El presidente de la República del Paraguay rechazó el documento sancionado por el Congreso y apoyó la propuesta de las emisoras comunitarias, que consideraron que no se puede coartar la libertad de expresión.
Así como prometió a los representantes de las diferentes radios comunitarias, el presidente Fernando Lugo vetó ayer el proyecto de ley que modifica algunos artículos de la Ley de Telecomunicaciones, que apuntan a la regulación de las emisoras no comerciales.
La determinación presidencial fue anunciada por el asesor jurídico Emilio Camacho, en horas de la mañana, en la residencia presidencial.
Explicó que las argumentaciones para el rechazo del proyecto de ley sancionado por el Congreso se basaron en un dictamen técnico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), así como en informes de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Camacho consideró que la objeción fundamental se refiere a la restricción que se establece a las radios comunitarias de hacer campañas de información educativa para oficinas públicas del Estado.
“Por ejemplo: una campaña de educación, de asistencia a los niños, que un día te puede apoyar o no Itaipú o Yacyretá, o una empresa privada interesada en que se divulgue eso y se financie. Una radio comunitaria no podría hacerlo”, fundamentó.
Sostuvo que las radios comunitarias pueden hacer la difusión de campañas educativas. “Al restringir totalmente cualquier publicidad comercial, aunque sea del pueblito en donde tiene la base, del almacén de ramos generales de ese pueblito, obviamente dificulta a las radios”, dijo.
LOBBY. Los miembros de la Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay, encabezados por Raúl Ayala y Alicia Stumpfs, llegaron el jueves hasta el Palacio de López para exponer ante Lugo los argumentos jurídicos para considerar el veto del proyecto de ley. Rechazaron la inciativa legislativa de establecer límites al alcance de las frecuencias de las radios comunitarias.
También defendieron la posibilidad de que las mismas puedan recibir financiación del Estado para solventar los gastos. Inclusive, señalaron que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos expresó su preocupación por la intención de poner límites a las radios comunitarias.
La decisión que tomó el jefe de Estado no cayó bien dentro del Congreso. Tampoco les gustó a los referentes de los medios comerciales, quienes consideran que nuevamente ahora se está defendiendo la ilegalidad en el país.