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UDP calfica de “irracional” fuerza policial en marchas estudiantiles

por rdresdner

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Escrito por Trinchera de la Imagen / Vídeo de Hispan TV

El informe entrega además un detallado análisis sobre sus posibles causas y la necesidad de que las autoridades asuman sus responsabilidades políticas en la materia.El informe realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales que presentó su décima versión de informe anual, manifiesta en uno de sus apartados un capítulo especial a la violencia policial enfatizando que “las movilizaciones ciudadanas de 2010 y 2011 se vieron acompañadas de la utilización irracional y desproporcionada de la fuerza estatal, lo que exige, además de un detallado análisis de su posible causa, la necesidad de concientizar a las autoridades sobre sus responsabilidades políticas en la materia”.En estudio continúa analizando la tramitación de la Ley Hinzpeter cuestionando la actual regulación de la protesta, “que sirve como fundamento para que las fuerzas de orden utilicen la fuerza policial, de manera frecuente, en contra de legítimos manifestantes”. Asimismo, se cuestiona la irreflexiva invocación de la polémica Ley de Seguridad Interior del Estado, “haciendo caso omiso de la responsabilidad política que involucra su ejercicio”.DISCRIMINACION

El informe 2012 también resalta la discriminación que refleja las deudas que tiene Chile con la comunidad nacional e internacional con los estándares sobre la materia. “La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile constituye un ejemplo ilustrativo del modo en que el ordenamiento jurídico se aplica con parámetros discriminatorios y del modo en que la antigua legislación resultaba insuficiente para el tratamiento de la discriminación arbitraria en Chile. La promesa de la Ley Antidiscriminación aún no rinde sus frutos y constituirá un interesante objeto de análisis para futuros informes”, afirma la publicación.

De igual forma resalta la poca participación de mujeres en política y el escaso avance en temas relacionados con eliminar las desigualdades. Además, el capítulo sobre pueblos indígenas dedica una sección al análisis del caso de doble discriminación en contra de una mujer indígena, Gabriela Blas, en que adquieren relevancia los estándares del Convenio 169 de la OIT.


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