El 12 de septiembre de 1976, un pescador encontró el cadáver de una desconocida en la playa La Ballena, en Los Molles: su piel estaba quemada, de sus brazos y cuello colgaban alambres, los huesos de su cuerpo estaban rotos. La prensa informó que se trataba de una veinteañera que había sido asesinada por su amante.

Dos semanas después, Hilda y Berta Ugarte Román reconocieron el cuerpo en un mesón del Servicio Médico Legal. Era su hermana, Marta. Tenía 43 años; su crimen era político, no pasional; llevaba más de un mes secuestrada por los organismos represores.

Hilda y Berta observaron que el brazo izquierdo, desgarrado por un corvo, apenas se sostenía en su sitio, que las manos no tenían uñas y que le faltaba una parte de la lengua. La autopsia reveló otras brutalidades: tenía la columna quebrada, estallido del hígado y del bazo, luxación de ambos hombros y cadera, y una fractura doble en el antebrazo derecho.

El martirio a Marta, militante comunista y jefa provincial en Santiago de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) de DIRINCO durante el Gobierno de Salvador Allende, fue, según reveló el informe forense, hecho en vida.
Ugarte, junto a otros cientos de ejecutados políticos, había sido lanzada al mar por los militares. Le habían inyectado una sustancia letal para asesinarla y la habían puesto, tras múltiples torturas, dentro de un saco, pero, contra todo pronóstico, ella seguía viva cuando iban a arrojarla al agua. Entonces sus captores decidieron cortar uno de los alambres que ataban un trozo de riel para hundir su cadáver y con ello la estrangularon. El helicóptero Puma dejó caer el cuerpo. Marta no se hundió.

Los agentes de la Brigada Purén lo relataron así en el proceso judicial del caso: “Fue llevada a un sector eriazo de Peldehue, bajada de una camioneta e inyectada, a pretexto de ser vacunada, sustancia que no la mató inmediatamente, por lo que tuvieron que abrir el saco entre todos y ahorcarla con un alambre, amarrarla e introducirla a la fuerza a un saco que fue subido al helicóptero, para posteriormente ser lanzado desde las alturas a alta mar”.

Pasaron cuarenta años y recién, hace algunas semanas, 28 uniformados que participaron de su crimen -entre ellos Carlos López Tapia, Ricardo Lawrence Mires y Pedro Espinoza Bravo-, fueron condenados a penas de entre 12 años y 61 días de cárcel por el secuestro y asesinato de Marta. Se ordenó además al fisco indemnizar a la familia con $100 millones por el daño moral.

Hilda y Berta pasaron esas cuatro décadas exigiendo justicia. Los primeros días, recorrieron centros de detención con la fe improbable de encontrar viva a Marta, y luego, cuando conocieron el espanto, denunciaron una y otra vez su homicidio.

Hilda (78) recuerda obstinadamente cada detalle, en un duelo sin tregua.

Berta (76), afectada por demencia senil, ha olvidado todo, pero cada cierto tiempo repite una frase:
-Marta no volvió, la echo de menos.