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La declaración episcopal del 8 abril.

por Patricio Rivera

Por Sebastián Jans Pérez

Es una constatación histórica que las organizaciones de sentido moral, a partir de una convicción de fe, son la respuesta para millones de personas que, por esta vía, encuentran su propio lugar en la vida y en el mundo.  Ello no es menor. Los credos constituyen afirmaciones de vida para personas de las más variadas raigambres sociales y culturales, que explican su propia existencia y las eventualidades de su transcurrir en la existencia, a partir de las convicciones que emanan de su fe. De allí se desprenden consecuencias morales que determina la forma de ser y hacer en la relacionalidad de grandes agrupamientos humanos. Obviamente, cuando el hombre o mujer de fe es coherente con su códice moral ello constituye un ejemplo para su prójimo, y así, el hecho religioso se convierte en una lección de vida y en una forma de hacer fidedigna la expresión del credo en la práctica social.

Una de las aspiraciones de toda sociedad debiera ser siempre que los credos, que se expresan en estructuras de propagación y administración del hecho religioso – las iglesias -, tengan la capacidad de hacer un aporte sustancial a las más sublimes aspiraciones de bondad humana, más allá de las modalidades y particularidades de sus afirmaciones de fe, sobre la base de que, los determinismos que establecen el credo tienen un alcance limitado a su comunidad de creyentes, y los valores de alcance social tienen una consecuencia positiva en el desarrollo del hecho social y cultural.

Las iglesias que representan las tradiciones cristianas, por ejemplo, tienen cada una sus particularidades que competen a sus adeptos, pero transmiten hacia la sociedad toda valores de tanta trascendencia como el amor al prójimo, la misericordia, una idea de hermandad, la caridad, etc.

De allí que, cuando las instituciones morales presentan crisis, producto de una ruptura del basamento fundamental de su trascendencia social – su carácter de organización con sentido moral -, no es algo que estimule el júbilo de quienes discrepen respecto de los actos civiles de esa institución. Por el contrario, quien aprecie la importancia de los valores fundamentales que permiten que nos constituyamos en sociedad, no dejará de lamentarse de que determinados hechos impidan la credibilidad de una idea expresada en una comunidad de creencias y de quienes están llamados a representarla.

Las crisis de las instituciones morales son graves, porque afectan, en primer lugar a la comunidad de los adeptos, y en segundo lugar a la sociedad toda, que queda expuesta a la duda y la sospecha sobre todos los que tienen responsabilidad o representación de la institución afectada, así la mayoría de ellos puedan ser personas de intachable conducta y de fidelizada conducta respecto a los contenidos que preconizan.

En virtud de ello, no puede sino preocuparnos el carácter que ha tomado la crisis de la Iglesia Católica chilena, cuyos obispos hace unos días han pedido perdón, a través del documento titulado “Transparencia, Verdad y Justicia”, como resultado de la reunión de la Conferencia Episcopal.

El documento tiene el valor de señalar las correcciones que, institucionalmente, la conferencia de los obispos considera necesarias para impedir que el futuro se produzcan situaciones como las que son de conocimiento público en los meses recientes. Tiene la virtud también de reconocer que no se ha actuado con la debida atención y premura al conocerse los primeros antecedentes, lo que provocó que el daño se siguiera manifestando y los hechos siguieran su curso. De la misma forma, algo que tiene importancia más bien en el orden interno, se ha manifestado un compromiso en cuanto a perfeccionar la selección y formación de los candidatos al sacerdocio y establecer ambientes sanos y seguros en los lugares donde se hace formación de menores de edad.

Sin embargo, hay aspectos que dejan sombras y que no pueden dejar de comentarse. Uno de ellos es que, sobre la base de un cita al Papa Juan Pablo II, se hace énfasis en que “quienes abusan de niños y jóvenes no tienen lugar en el sacerdocio”, para luego llamar a que los sacerdotes que han faltado a su compromiso y han causado daño a otros hagan “un examen de conciencia personal y a responder de sus actos delante de Dios, de la sociedad y de sus superiores”.

A mí entender, la segunda afirmación no es coherente con la primera. Si ha existido una investigación de alto nivel de la Iglesia, que ha establecido responsabilidades, la consecuencia no ha sido que quien tenga establecida culpabilidad “no tenga lugar en el sacerdocio”. El sacerdocio como primera indicación conceptual es la dignidad de quien tiene el cargo de sacerdote. Hay casos de sacerdotes que han sido identificados en relación a casos de pedofilia, pero que continúan con su investidura y dignidad de cargo, aún cuando puedan estar confinados a lugares de retiro espiritual.

Es un hecho que la jerarquía de la Iglesia Católica en todas partes del mundo, y Chile no es la excepción, nunca ha dejado de efectuar una acción protectora a favor de los acusados de delitos contra menores de edad, provocando precisamente que ese sea su error más radical, aún arriesgándose a pagar altos costos. Cuando es necesario sacar a alguien del país donde se denuncia un hecho, se hace sin dudarlo, coartando la posibilidad  de que puedan  enfrentar las responsabilidades penales. El destino específico en esos casos es Alemania, país muy favorable por el carácter del concordato con El Vaticano, para evitar eventuales extradiciones.

Las víctimas no son consideradas ni escuchadas, salvo cuando el tema mediáticamente es inmanejable. Eso también ha sido una constante.

La declaración de los obispos, valorada por los medios tradicionales, carece de una postura explicita frente a los casos específicos ocurridos, y no establece una doctrina de tratamiento de eventuales nuevos casos. Pide perdón, señala medidas internas en la selección y formación de sus sacerdotes, promete ambientes seguros para los niños y jóvenes, pero no indica cual será la nueva conducta frente a futuros acusados de delitos contra menores de edad. Al no formular una nueva conducta frente a nuevas denuncias de abusos contra menores, todo lo demás pierde sentido como promesa, porque, lo que la comunidad nacional espera, es que no haya protección a culpables de delitos, ni obstaculización de las investigaciones criminales.

Al no haber una formulación de un nuevo manejo de acusaciones o denuncias, con arreglo a las leyes del país, todo lo demás constituyen solo buenas intensiones, porque lo que pone a la Iglesia en crisis y en manifiesta interdicción con su carácter de organización con sentido moral, no es el hecho de que haya personas en su seno que cometan delitos. La falibilidad de algunos miembros de una institución religiosa, o de cualquier tipo, está dentro de lo previsible.

Lo que hace censurable y cuestionable los pasos dados por la jerarquía de la Iglesia es la decisión de poner en una posición de prioridad al clérigo acusado, por sobre la comunidad de la fe y sobre la comunidad toda, y especialmente por sobre la víctima. Es lo que pasó cuando la jerarquía enfrentó hace años las denuncias contra Karadima, o cuando saca abruptamente hacia Alemania a la superiora ursulina. Es la decisión de no entregar la información que se posee, reclamando condición vaticana para personas que viven en Chile, que son chilenos y que están siendo investigados por delitos cometidos en Chile. Tal es la causa del repudio y el cuestionamiento al rol de su jerarquía, y su crisis como organización con sentido moral.

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