Dignidad

Wilson Tapia Villalobos.-

Todos los cálculos están fallando. Resulta evidente que los parámetros con que se medía hasta hoy la realidad del país, ya no sirven. Pero es difícil aceptar cambios tan radicales. Los dirigentes políticos, los responsables de aportar soluciones para las dificultades sociales, se encuentran desubicados, sorprendidos, sobrepasados y, muchos de ellos, anonadados por lo que creen es una demostración de falta de agradecimiento. Y no son pocos los que piensan que todo se arregla con anuncios altisonantes -calificados, con algo de razón, como populistas- acerca de mejoras salariales, que luego resulta que el erario nacional no está en condiciones de asumir. Entre otras cosas, porque la plata fiscal también está muy mal distribuida. Y para comprobarlo, basta con ver el sueldo de los parlamentarios y otros servidores públicos, que son los más altos de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), integrada por naciones desarrolladas casi en su totalidad. Sólo para tener una idea global, los parlamentarios chilenos reciben, entre sueldo y asignaciones, $20 millones mensuales.

Luego de un mes de manifestaciones, éstas han bajado de intensidad y la búsqueda de soluciones también tomó un ritmo lento. A lo que parece habérsele dado mayor atención es al cambio constitucional. Llega a ser emocionante constatar que eso se ha transformado en una especie de sentimiento ciudadano. Una encuesta realizada en las librerías de Santiago señala que entre los libros de no ficción más vendidos está la Constitución Política del Estado. Una curiosidad encomiable, vista por primera vez en el país. Sin embargo, los cambios constitucionales demorarán y, más aún, su aplicación. Se calcula que entre debates, homologaciones e integración de las distintas ponencias, fácilmente podría pasar todo el próximo año 2020 y adentrarnos en el 2021. Y allí asoma un quiebre con una parte sustancial de las exigencias que hicieron salir a la calle a millones de chilenos. Las protestas también están sustentadas en demandas orientadas a subsanar la desigualdad en la distribución de la riqueza. Y las respuestas que se exigen son concretas e inmediatas. Para citar sólo dos ejemplos: las falencias en salud y las pensiones miserables de gran parte de los jubilados chilenos no pueden esperar a la nueva Constitución.

Mientras tanto, ya se comienza a ver el resultado de las negociaciones. En otras palabras, las consecuencias del trabajo entre distintas facciones políticas que se niegan a perder sus cuotas de poder. Y aquí hay un elemento contradictorio que, seguramente, hará explosión en algún momento: las soluciones no pueden venir de representantes cuya imagen y acción se encuentran desprestigiadas ante la ciudadanía. E, incluso, que plantean soluciones que luego dejan de lado. Lo que puede ser interpretado -y no sin razón- como una forma de salir del paso con ofertas o declaraciones que o se olvidan o resultan absolutamente carentes de contenido. Una de ellas es el ofrecimiento de rebajar las dietas parlamentarias a la mitad. Una idea que en el fragor de los primeros momentos de las protestas, estaba en absoluta consonancia con las peticiones hechas por ese Chile que despertó. Hoy, sin embargo, nadie se hace cargo en el Congreso de tal iniciativa y, naturalmente, la idea ya parece olvidada.

Observando este devenir, no resulta descabellado pensar que estamos lejos de una solución. Ni los argumentos oficiales acerca de la responsabilidad fiscal, que se reflejan en una mano mezquina con los dineros del Estado, ni la ausencia de una postura generosa de parte del sector privado ayudan a crear soluciones. Ya hay voces que provienen del oficialismo y de la oposición, que contradicen al ministro de Hacienda. Para ellos, no es suficiente argüir que habría que entrar a endeudar al país para hacer frente a las nuevas demandas. La respuesta ante tales advertencias ha sido categórica: las soluciones hay que enfrentarlas, aunque el costo sea un mayor endeudamiento. Lo que no se puede aceptar es seguir con pensiones miserables, ni tratar de arreglarlas con un reajuste del 20%. La idea, que aún resulta cicatera, es entregar un aumento del 50%, que dejaría a la pensión básica en alrededor de $150 mil mensuales. Un monto que no resuelve por completo los graves problemas de los pensionados, pero que al menos les ayuda a enfrentar de mejor manera un período en que habrá que encontrar nuevas soluciones.

Mientras eso ocurre, el país seguirá en tensión. Las protestas, si bien han disminuido en su periodicidad, no han terminado. Si quienes dirigen los destinos de la nación aún no comprenden eso, serán responsables de nuevos disturbios y situaciones que están afectando severamente la marcha del país. Una de las manifestaciones más concretas es el frenazo que ha experimentado el comercio.

Pero estas consideraciones no engloban completamente el espíritu que animó a los ciudadanos a salir a las calles a partir del 18 de octubre. El ser capaces de hacer público su malestar, está determinado por algo que va más allá de sólo una cuestión pecuniaria. Tiene que ver con el respeto, con el decoro, con la autoestima, con todo aquello que resume la palabra dignidad. Y al salir a las calles a rescatar su dignidad, los chilenos han dado un paso del que no se puede retroceder. Se equivocan quienes creen que porque la presión ha bajado, las demandas se van a olvidar. La dignidad no se transa.

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