por Mirian Candia, Agencia Jakueke
(La Plata/ Argentina – enviada especial) El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, criticó la forma en que en los países de América Latina se “criminaliza” a los medios de comunicación de corte comunitario o alternativo. En su opinión, el uso sin autorización de las frecuencias es una consecuencia de la mala organización de los Estados a la hora de conceder las licencias. Las declaraciones las hizo en el marco de la Décima Asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) que se desarrolla en La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
La penalización y criminalización de la comunicación comunitaria es un problema serio. El Estado debe poner orden en las comunicaciones, tiene que haber regulación, señaló La Rue, quién también es abogado y periodista de Guatemala.
“Las veces que me he enfrentado a las cámaras de televisión y las asociaciones de propietarios de medios les he dicho que nosotros no estamos defendiendo el caos. Nosotros sí creemos en el papel del Estado como garante de los Derechos Humanos y como Ente regulador. No es la desregulación lo que estamos buscando sino lo que estamos buscando es una regulación justa y equitativa que le de garantías a todos”, puntualizó.
La Rue añadió que en esa lucha por regularización justa se busca también la discriminalización de las comunicaciones y puso como ejemplo que la “difamación” debería ser una acción legal y no una acción civil ni penal, porque penalmente genera efectos excesivos que lo que hacen es silenciar la crítica, especialmente hacia funcionarios públicos.
Sobre las frecuencias que son usas sin autorización el relator de Naciones Unidas dijo que este fenómeno se da porque los Estados no cumplen con su misión al regular equitativamente el espectro, solo se dedico privilegiar a los sectores con poder económico y no las comunidades. “Nosotros rechazamos la idea de que una frecuencia no autorizada y que es utilizada constituya en delito. Es una falta administrativa, pero no un delito, porque se esta haciendo uso de un medio público”, argumentó.
Recordó que las frecuencias son propiedad de un pueblo y no de “quienes las pueden pagar” por lo tanto siempre son propiedad del Estado, eso sí, lastimosamente son un recurso limitado y es por eso que se debe administrar5 bien. Dando como ejemplo la nueva ley de comunicaciones recientemente aprobada en la Argentina, La Rue manifestó que es importante establecer un porcentaje equitativo de concesión de frecuencias para los varios sectores de la comunicación.
Finalmente, calificó de “inaceptable” que siga habiendo gente en el mundo que sean condenados a prisión por el uso de las comunicaciones. “Es el regreso a al inquisición de la edad media. Yo realmente quiero condenar públicamente estos hechos”, subrayó.
DATOS
Abogado y periodista guatemalteco, exiliado en Washington desde 1981 hasta 1993 cuando regresó a su país para denunciar el genocidio en tierras mayas. En 2004 fue nominado al Premio Nobel de la Paz y designado comisionado presidencial en Derechos Humanos. Como Relator de la ONU tiene a su cargo canalizar las denuncias sobre violaciones a ese derecho, realizar observaciones a los gobiernos y la redacción del informe anual sobre libertad de expresión en el mundo.