A menos de un mes de entregada la Agenda 1 del estudio de impacto ambiental de la Central El Campesino, 15 servicios y entidades públicas – de un total de 18 involucradas- ya han emitido su pronunciamiento. De ellas, siete se declararon conformes con la Agenda, otras siete expresaron observaciones, mientras que un servicio, al Superintendente de Servicios Sanitarios, se excluyó de participar en la evaluación.
De esta forma, emitieron pronunciamiento conforme las seremías de Vivienda y Energía, Sernapesca, la Dirección Regional de Vialidad, la Dirección de Obras Hidráulicas, el Servicio de Geología y Minería y Sernatur.
En tanto, se pronunciaron con observaciones, el Gobierno Regional, Conadi, Conaf, Sag, la Dirección General de Aguas, y las seremías de Medio Ambiente y Salud. Aún restan por pronunciarse, la Seremi de Agricultura, el Consejo de Monumentos Nacionales y la Municipalidad de Bulnes.
Uno de los pronunciamientos con observaciones provino del Gobierno Regional. En documento firmado por Luciano Parra, jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, se indica que el proyecto contradice los lineamientos de la Estrategia de Desarrollo Regional “por cuanto contempla la generación de energía en base a la quema de combustibles fósiles, generando emisiones en un lugar de uso y vocación agrícola”.
Del mismo modo, plantea que tampoco se “relaciona armónicamente con el medio ambiente ni con las actividades productivas y habitacionales de su entorno“. Asimismo, se hace presente que el proyecto provocaría impactos en la salud y calidad de vida de la población “y no genera condiciones que promuevan una armonía ante la ocupación del territorio por esta termoeléctrica y su medio ambiente”, lo cual también va en la línea contraria a lo que promueve la Estrategia de Desarrollo Regional.
Finalmente y como observación complementaria, se precisa “que en atención a la vinculación de esta iniciativa con el proyecto terminal GNL Penco-Lirquén no debieran haberse fraccionado los proyectos al ingresar al SEIA”.
En el caso de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, el documento firmado por Carlos Carvajal, jefe de Servicio de la región del Bío Bío, se expresa que en la Adenda 1 se menciona que en el área de influencia del proyecto existen 12 familias con ascendencia indígena -2 aymara y 10 mapuche – “pero no se entrega una caracterización de éstas, que permita descartar que a su respecto el Proyecto, ya sea en su etapa de construcción o de operación, no generará alguno de los efectos, características o circunstancias consignados en el artículo 11 de la Ley 19.300”.
Por este motivo, la Conadi pide “identificar las prácticas socioculturales y productivas de esta población, así como señalar su ubicación exacta, mediante mapa de ubicación y georreferenciación”.
escrito por TBB