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La Declaración que La Tercera no quiso publicar

by Patricio Rivera

adrejarlanReproducimos el texto de la declaración de Acción enviada a La Tercera, mediante la vía de “Cartas al Director” y que este medio “pluralista”  se negó a reproducir.

DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE ONGs ACCIÓN:

AFIRMACIONES DE CARLOS LARRAÍN CONSTITUYEN UN GRAVE RETROCESO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Las declaraciones del presidente de RN Carlos Larraín constituyen uno de los más graves retrocesos en materia de Derechos Humanos en los últimos años. No se trata de las opiniones personales de un ciudadano anónimo, sino de la máxima autoridad de uno de los partidos políticos más grandes del país, con una cantidad importante de parlamentarios, alcaldes, concejales y con un candidato presidencial con posibilidades serias de alcanzar el poder en 2010. Del contenido de sus afirmaciones se pueden desprender las siguientes consecuencias:

1.    Los casos de prisión política y tortura documentados por la comisión Valech no implicarían una responsabilidad del Estado, sino que al ser “vicisitudes personales” se deberían caracterizar como problemas privados, lo que llevaría a anular el deber que le asiste al Gobierno en materia de Verdad, Justicia y Reparación, de acuerdo a la aplicación del derecho internacional humanitario.

2.    La gravedad ética y política de las violaciones a los DDHH cometidas durante la dictadura militar se mitigaría en la medida en que las víctimas eran “mayores de edad” y “manifestaban opiniones políticas”, lo que relativizaría la universalidad, exigibilidad y justiciabilidad de esos derechos.

3.    Las personas que sufrieron la pena del exilio habrían disfrutado de un privilegio (lo habrían “pasado bomba”). Y si como consecuencia de esa pena se refugiaron en países socialistas se podría cuestionar su integridad ética y su competencia para referirse a temas ligados a la democracia y la libertad [1].

4.    Para Larraín la dictadura de Augusto Pinochet, a pesar de no ser un gobierno democrático, no constituiría un régimen totalitario, a pesar de haber controlado los tres poderes del Estado, los medios de comunicación y haber restringido de modo brutal las libertades públicas, ejerciendo todo el poder sin divisiones ni restricciones por diecisiete años. Por lo tanto, otro régimen de similares características podría ser tolerable e incluso justificable en determinadas ocasiones.

5.    La gravedad de los crímenes cometidos por el Estado se podría relativizar dependiendo de la sobreviviencia de las víctimas o de la gravedad de los daños causados [2]. De esa forma se niega el carácter sistemático de estos delitos, cometidos en forma reiterada, organizada y coordinada fundamentalmente a través del aparato político-militar del Estado con la colaboración activa o pasiva de los demás poderes, especialmente con la complicidad del poder judicial.

6.    Del núcleo de las opiniones de Larraín se desprende el desconocimiento intencionado de un hecho fundamental, que debería a estas alturas ser un tema zanjado por todas las fuerzas democráticas: durante la dictadura militar se produjo un quiebre general del orden constitucional y una falta de garantía generalizada de todos los derechos, comenzando por el derecho a la vida y pasando por todos los demás derechos.

Por la gravedad de estas afirmaciones se hace urgente que todos los actores políticos se pronuncien de un modo explícito y sin matices sobre estos puntos fundamentales, manifestando un compromiso claro respecto a un marco de convivencia que excluya toda forma de justificación u apología, directa o indirecta,  de la violencia de Estado vivida por nuestro país entre 1973 y 1990.

Santiago, 1 de junio de 2009.

Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN
Portugal 623, Oficina 4, Santiago
Tel. 665 92 13 – Fax 665 98 96
www.accionag.cl

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