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Exigimos el derecho a vivir en paz en La Legua

por Juan Ortega

Durante las últimas semanas la violencia en Legua Emergencia ha recrudecido. Ayer viernes 15 de mayo en medio de una cruenta balacera, vecinas y vecinos de la población vieron pasar con total indiferencia a una decena de patrullas de la Policía de Investigaciones (PDI) por Santa Rosa en la intersección con Jorge Canning. Otro grupo de vecinas y vecinos vio pasar un vehículo blindado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) frente a sus narices en Mataveri, sin embargo, ni la PDI ni Carabineros se detuvo a ayudarlos a pesar de que así fue solicitado. Estamos acostumbrados a escuchar a las autoridades estatales hablar de La Legua y de su lucha por la seguridad en pos de reducir el narcotráfico y la violencia, pero ha ocurrido exactamente lo contrario, con el agravante de muchas situaciones de violación de derechos humanos cometidas por quienes deben garantizar el estado de derecho y en donde las mismas autoridades que emplazamos hoy, por supuesto, no han dicho nada.

Una vez más denunciamos esta situación y exigimos que se ponga fin a la exclusión, y discriminación a la que son sometidos los pobladores, exigimos que se les trate con la misma debida atención que a cualquier ciudadano y que los responsables de las policías que trabajan dentro de la población asuman alguna vez, valga la redundancia, responsabilidad. El GOPE y la Policía de Acción Comunitaria (PDI), que están instaladas en las calles de Legua Emergencia, responden a una imagen comunicacional del Estado, no a resolver los problemas de los pobladores(ras). Los delitos se cometen flagrantemente y el narcotráfico incrementa su poder de fuego con armas que, según muchos denuncian, provienen en parte de las mismas policías o de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, la policía hace caso omiso o desaparece temporalmente del territorio. Habría que preguntarles dónde estuvieron, mientras las balas penetraban en los hogares de familias trabajadoras y en los cuerpos de los(las) pobladores(as) que han caído durante estos diecinueve años de intervención estatal, eminentemente policial.

El corolario de estas dos décadas de intervención desde el punto de vista psico-afectivo y humano es un desastre, cada vez hay más niños y jóvenes en el mundo narco, el desahucio se ve agravado por la falta de esperanza o de expectativas de parte de las familias y pobladores. Los tratos de deshumanidad y desprecio de las policías y de las autoridades suman y siguen. No debiese ser posible que la atención de estos dependa de la caridad de los funcionarios de turno, cuando lo que está en juego son los derechos fundamentales a una vida digna.

En medio de una crisis sanitaria mundial, en que le hemos entregado al Estado facultades excepcionales para intervenir en nuestra vida cotidiana, en medio del esfuerzo por quedarnos en nuestras casas, por no salir a trabajar, por dejar de abrazar a nuestros seres queridos, exigimos al Estado que se haga responsable de estas denuncias. Terminar con la violencia narco, terminar con la violencia institucional que el mismo Estado provoca, velar por la dignidad de todas las personas, son pasos para restituir el violado derecho de vivir en paz en La Legua.

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