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¿Hasta cuando?

por Patricio Rivera

Por Wilson Tapia Villalobos.-

Esa la pregunta que deben hacerse las sociedades democráticas cuando son abusadas y su voz de protesta no es escuchada. En Chile, la sordera parece ser una enfermedad incurable. Y como toda enfermedad sin cura, trae padecimientos y, finalmente, la muerte. Es así como muere la democracia, y en el Chile actual el recuerdo de ese fallecimiento es cercano. Sin embargo, resulta evidente que los gérmenes que impusieron una dictadura siguen latentes y, periódicamente, aparecen en estamentos que la democracia debiera cuidar de manera especial. La muestra más reciente de ello es la actuación que ha tenido el Director General de Carabineros, Mario Rozas Córdoba.

La institución bajo su mando sigue sin respetar sus propios protocolos para enfrentar manifestaciones. La última consecuencia de ello fue un joven de 16 años que terminó en el lecho río Mapocho bajo el puente Pio Nono, en las inmediaciones de Plaza Italia, que ha sido rebautizada como Plaza de la Dignidad por quienes tienen allí un punto de encuentro para manifestar su disconformidad con el sistema en que les ha tocado vivir. El responsable de tal acción, según pruebas visuales obtenidas en el lugar, es un efectivo de Carabineros que empuja al joven al vacío, en un intento por detenerlo, según la explicación de sus superiores. Acto seguido, los uniformados se retiran a la carrera del lugar sin prestar auxilio al muchacho, que yacía inconsciente en el cauce pétreo del Mapocho. La explicación para tal actitud es que escaparon para evitar mayores incidentes con los manifestantes.

¿Cuánto debe esperar una sociedad a que las normas que rigen para todos sus ciudadanos se apliquen a quienes detentan galones militares? Hoy, el reconocimiento hacia Carabineros se encuentra en un punto históricamente bajo. Desde el desfalco que cometieron sus autoridades por $28.000 millones, en el denominado Paco Gate, y continuos abusos de poder hasta llegar privar de la visión a jóvenes manifestantes, la policía uniformada chilena no ha recuperado prestigio ni respeto. Se trata de una institución que, además, se encuentra sumida en profundas divisiones internas provocadas por el desprestigio que trajeron las investigaciones acerca de la malversación de fondos, las falsedades que propalara para justificar delitos, como el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, y torturas a detenidos. Los problemas no se resolvieron con el llamado a retiro que hiciera el presidente Sebastián Piñera a 10 altos mandos.

El general Rozas Córdoba enfrenta un difícil momento, ya que el Parlamento también se encuentra interesado en aclarar su situación. Recientemente debió ser frenado por la Moneda en su afán de rebautizar a la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros con el nombre del ex general Director Rodolfo Emilio Eduardo Stange Oelckers, quien fuera integrante de la Junta Militar encabezada el general Augusto Pinochet. Desde ese sitial protegió a asesinos que participaron en el caso degollados, y se negó a renunciar ante el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Stange ha permitido desmentir la supuesta prescindencia política de los altos mando de Carabineros, ya que desde octubre de 2003 figura como militantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Y nada permite presumir que la lucidez política le llegara después de su gestión dictatorial.

Sin duda, el general Rozas enfrenta un momento difícil, en el que arrastra al ministro de Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, quien ha sido un defensor acérrimo de la gestión de Carabineros. Pero, tal vez, el aporte de Rozas no sea más que la gota que faltaba para rebasar el vaso. Pérez ya se encuentra complicado por su acción en el paro nacional de camioneros, en el que negó la acción de la fuerza pública para permitir el tránsito sin problemas por las carreteras del país. Una acción que lo tiene al borde de una acusación constitucional.

¿Hasta cuando?

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