En Honduras, financiamiento de proyectos de energía renovable vinculados a corrupción y violencia

El lunes 4 de marzo, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH‐OEA) presentó un requerimiento fiscal contra 16 personas por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado, en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”.

El reporte de la MACCIH parte de las más de 40 denuncias presentadas en su día por Berta Cáceres, quien en vida se opuso al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, propiedad de la empresa DESA, involucrada en el caso de fraude.

La investigación presentó evidencia probatoria que los acusados habrían cometido diversos delitos contra la administración pública, para lograr que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fuese beneficiada con el Contrato de Operación y la Contrata de Aguas sobre el rio Gualcarque, con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y un Contrato de Suministro de Potencia y Energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), así como con el Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica entre la SERNA y DESA S. A. (Central Hidroeléctrica Agua Zarca) y el Contrato No. 043‐2010 de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica firmado el 3 de junio de 2010 entre la ENEE y DESA.

“Lamentamos su tardanza del requerimiento fiscal… COPINH y Berta Cáceres, denunciaron en innumerables ocasiones los proyectos de minería, hidroeléctricas y similares, como proyectos de muerte y de saqueo no sólo contra el pueblo Lenca sino en todo Hondurasˮ, manifestaron familiares de la coordinadora del COPINH asesinada hace tres años, para quienes “mientras no sean desmanteladas las estructuras mafiosas dentro del estado en colusión con la empresa privada, no pararán las muertes y ataques contra las comunidades indígenasˮ.

En su pronunciamiento público, en el contexto del reporte publicado por la MACCIH, el COPINH añade el cuestionamiento por la decisión de las autoridades de no presentar acciones contra los dueños de la empresa DESA, la familia Atala Zablah, el ex ministro Rigoberto Cuéllar, entre otros.

“No es un caso aislado, representa la forma de funcionamiento del saqueo de los bienes del pueblo hondureño por parte de la inescrupulosa empresa privada. Es la misma situación que sufren las comunidades en el río Petacón de Reitoca, Jilamito y Pajuiles en Atlántida, Azacualpa en Copán, Guapinol en Colón y en los proyectos extractivistas de las ZEDES en la costa norte y en Choluteca. Así como la extracción de madereras en Locomapa y en los bosques de Intibucáˮ, añade la organización lenca sobre otros proyectos a lo largo de la geografía hondureña promovidos por capitales locales y extranjeros.

“…la Misión sugiere que se revisen los contratos que aún estén vigentes y la normativa que los regula, pues de seguir con esta política energética podría producirse un desbalance del mercado que podría llevar a la quiebra a la ENEE, ya que es posible que todos los contratos atados a fuentes renovables se encuentren bajo la misma modalidad”, destaca el informe de la MACCIH.

Enlace relacionado: Proyectos de energía “renovable” en Honduras: corrupción, asesinatos y muerte

Fuente: Avispa

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