Obispos Latinoamericanos solidarizan con comunidades afectadas por la minería

OCLACC

Lima, Perú, 6 de Julio.- La Iglesia no puede ser indiferente a las preocupaciones, las angustias y la tristeza de las personas, sobre todo de los pobres y afligidos, dicen los obispos y religiosos del Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en el Documento Conclusivo del Seminario Internacional sobre la problemática de la minería extractiva en América Latina, realizado en Lima, del 14 al 16 de junio, 2011.

El documento señala que existe un “comportamiento irresponsable por parte de las empresas transnacionales” porque en el desarrollo de sus actividades no se rigen por los estándares sociales y ambientales reconocidos internacionalmente, mientras que muchos Estados nacionales permanecen “indiferentes o pasivos” frente a estas prácticas indebidas.

Las actividades extractivas mayormente son realizadas por empresas privadas transnacionales y, frente al poder económico de éstas, se observa un debilitamiento de los estados nacionales y de su soberanía sobre todo en los niveles de gobierno local. Muchas veces los gobiernos nacionales no cumplen satisfactoriamente su función de generar y exigir el cumplimiento de las normas nacionales de protección del ambiente, permitiendo la flexibilización de los marcos regulatorios y usando los vacíos legales a favor de las empresas, en lugar de defender y proteger los derechos de la población que es la responsabilidad fundamental de todo Estado.

Subraya el documento que de parte del Estado a menudo no se practica la consulta previa a los pueblos indígenas, posibles de ser afectados, la cual debe ser ejecutada a través del Estado sin delegación a los sectores privados, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT en su Art.6.2, y la Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en su Art.19.

Los religiosos exhortan al Estado a que, antes de autorizar el inicio de cualquier actividad extractiva, garantice la consulta previa así como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Las normas legales de la mayoría de los países de América Latina prevén que el Estudio de Impacto Ambiental sea realizado por las Empresas concesionarias antes de realizar el proyecto extractivo, como parte de las condiciones que lleven a su aprobación. Los EIA son, por lo tanto, un documento de las partes interesadas. Por esta razón es necesaria que la función pública de revisión de los EIA sea realizada con imparcialidad y según criterios internacionalmente establecidos. También exhortan al Estado a informar adecuadamente a la población sobre los resultados del estudio.

De la misma manera piden al Estado que implemente, aplique y lleve a cabo procesos de consulta, facilitando la participación de los/las representantes de los pueblos y comunidades indígenas afectadas por los proyectos mineros en la toma de decisiones sobre la posible realización de dichos proyectos.

A partir de esta crítica realidad, el Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM -presidida por el obispo peruano Pedro Barreto Jimeno, SJ.- se compromete a seguir promoviendo el diálogo entre la Iglesia Católica latinoamericana y las Conferencias Episcopales de los Estados Unidos, Canadá y Europa sobre las cuestiones de las industrias extractivas y la misión de la Iglesia. Incentivar a los Estados “la investigación y la explotación de energías limpias que preserven el patrimonio de la creación y sean inofensivas para los seres humanos”.

De esta manera, junto con otros actores sociales, la Iglesia trabaja para fortalecer la dimensión ética en la política y en la economía. Quiere “servir a la formación de las conciencias en la política y contribuir a que crezca la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y, al mismo tiempo, la disponibilidad para actuar conforme a ella.” No es posible lograr un desarrollo integral, solidario y sostenible sin la dimensión ética.

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