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Penas desde 4 a 24 años de cárcel pide a la fiscalía a l@s pre@s de la rebelión

by sedec
Marcha por los presos de la revuelta

La (in)justicia burguesa, benevolente con violadores y asesinos pretende castigar con penas estrafalarias a quienes están presxs por luchar.

Desde hace un mes se iniciaron los juicios en contra de una parte de los presxs de la rebelión,hecho que ha sido silenciado estratégicamente por el poder judicial ya que las condenas que se están pidiendo desde la fiscalía hacia los compañerxs son simplemente absurdas.

Recordemos que en diciembre del 2019 el Ministerio del Interior, entregó la cifra de 2.490 personas en prisión preventiva que estarían vinculadas a la rebelión popular. Desde ese momento hasta ahora, muchos han conseguido modificar su situación carcelaria.

Desde octubre del 2019 a Julio de este año ya son 3.274 personas quienes tienen alguna causa abierta con hechos vinculados a la rebelión.

Actualmente de las personas con procesos jurídicos abiertos 281 se encuentran en arresto domiciliario y 218 en prisión preventiva. Los procesos judiciales a los que se enfrentan 1.054 casos se basan en la Ley de Seguridad Interior del Estado, basados en esta ley las penas pueden ser considerablemente altas.

Mientras tanto, las querellas presentadas contra el presidente de la régimen, Sebastián Piñera, por su responsabilidad en delitos de violación a los derechos humanos, cometidos por agentes del Estado, avanzan lentamente en manos de la Fiscalía Regional de Valparaíso. En esa causa, la investigación ha recopilado antecedentes y documentos para determinar el entramado de las órdenes que se dictan para el control del orden público.

Así funciona la justicia en Chile.

Actualmente el Estado ha presentado acusación en contra de 15 personas prisioneras, solicitando penas que van desde 4 a 24 años de cárcel.

Y aún quedan más de 2000 personas sin procesar, a este ritmo los juicios pueden tardar más de un año y mientras tanto se les ha negado repetidamente el cambio de medida cautelar necesario.

Queda en evidencia una vez más, que las extensas penas que se piden para lxs compañerxs son parte del castigo político al que el gobierno pretende someter a la ciudadanía por el hecho de salir a manifestarse, no es acorde que se exija una pena de 10 años o más por portar unas molotov pero a reconocidos violadores de derechos humanos, con pruebas y testimonios como en el caso de Cristian Labbé le hayan dado 4 años de cárcel y haya salido en libertad bajo fianza pese estar involucrado en torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.

El Estado dictatorial en Chile tiene una clara tendencia a favorecer a la clase privilegiada donde hay abundancia de asesinos, violadores, estafadores y corruptos, todos con nexos en la política o siendo parte de las familias poderosas del país, para quienes la justicia pesa tanto como una pluma.

El silencio en el cual se han llevado a cabo los juicios responde directamente a la indignación que esto causará en el pueblo, la desigualdad ante la justicia en Chile ha ido demasiado lejos y este es solo otro de los tantos casos que lo representa.

Los compañerxs que se encuentran actualmente en proceso judicial son:

Alejandro Carvajal, preso en la cárcel Santiago 1 desde el 8 de noviembre del 2019, es acusado de incendio a la Universidad Pedro de Valdivia. La Fiscalía solicita 10 años de prisión para él. Tiene 19 años de edad.

Mauricio Gómez y Diego Espinoza se encuentran también en prisión preventiva en Santiago 1 desde el el 25 de noviembre del 2019. Están acusados de portar bombas molotov. La Fiscalía también solicita para ellos 10 años de cárcel.

Danilo Valderrama también se encuentra en la cárcel de Santiago 1 desde el 15 de noviembre del 2019 acusado de lanzar bombas incendiarias. La fiscalía pide 14 años de cárcel para él.

Daniel Morales, prisionero en la cárcel Santiago 1 desde el 14 de diciembre del 2019 acusado de la quema del Metro Pedreros (Montaje de carabineros). La Fiscalía solicita 20 años de cárcel. Su sobrino, Benjamín, se encuentra en el CIP San Joaquín del SENAME. El Estado pide 10 años de cárcel para él, lo que significaría que quedaría en libertad a los 26 años.

Cisor Perea y Edison Gálvez, presos en la cárcel de Rancagua desde el 24 de febrero del 2020, son acusados de incendios a una automotora y la realización de barricadas. El Estado solicita 12 años de prisión para ellos.

Francisco Hernández se encuentra prisionero desde el 10 de diciembre del 2019 acusado de porte y lanzamiento de bombas molotov. La fiscalía solicita 24 años de prisión

Ibrahim Acevedo, en prisión preventiva desde el 26 de octubre del 2019 en la Cárcel Santiago 1, es acusado de porte y lanzamiento de bombas molotov, la Fiscalía solicita 16 años de prisión en su contra.

Marcelo Mandujano en el único preso del estallido en la cárcel de Punta Arenas, encontrándose encarcelado desde el 10 de enero del 2020, acusado del incendio de una sucursal de AFP. La Fiscalía solicita 11 años de prisión en su contra.

En arresto domiciliar se encuentran Akina Nakamura, quien tras meses en la cárcel de La Serena, es acusada de porte de bomba molotov, solicitando desde la Fiscalía 4 años de prisión para ella y Vicente Revello, quien fue detenido el 4 de diciembre del 2019, acusado por porte de bomba molotov y para el que la Fiscalía solicita también 4 años de cárcel.

NO SON PROCESOS JUDICIALES, SON PROCESOS POLÍTICOS

Nuestrxs compañeros están siendo condenados a penas injustas, que pretenden dar una lección ejemplar al pueblo, demostrando que es lo que pasa cuando te metes de lleno a luchar por un cambio del sistema.

Esta no es solo una decisión de Piñera, estas políticas sesgadas vienen directamente desde un sistema que está podrido y que todos los gobiernos anteriores a este, han protegido fervientemente, ya que se han servido de las leyes represoras cada vez que lo ven necesario, siempre en contra del pueblo trabajador, del estudiante en rebeldía, del mapuche que defiende sus tierras y de la mujer que ha sido violentada.

Esta situación de castigo político, que pretende robarle la vida a nuestrxs compañerxs no puede seguir en las sombras, si todxs decimos que estamos con los presxs de la rebelión, que sea de manera consecuente y responsable.

No debemos descansar hasta que se libere a nuestrxs compañerxs presos por luchar, porque sin ellxs no estaríamos celebrando hoy el retiro del 10% que se ha hecho posible gracias a la movilización popular.

Este 31 de Julio y del 4 al 11 de septiembre vamos con todo y por todxs y eso incluye a la cabecera a nuestrxs presxs de la rebelión, lxs presxs mapuche y a Mauricio Hernandez Norambuena, quien sigue pagando las consecuencias de levantarse en pie de lucha, contra la dictadura asesina.

¡ARRIBA LXS QUE LUCHAN!

Resumen Latinoamericano

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