Home DDHH Juzgado civil ordena al fisco indemnizar a víctima de secuestro y tortura en región del Biobío

Juzgado civil ordena al fisco indemnizar a víctima de secuestro y tortura en región del Biobío

por sedec

El Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $100.000.000 (cien millones de pesos) a Vladimir Atilio Viveros Acuña, víctima de secuestro y torturas entre octubre de 1973 y abril de 1974, y en julio de 1984, en la Región del Biobío.

En la sentencia (causa rol 28.492-2018), la magistrada Claudia Donoso Niemeyer estableció la responsabilidad del Estado en los delitos de lesa humanidad cometidos por sus agentes, crímenes imprescriptibles penal y civilmente.

“Que, a fin de resolver la excepción de prescripción, cabe tener en consideración que el crimen de secuestro y tortura a que se viera expuesto el actor parte de agentes del Estado constituye un crimen de lesa humanidad y una vulneración a los derechos humanos. En efecto el hecho en cuestión vulnera lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, norma que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, así si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial obedece a una índole humanitaria proveniente de los derechos de todo ser humano reconocidos éstos en el Tratado Internacional indicado, que prima sobre las normas de derecho interno, en especial del artículo 2497 del Código Civil”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Que, asentado el carácter de crimen de lesa humanidad cometido en la persona del demandante, resulta improcedente dar cabida a la aplicación de normas comunes contenidas en los cuerpos normativos internos como el Código Civil para resolver la contienda en cuestión; en tal sentido el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos obliga a los estados parte a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5 de la Constitución Política de la República que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los derecho esenciales que emana de la naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos fundamentales”.

“Que, dado que los derechos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado”, añade.

“Que, sustenta lo anterior el artículo 131 del Convenio de Ginebra que sostiene que ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluye la tortura o tratos inhumanos”, afirma.

“Que por lo demás, el que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establezca en su artículo 4° la imprescriptibilidad de la acción penal a los crímenes mencionados en el artículo 1 entre otros, esto es los de lesa humanidad no conlleva necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, máxime considerando el contexto del preámbulo de la convención en análisis, en especial aquellos de los párrafos 3, 4, 6 y 7”, consigna la resolución.

escrito por TBB

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