Home DDHH Fiscalía judicial dice que ex funcionario de CMPC tiene responsabilidad en matanza Laja-San Rosendo

Fiscalía judicial dice que ex funcionario de CMPC tiene responsabilidad en matanza Laja-San Rosendo

por sedec
Reconstitución matanza Laja -San Rosendo


Revocar la sentencia que absuelve al ex funcionario de la CMPC de Laja, Pedro Luis Jarpa Foerster y condenarlo como cómplice de 7 homicidios simples en el caso de la matanza de 19 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, ocurrido tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, propone la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Concepción.
Fue el 6 de enero de este año cuando el ministro especial para causas de derechos humanos, Carlos Aldana dictó sentencia en esta causa. La mayor condena recayó en el teniente en retiro, Alberto Fernández Mitchell como principal responsable estos crímenes, sentenciado a presidio perpetuo.

En relación a la absolución decretada para Jarpa Foerster, la fiscal judicial Silvia Mutizábal, es del parecer de revocarla, pues considera que “consta su participación activa, incluso decisiva, en las detenciones ilegales practicadas desde el mismo 11 de septiembre de 1973, a la salida de la empresa CMPC. Así se desprende de los elementos probatorios consistente en los dichos de diversos testigos presenciales y reconstitución de escena”.

De esos antecedentes, dice, “aparece que el día 11 de septiembre de 1973 el procesado Jarpa Foerster presenció la actuación de Carabineros apostados a la salida de la empresa cuando es detenido Eduardo René Cuevas Jarpa y el teniente Fernández Mitchell dice a quienes observan “véanlo por última vez”, frase ominosa especialmente en el contexto que es proferida y que Jarpa, apostado junto a los Carabineros, oye. Esto no obsta a que en los días siguientes, nuevamente Jarpa colabore activamente con los funcionarios policiales señalando algunos trabajadores quienes eran inmediatamente detenidos”.

Lo anterior, agrega la fiscal Mutizábal, lleva a concluir que desde esa fecha, Carlos Jarpa no pudo menos que saber “que se trataba de detenciones con motivaciones políticas arbitrarias ya que solo se toma a simpatizantes de un sector sin orden judicial que las justifique y dentro de un contexto convulsionado. Pese a ello sigue colaborando, señalando a los carabineros a los trabajadores que en su concepto profesarían una ideología política determinada o eran solo sospechosos de actividades sindicales, teniendo presente, además, que evidentemente el procedimiento de detención de esas personas no se enmarcaba en la habitualidad ni estaba sujeto a las instituciones regulares de justicia”.

Por ello, propone condenar a Pedro Jarpa Foerster por los cargos que le fueron formulados en la acusación como cómplice de siete homicidios simples, a la pena que corresponde en derecho.

Junto con ello, la fiscal también sugiere revocar la sentencia que condena a los acusados José Otárola, Mario Montoya, Manuel Cerda y Anselmo San Martín, todos ex carabineros, como encubridores de los delitos de homicidios calificados, entendiendo que la participación que cada uno de ellos ha tenido en los ilícitos que se les atribuye alcanza el grado de autoría, en el mejor de los casos complicidad.

En cuanto al procesado Otárola, indica en su informe, “éste conduce el camión en que se transporta a los prisioneros, se desvía siguiendo las instrucciones del jefe, Alberto Fernández Mitchell, y se estaciona, manteniendo las luces encendidas e iluminando a los fusileros que disparan”

A su vez el procesado Montoya queda de vigilancia mientras se desarrollan los hechos, siguiendo órdenes de un superior para evitar interferencias o interrupciones. En tanto que el acusado Cerda, no dice la verdad al afirmar que los hechos suceden en la oscuridad, “atendido lo manifestado por el encartado Otárola, y también participa del grupo policial que interviene activamente en los hechos”.

Finalmente, el acusado San Martín también está presente e interviene activamente en los hechos, con pleno conocimiento de lo que se llevaba a cabo.

Por todo ello, la fiscal judicial sugiere que sean condenados en calidad de co autores de los delitos de homicidio calificado.

Del mismo modo, es partidaria de revocar los sobreseimientos temporales de 4 ex carabineros investigados en la causa, ellos son Lizandro Martinez García, Luis León Godoy, Gabriel González Salazar, y Samuel Vidal Riquelme, y continuar con su procesamiento hasta la dictación de la sentencia definitiva.

La fiscal justifica su apreciación indicando que si bien los informes dan cuenta de disminución parcial de juicio de los procesados, “señalando que sufren de demencia en sus etapas iniciales, no resultan concluyentes en cuanto a que se encuentren efectivamente incapacitados para enfrentar un juzgamiento legal, según lo que señala el Código de Procedimiento Penal debería acreditarse que todos ellos son actualmente enajenados mentales, lo que no ocurre. De hecho los cuatro informes mencionados, dan cuenta que los respectivos investigados pueden hacer una relación más o menos lógica y coherente no solo de lo sucedido sino también de sus circunstancias vitales y estado actual, sin que su capacidad de asumir un juicio legalmente tramitado esté disminuida al extremo de justificar el sobreseimiento”.

Antecedente positivo

En relación a este informe, el abogado querellante, Mauricio Araneda indica que se trata de un trámite previo obligatorio en causas penales que se tramitan bajo el antiguo sistema de procedimiento penal.

Reconoce que si bien dicho informe no es vinculante para la Corte, “sí es un antecedente positivo ya que va en la línea de lo que pedimos en su oportunidad al apelar en contra de sentencia de primera instancia del Ministro Aldana”.

Detalla que en relación al sobreseimiento temporal y parcial de 4 ex carabineros, por razones de salud mental, la fiscal “estima que ello no es procedente y deben ser también acusados, lo contrario significaba que a estos ex carabineros no les aplicaran pena alguna por su participación en los crímenes”.

Además, agrega el abogado, la fiscal judicial es del parecer que otros 4 ex uniformados deben ser condenados como coautores y no como encubridores, lo que implica elevar las penas a que en definitiva puedan ser condenados.

Y en relación con el ex empleado de la CMPC y jefe de vigilantes de la planta de Laja, Carlos Jarpa Foerster, señala que debe ser acusado “como cómplice por su participación en los hechos y por tanto propone también revocar el sobreseimiento resuelto por el Ministro Aldana. La causa está en la Corte para su vista, lo que esperamos ocurra dentro de los próximos meses y ojalá antes del término del año”.

escrito por TBB

te puede interesar