Los derechos económicos, sociales y culturales en un Estado subsidiario: tan inconcursables como inexigibles.

Por Alejandra Villarroel Sánchez*

Mientras el pacto del Estado con el mercado nos empuja a obedecer las segregadoras reglas de la virtualización tramada sobre nuestra educación, trabajo y relaciones humanas durante La pandemia, surgieron en el país varias campañas tanto regionales como nacionales que alertan sobre el deterioro que padece la Cultura. Principalmente debido a la sostenida precariedad laboral de miles de personas que trabajan ―a honorarios, sin previsión social ni seguro de salud― en los diversos sectores que conforman el ámbito. Inequidad que se agrava en las regiones.

De un modo introspectivo, como Activa tu Presente con Memoria estamos de acuerdo con las demandas del gremio que visibilizan las malas condiciones laborales sobrellevadas por las profesionales y técnicas que participan del ciclo cultural. Tenemos mucho qué decir. Y decir pensando no desde cualquier lugar, sino, además, desde la Gestión Cultural, ese campo de desarrollo invisibilizado pese a la transversalidad de su actoría que cruza todas las disciplinas artísticas, participa de los procesos institucionales y articula la política pública. Un trabajo en terreno e intelectual sensible por partes iguales.

Sabemos que en períodos de incertidumbre como el que vivimos actualmente debido a la pandemia, la Cultura se convierte en un importante espacio de contención. Sabemos que a través de la expresión artística las personas y comunidades pueden ejercitar hábitos saludables tanto psicológica como socialmente, lo que les permite mantener el equilibrio interior. En ese sentido, los contenidos y productos culturales tienen la capacidad de estimular el autoconocimiento, la creatividad, la concentración, la comunicación, capacidad de resolución de problemas, libre expresión, entre otras habilidades que resultan vitales hoy. Pero no para el gobierno que desconoce todo esto.

Hace sólo unos días, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anunció un plan cuya única medida vuelve a situarnos en el miserable rol de concursantes. Concursar entre pares, esta vez para obtener un Fondo de Emergencia que, además, es una redistribución de recursos, no una inyección presupuestaria fresca. Junto con rechazar totalmente esa medida, yendo más allá en la reflexión, lo que pensamos, sentimos y decimos hoy es BASTA DE CONCURSAR. La Cultura y el Trabajo son inconcursables porque son Derechos Humanos fundamentales, es decir, derechos imposibles de transar porque sin esa garantía no existe -y se daña- el desarrollo digno de personas y sociedades. Concursar para subsistir, es una premisa violenta y obsoleta que hoy agudiza la precariedad a la que históricamente se nos confina. Un lugar parecido a estar en ninguna parte. Cercano a la indigencia.

Apremia transformar la visión política en una mirada integral ―junto con Educación y Desarrollo Social― que responda interministerialmente a la urgencia del momento. Pero más trascendente aún es que esa transformación desemboque en una renovación ética sobre el significado de Cultura y el trato al gremio artístico. Es necesario que nazca una real garantía constitucional a la protección del acceso participativo y pleno en la vida cultural, sin la cual no podemos existir y de la cual se han hecho cargo desde siempre las propias artistas, creadoras y trabajadoras de la cultura, asumiendo el rol que le corresponde al Estado. Ya no basta con repetir una fórmula que no funciona, que es ineficiente y que carece de sentido, son tiempos de evolucionar hacia la cabalidad.

En Chile, la Cultura reporta el 2,2 % al PIB y recibe un aporte estatal correspondiente al 0,4% del presupuesto nacional. Paralelamente, bajo la liquidante lógica del consumo, hemos visto cómo la política pública capitalizó el arte y la creatividad tras el concepto de “Industria Cultural” o “Industrias Creativas” (principalmente el Cine y la Música) con productos de calidad susceptibles de ser fomentados para su amplia circulación a través del apoyo estatal mediante los FONDART ―sistema que perdió el norte hace bastante tiempo, desde que comenzó a constituir el financiamiento de personas y no de obras― y el mecenazgo con la Ley de Donaciones Culturales. Todo ha sido insuficiente porque se ignora o no se reconoce el determinante rol social que la Cultura tiene en la sociedad, productiva y espiritualmente, impactando en diversas áreas de desarrollo, desde la investigación y el conocimiento hasta la economía.

Como programa de educación artística no formal, Activa tu Presente con Memoria a partir de su inicio en enero de 2016, ha cofinanciado actividades gestadas en intensa autonomía, pero también junto con organizaciones e instituciones tanto públicas como privadas, que han creído en sus propuestas de mediación con enfoque de Derechos. Ese trabajo colaborativo y descentralizado, ha permitido en cuatro años reunir a 96 artistas y convocar a más de 2 mil personas en torno a conversatorios, talleres de reflexión creativa, teatro para la primera infancia, ciclos de cine, encuentros testimoniales, itinerancias de arte gráfico, ejercicios editoriales y jornadas autoeducativas, llevados a cabo en cuatro comunas del Biobío, con entrada liberada.

Amamos lo que hacemos, es nuestra única militancia. Pensamos y sentimos: HAY QUE SEGUIR, pero cada día desalienta un poco más la pregunta sobre cómo y con qué apoyos lo haremos, tocando cuáles puertas, recibiendo qué respuestas. Respecto a los propósitos de nuestra labor tenemos total claridad, porque estudiamos a nuestros públicos, audiencias, comunidades y sobre la base de esas sistematizaciones es que vamos creando nuevas hojas de ruta, devenidas en nuevos espacios para el ejercicio de las memorias colectivas y la educación artística que son nuestros motores hasta hoy.

En tiempos como la actual crisis sociosanitaria del coronavirus, es cuando problematizamos la real existencia de la garantía estatal de los Derechos Culturales derivados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ratificada por Chile en diversos convenios internacionales y relevada en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de segunda generación, DESC),  cuya complejidad es una preocupación mayor bajo dictaduras. Es decir, Chile durante los sucesivos gobiernos desde la transición hasta la degradación política y simultáneo estado de rebeldía del país luego del primer estallido en octubre de 2019, rumbo al cambio constitucional.

Textual para interpretarlo en su progresiva complejidad, el Derecho a la Cultura se consagra por la Naciones Unidas el año 1948 “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el pro­greso científico y en los beneficios que de él resulten”, en 1966 “Toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones y beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”, en 2005 observando los elementos que componen la participación, acceso y contribución, dentro de ese último aspecto destacamos que “toda persona tiene derecho a contribuir a la creación de las manifestaciones espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de la comunidad; participar en el desarrollo de la comunidad a la que pertenece, así como en la definición, formulación y aplicación de políticas y decisiones que incidan en el ejercicio de sus derechos culturales” y en el año 2009, consensuando las seis dimensiones fundamentales que éstos protegen: “la creatividad humana en toda su diversidad y las condiciones para ejercerla, la libertad de elegir, expresar y desarrollar identidades (lo cual incluye el derecho a decidir no formar parte de determinados colectivos así como el derecho a abandonar un colectivo), el derecho a participar o no de la vida cultural que lo dirija, el derecho a interactuar e intercambiar independientemente  de la filiación a un grupo y las fronteras, el derecho a disfrutar de las artes, el conocimiento y el patrimonio cultural propio y ajeno y tener acceso a ellos, el derecho a participar en la definición y aplicación de políticas y decisiones que incidan en el ejercicio de los derechos culturales.”

Pero tal como sucede con la salud, la educación o el trabajo, vemos que en la práctica el Derecho a la Cultura es vulnerado por el Estado, desprotegido y permanentemente marginado del sistema mínimo de bienestar, estableciendo la carencia de subvenciones como la situación natural del gremio y, peor aún, la carencia de una visión profunda de la Cultura, pese a lo sostenido por el Ministerio que en teoría compromete que las Políticas Culturales 2017-2022 “sitúan la cultura al centro del desarrollo humano e incorporan la participación desde la territorialidad, con un enfoque de derechos de la ciudadanía cultural”.

Siendo experiencias esenciales a nuestra humanidad, actividades que trascienden el mero espectáculo, aquello que nos completa, que nos llena de preguntas y sentidos nuevos, que nos empuja a sentir, a pensar, a contrapensar desde la pluralidad de puntos de vista y conocimientos, el arte y la cultura potencian capacidades y habilidades que, de uno u otro modo, pueden salvarnos.

Pero en el Chile de los concursos y los bonos promovidos por un Estado capitalista y subsidiario ¿Cuál es y cómo se logra la exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales?

* Por Alejandra Villarroel Sánchez

Periodista Investigadora en Cultura, Educación y DDHH. Fundadora de «Activa tu Presente con Memoria», programa de educación artística no formal con enfoque de Derechos

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