Home DDHH Ex militar chileno Walther Klug Rivera condenado por tortura y desaparición vivió en Alemania bajo la impunidad

Ex militar chileno Walther Klug Rivera condenado por tortura y desaparición vivió en Alemania bajo la impunidad

por sedec

Por Ute Löhning

Durante cuatro años vivió tranquilamente en Alemania, en un pueblito pintoresco en las orillas del río Rhin, a 100 kilómetros al Sur de Colonia: El ex militar Walther Klug Rivera, quién fue condenado por su participación en el secuestro, homicidio y la desaparición de 23 trabajadores de las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico en el sector cordillerano cerca de Los Ángeles. Sólo en un viaje a Italia la policía detuvo al chileno-alemán buscado por la Interpol en el verano de 2019. A principios de febrero de 2020, Italia extraditó al ex oficial de 69 años de edad a Chile. Ahí está ahora de vuelta en el tribunal.

Desde los primeros días después del 11 de septiembre de 1973, él, en ese entonces teniente de 23 años, Walther Klug Rivera, organizó un campo de detención y tortura. Instaló este campamento en las caballerizas del Regimiento de Infantería No.3 de Montaña Los Ángeles“. Cientos de prisioneros fueron torturados allí, muchos de ellos asesinados. Klug visitaba constantemente la cárcel local buscando prisioneros para trasladarlos al regimiento. Según organizaciones de derechos humanos, la mayoría de los más de cien desaparecidos de la región Biobío pasaron por este campamento.

Prisioneros que lograron sobrevivir caracterizaron a Klug como particularmente brutal y sádico. La abogada de derechos humanos Patricia Parra, que representa a familiares de desaparecidos contra Klug, explica que Klug junto al comandante del Regimiento Alfredo Rehren Pulido y al jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de este Regimiento Patricio Martínez Moena, eran los responsables principales de tortura y asesinato en esa base militar.

Sin embargo, Klug pudo continuar su carrera – durante la dictadura hasta 1990 y también después – y ascendió al cargo de coronel. Recién en octubre del 2014, poco después de su jubilación, la Corte Suprema de Chile lo condenó a diez años y un día de prisión en el denominado caso ENDESA. Está sentenciado por su participación en el homicidio calificado de siete trabajadores y por el secuestro calificado de otros catorce trabajadores de las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico, cerca de la ciudad de Los Ángeles, en 1973. Están pendientes otros procedimientos penales contra él por la desaparición de prisioneros.

Pero Klug evadió la justicia chilena. Porque su abuelo era alemán y en su tiempo había emigrado a Chile, Walther Klug según las leyes alemanas tiene derecho a la nacionalidad alemana. Por lo tanto en noviembre de 2014 recibió un pasaporte alemán en la embajada de este país en Santiago y poco después se fugó de Chile. ¿Porqué la embajada alemana autorizó la entrega del pasaporte alemán a un militar que estaba sentenciado por crímenes contra sus compatriotas por la Justicia chilena? ¿Podría o incluso debería haberse negado la embajada a expedir el pasaporte a Klug? Según el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, sus representaciones en el extranjero como es la embajada comprueban «si el solicitante está inscrito en el libro de búsqueda alemán», ya que esto podría ser un obstáculo para la emisión o distribución de un pasaporte. Pero no se chequean las listas de personas buscadas por países anfitriones.

Como las autoridades chilenas tampoco impidieron la fuga de Klug, éste llegó a Alemania a fines de 2014. Desde entonces vivía sin obstáculos durante más de cuatro años en Vallendar, un lindo pueblo de 9000 habitantes en la orilla del río Rhin cerca de la ciudad de Koblenz; así confirmó la arrendadora del apartamento en el cual vivía Klug. Ella lo conoció como una persona de comportamiento siempre correcto que desde el principio no hablaba alemán y no lo aprendió tampoco a lo largo de los años. Siempre pagaba el alquiler puntualmente en efectivo, y a veces – cuando salía – hasta con unos meses de antelación.

Como oficial retirado del ejército Klug no tenía porqué preocuparse por el dinero: El estado chileno le pagaba mensualmente una pensión – privilegio del cual gozan hasta militares condenados en Chile, práctica altamente criticada por la abogada Patricia Parra. De acuerdo a su rango, Klug sigue recibiendo un salario básico de aproximadamente 1.200.000 PCL mensuales, a las que se suman diversos aumentos.

No hay claridad sobre el por qué Klug en el 2014 vino a Vallendar, ese pequeño pueblo en el Suroeste de Alemania. Pero parece que tenía o buscaba contactos con el Movimiento Católico de Schoenstatt con sede en Vallendar. En marzo de 2015, Klug fue invitado a un curso de español en la «Marienschule Schoenstatt», colegio católico de enseñanza media de niñas en esa localidad. Según informó el periódico local «Blick aktuell», Klug como „insider“ les presentó Chile con sus comidas especiales y paisajes espectaculares a las alumnas, las que se llevaron «imágenes maravillosas». Al ser preguntada la actual dirección del colegio lamenta «que este criminal haya estado en nuestra institución». Señala que la entonces directora, la profesora y las alumnas del curso de español ya no están en el colegio, y que supuestamente nadie habría conocido la verdadera historia de Klug, según pronuncia la institución en un comunicado, «de lo contrario esta visita nunca hubiera ocurrido».

Sin embargo, Klug ya es el segundo chileno «destacado» en el ámbito del Movimiento de Schoenstatt, al que pertenece el colegio Marienschule“. Francisco Cox, ex arzobispo de La Serena, acusado de múltiples abusos sexuales, vivió en Schoenstatt durante más de diez años. En 2004 fue acusado de un nuevo caso de abuso de un menor de 17 años ocurrido en Alemania, fue despedido del clero por el Papa Francisco en 2018, y finalmente regresó a Chile en 2019 para ser investigado.

El Movimiento de Schoenstatt fue fundado en 1914 en el pueblo de Vallendar como movimiento renovador. Desde entonces se ha vuelto una institución internacional. En Chile mantiene instituciones religiosas y colegios particulares y cuenta con partidarios poderosos como de la familia Kast por ejemplo. Un portavoz de la Oficina de Prensa de Schoenstatt, por su parte, explicó que según su conocimiento «ni ha habido ni hay relaciones entre el Sr. Walther Klug y las instituciones schoenstattianas en Alemania y en Chile». Pero que Klug había participado en las misas de habla hispana en Schoenstatt y había buscado contactos. Otros visitantes chilenos de esas misas – según él – habrían reconocido a Klug e informado al consulado chileno an Alemania. Según ese relato el consulado le habría recomendado mantenerse alejado de Klug quién como ciudadano alemán no iba a ser extraditado a Chile. El consulado chileno en Frankfurt a su vez declara no tener ninguna información sobre esto.

En fin, Klug pasó cuatro años bastante tranquilos en Alemania. Sólo fue descubierto cuando viajó a Italia con su pareja a principios de junio de 2019. Fue en un hotel en la ciudad de Parma, en base a una orden de aprehensión internacional por otro caso judicial en marcha: el caso de Luis Cornejo Fernández. Se trata de la supuesta participación de Klug en el secuestro y la desaparición del dirigente estudiantil de 23 años y miembro de las Juventudes Comunistas de Chile cuyas huellas también se perdieron en 1973 en el Regimiento de Infantería No. 3 de Montaña Los Ángeles“.

Chile hasta ese momento no había emitido ninguna orden de búsqueda por Klug a través de la Interpol por la sentencia definitiva en el caso ENDESA, ni había solicitado que Klug cumpliera la pena correspondiente de diez años de presidio en Alemania. En julio de 2019, la Justicia chilena solicitó la extradición de Klug sobre la base de la orden de búsqueda en el caso Luis Cornejo, recién en ese momento emitió una orden de captura internacional por el caso ENDESA y luego en octubre también solicitó de extradición de Klug en relación con ese caso. El 4 de diciembre de 2019, la Corte Suprema de Italia en última instancia accedió a la solicitud chilena refiriéndose a un acuerdo de extradición bilateral con Chile y mencionando que se trataba de crímenes contra la humanidad.

Finalmente el 6 de febrero de 2020, Klug fue extraditado a Chile. Se mantiene en prisión preventiva en la ciudad de Concepción según confirmó la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia chileno. El pasado 2 de junio la Corte Suprema denegó una solicitud de libertad provisional. Klug fue presentado al juez Carlos Aldana, juez competente en el caso por desaparición de Luis Cornejo, y también tendrá que cumplir su sentencia definitiva de diez años y un día de presidio por los siete trabajadores asesinados y los 14 trabajadores desaparecidos del caso ENDESA en Chile. Patricia Parra, abogada que representa a las hermanas de Luis Cornejo, espera que Klug también tenga que ser procesado en otro juicio por desaparición: en el caso de Adelino Pérez Navarrete.

Preguntas pendientes al poder judicial alemán:

Una interpelación parlamentaria del diputado en el Bundestag Jan Korte del partido de La Izquierda (Die Linke) logró recabar algunas informaciones. En la respuesta a esa interpelación, el gobierno alemán corrobora que desde el año 2015 la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania tenían conocimiento de una orden de búsqueda por Klug a través de la Interpol. Informan que Klug no era buscado en Alemania por su nacionalidad alemana. Se hace referencia al artículo 16 de la Constitución alemana el cual determina que Alemania no extradita ciudadanos alemanes a estados no pertenecientes a la Unión Europea.

Sin embargo por parte del poder judicial aleman habría sido posible abrir investigaciones penales independientes contra Klug, y como subraya el diputado Korte, «era lo mínimo que se podía esperar». De hecho, en marzo de 2016, la fiscalía de Koblenz examinó el inicio de investigaciones penales contra Klug – y las rechazó, como explica el fiscal superior Rolf Wissen. En la orden de búsqueda de la Interpol en el caso de Luis Cornejo, que estaba a disposición de la fiscalía en ese momento, sólo se mencionaba «que en el año 2013 el hombre buscado supuestamente dirigía un campo de detención en Chile, a dónde se trasladó a una persona la cual no volvió a aparecer después“. Según indica el fiscal, este delito habría prescrito según la legislación alemana; exclusivamente el delito de homicidio calificado no prescribe; no obstante para ello no había suficientes indicios, según el contenido de la orden de búsqueda chilena, declara Wissen, ya que no está claro, „dónde, cómo y por quién fue asesinada la persona desaparecida en Chile».

Después de tantos años de permanecer desaparecido, sí había que considerarlo como homicidio calificado, constata Andreas Schüller del „European Center for Constitutional and Human Rights“ (ECCHR). Un fiscal general debería examinar estos casos y de una persona de este rango se podía esperar también «que tenga conocimiento de crímenes de lesa humanidad cometidas en la década de los 70 en Chile y otros lugares, y que él por lo tanto, también debería saber interpretar correctamente indicios de tales actividades en este período y este contexto». Al fin no se trataba de delitos menores, sino de las más graves violaciones de los derechos humanos y de crímenes de Estado.

Según la «Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas“ de la ONU que entró en vigor en 2010, la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad. En su calidad de Estado Parte, Alemania está obligada a investigar los casos de desapariciones forzadas y „a incluir en el Código Penal alemán un propio delito penal de desaparición forzada“ declara la representante de la comisión contra desapariciones forzadas en la ONU, Barbara Lochbihler. Alemania recién tuvo que  presentar un informe a las Naciones Unidas sobre los avances realizados en este ámbito.

En este afirma que estima suficientes los delitos penales existentes en la legislación alemana para la investigación de crímenes de casos de desapariciones forzadas. No obstante constata no haber concluido la examinación sobre posibles alteraciones a la ley alemana.

Si se mantuviera la postura de no implementación – critica la Ex-diputada del partido verde en el Parlamento Europeo Lochbihler – sería „una señal equivocada en el ámbito político-jurídico“ y afectaría la credibilidad de Alemania.

El diputado Korte del partido de La Izquierda exige que por lo menos para el futuro, el gobierno alemán debe asegurar «de que Alemania no sea un Safe Haven, un puerto seguro para criminales alemanes fugitivos de la dictadura» y que debe llevar a perpetradores a los tribunales de la justicia en Alemania.

Y Klug no es un caso aislado: Abogado Schüller del ECCHR constata que «las autoridades de persecución penal alemanas tienen la responsabilidad de investigar, porque estuvieron involucrados ciudadanos alemanes «, y sigue criticando que «el poder judicial de Alemania ha estado mirando hacia otro lado durante décadas.“ Está el caso del argentino-alemán Luis Esteban Kyburg, segundo comandante de la Agrupación Buzos Tácticos de Mar del Plata durante la última dictadura cívico militar argentina entre 1976 y 1983. Es buscado desde 2013 por la Interpol por presuntos crímenes de lesa humanidad, se fugó de Argentina y fue encontrado en Berlin en julio.

Abogado Schueller apela también a la responsabilidad alemana en los casos de investigaciones de crímenes cometidos en Colonia Dignidad». En esta secta alemana radicada en el Sur de Chile, fueron torturados y asesinados presos políticos. Las investigaciones criminales alemanas apuntando al esclarecimiento de estos hechos se quedaron en la nada. En 2019 se cerraron las investigaciones contra el ex médico de la secta, Hartmut Hopp, considerado persona clave en el contacto con la DINA. Actualmente la Fiscalía General de Duesseldorf tiene que decidir si se van a reabrir estas investigaciones contra Hopp y otros jerarcas de la secta alemana.

«Falta la voluntad política, incluso si todos estos hechos pasaron hace mucho tiempo, hay que enfocarlos claramente“, dice Schüller y pronuncia que „simplemente dejar que estos casos expiren a tiempo, ¡es inaceptable!“.

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