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Inmovilidad

por Patricio Rivera

Por Wilson Tapia Villalobos.-

Una cosa es el encierro necesario por la presión de una pandemia, pero otra cosa es la inmovilidad o el no querer, o no poder, ver la realidad cegado por concepciones que resulta hasta vergonzoso mantener cuando es la vida la que está en juego. Y ese es el cargo por el que tendrá que responder buena parte de la clase política chilena.

Desde el gobierno, la respuesta ha sido tardía y con las restricciones que impone el empresario, que piensa más en las utilidades y estabilidad del negocio -en este caso el fisco-, que en la grave realidad a que se enfrenta gran parte de sus trabajadores. Pero hay que dejar en claro que ésta no es sólo la consecuencia de las acciones de la actual administración.

Cuando se le preguntó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, si había pensado en la posibilidad de entregar otro 10% de los fondos de los trabajadores depositados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), no dudó en negarse a tal posibilidad. Argumentó que eso perjudicaría el monto de la jubilación del afiliado. ¿Y que pensaría acerca de la vida que podría llevar ese chileno hasta el momento en que le correspondiera retirarse? Posiblemente no lo habrá pensado, porque decir que no le interesa, tal vez podría ser demasiado descalificador respecto de la sensibilidad de un miembro tan importante de la actual administración.

Quizás el ministro no ha mirado las cifras que muestran el comportamiento del empleo en la pandemia. Según la Cámara de Comercio de Santiago, el empleo cayó, entre marzo y julio, un -20.9%, una de las cifras más altas de América Latina, sólo superada por las de Perú (-39,2%) y Costa Rica (-29%). En el mismo período se perdieron 1.474.752 puestos de trabajo, en relación a las cifras que había en el mismo período de 2019. Uno de los sectores afectados por la cesantía ha sido el de las personas mayores. Los números son concluyentes: mujeres y hombres de entre 60 y 64 años, perdieron 115.600 (-19,2%) puestos de trabajo, en comparación con el mismo período del año anterior; de 65 a 69 años, la pérdida fue de 80.371 (-25,3%); personas con 70 o más años de edad perdieron 79.731 (-33.8%) empleos.

Hoy parece lícito preguntarse ¿por qué Chile continuó con un sistema de pensiones privatizado una vez que terminó la dictadura cívico-militar impuesta por la derecha y que gobernó el país entre 1973 y 1989? Ya han pasado 30 años, y remanentes de ese sistema siguen vigentes, pese a que en ese período varios han sido los gobiernos progresistas -antidictatoriales- que asumieron el poder. Recién ahora, el 25 de octubre, los ciudadanos podrán manifestarse acerca de si desean una nueva Constitución Política. Y ¿por qué los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos o Michelle Bachelet no impulsaron reformas con energía? Hoy Lagos se ufana de las reformas introducidas a la Constitución durante su gobierno. Sin embargo, tales cambios ni siquiera alcanzaron para borrar el sesgo dictatorial de nuestra carta fundamental. No fue más que un maquillaje para mejorar la presencia política del ex presidente.

Por otra parte, periódicamente el presidente Sebastián Piñera se encarga de anunciar nuevas medidas que beneficiarían a los sectores más desposeídos. Al comienzo los anuncios producían impacto, pero con el correr del tiempo y errores en la ejecución, terminaron por transformarse en una melodía poco atractiva. Es el golpeteo monótono que intenta ocultar la inmovilidad y abre paso a las definiciones del ministro Briones acerca de lo que es y no es la necesidad vital.

El tiempo se encargará de sentar juicios definitivos. Pero parece claro que hasta ahora es poco lo que ha cambiado en el sistema político chileno, y si eso no les molesta a los políticos, al pueblo que los elije da la impresión que le ha colmado la paciencia.

La pandemia ha servido para ocultar la urgencia de lo exigido en octubre del año pasado. Sin embargo, nada ha cambiado aún y los políticos debieran recordar que el tiempo, como todo, tiene un término.

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