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La Crisis de la Iglesia Católica chilena

por Patricio Rivera

Por Sebastián Jans

La Iglesia Católica chilena está enfrentando uno de sus peores momentos históricos. Como ha ocurrido  en otros países, la comprobación de la existencia de delitos contra menores y la sospecha continua contra el clero, que se agrava por las decisiones mal tomadas por su jerarquía, ha desencadenado una ola de repudio, como anteriormente ocurrió en Estados Unidos, Irlanda y Bélgica, por citar algunos de los casos más resonados.

Chile es uno de los países más tradicionalistas de América Latina y en ello ha influido fuertemente el rol de la Iglesia Católica. Fue uno de los últimos países del mundo en tener el divorcio vincular, producto de la fuerte influencia de la Iglesia. Durante los años 90 la influencia de la Iglesia sobre el escenario político fue avasalladora. No hace muchos años integrantes de los poderes institucionales del Estado, reconocían que sus decisiones estaban determinadas por la opinión de su obispo de cabecera. Célebres fueron los planteamientos en ese sentido de un senador socialista ¡que se opuso a la ley de divorcio!, o un miembro del Tribunal Constitucional que votó contra la entrega de la píldora del día después en los consultorios públicos, por indicaciones de su obispo.

Demás está decir de la influencia de la Iglesia Católica en las instituciones armadas, donde consideran a esas instituciones del Estado en verdaderos apéndices de la institucionalidad religiosa.  El Obispo general castrense tiene más poder que cualquier obispo diocesano, y ni siquiera responde a la estructura jerárquica de la iglesia, ya que depende directamente del Vaticano.

La influencia religiosa en el gran empresariado es determinante. Ya sea por el poder de sus esposas o por los ámbitos en que se realizan los grandes negocios, los grandes empresarios chilenos tienen una tremenda afinidad con  los sacerdotes y obispos que se vinculan estrechamente al poder económico. Prueba de ello es que la Parroquia de El Bosque, donde tenía su centro de poder el cura Karadima y la Pía Unión Sacerdotal, que lideraba en forma muy pragmática, tenía una ventajosa relación de intereses con grandes empresarios. Uno de ellos, vinculado a uno de los grupos económicos más poderosos del país – los Matte -, incluso ejerció presión sobre el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, a favor del mencionado sacerdote.

Para algunos chilenos, los hechos recientes parecen ser sorprendentemente abruptos. Pero, ya había una historia previa. De hecho, el obispo que organizó la visita del Papa Juan Pablo II, hace más de veinte años, hace ya varios años fue sacado discretamente de Chile cuando surgieron antecedentes pedófilos en la arquidiócesis de La Serena, donde se desempeñaba.

Desde luego, como ha ocurrido en otros países, la conducta de la jerarquía ha sido tratar de encubrir el tema. Hace unos días el cardenal Errázuriz ha sido increpando públicamente por una de las víctimas del cura Karadima, que lo calificó de criminal encubridor. Una monja superiora de la congregación de las Ursulinas ha sido abruptamente enviada a Alemania, bajo sospechosos procedimientos encubiertos.

La investigación ordenada por El Vaticano, que terminó confinando al cura Karadima a un retiro religioso, es de interés de la jueza que ha sido designada por la Corte Suprema para investigar en forma exclusiva este proceso de conmoción pública.  Frente a ello, lejos de colaborar con la investigación, se pone un manto de protección ante la acción judicial de la mano del propio Arzobispo de Santiago, Ezatti, quien ha indicado que si la jueza quiere tener los antecedentes investigados por El Vaticano, debe pedirlos de Estado a Estado.

Y allí viene el peso de la tradición, ya que, desde que el Estado y la Iglesia Católica se separaron en 1925, no se refrendado un Concordato por ambos Estados, y no hay elementos que impidan a un juez concienzudo, procesar a quien sea – por el delito o el encubrimiento – y exigir la información que corresponda, incluso como lo hicieron en Bélgica.  Sin embargo, todos aceptan la condición vaticana de un obispo.  Lo distinto tal vez sea mucho pedir, desde luego, en un país con tanto peso religioso tradicionalista y tradicional.

Sin embargo, en la medida que se coarte la investigación, la crisis de la Iglesia frente al país será mucho mayor, producto del repudio ciudadano ante conductas y acciones que, en definitiva, terminan exhibiéndose como destinadas a proteger a culpables de delitos deleznables. Y esa es otra tradición chilena: el respeto a la ley. De hecho,una encuesta de estos días del diario La Tercera, da cuenta que un 88% de los chilenos cree que la Iglesia ha ocultado información sobre los delitos sexuales

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