía sea formada doctrinariamente con la idea que los civiles son sus enemigos. Se debe redefinir el rol y función policial desde la Nueva Constitución. Se debe avanzar hacia el escalafón único, revisar toda la normativa, reglamentos y protocolos de procedimientos, entre otros aspectos, para así avanzar y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones policiales. Se debe avanzar hacia la conformación de una institucionalidad completamente coherente con un Estado democrático, sujeta al poder ejecutivo y judicial y que no pueda ser instrumentalizada por gobiernos esencialmente de corte autoritario, como es el que ostenta el poder actualmente en Chile.

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