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Demandan al Senado a realizar consulta a pueblos originarios tal como lo obliga el Convenio 169

por Juan Ortega

Radio del Mar

“Ya nos despojaron de la Tierra, los Bosques y el Agua. Ahora nos quieren despojar de los peces y el mar” señalan organizaciones de pueblos originarios. Las organizaciones reclamentesa afirman que “de continuar la tramitación de este proyecto de ley, se compromete gravemente la responsabilidad internacional del Estado chileno, por constituir la falta de consulta a los pueblos indígenas un vulneración gravísima de los derechos humanos, que el Estado Chileno se ha comprometido a respetar ante la comunidad internacional”. En la foto Sergio Millaman de los Pueblos Originarios y Juan Carlos Cárdenas de Ecoceanos

Organizaciones ciudadanas e indígenas demandaron formalmente al Senado de la República de Chile a que realice una consulta a los pueblos originarios en el marco de la ya avanzada discusión de la Ley de Pesca que privatiza los peces. El desarrollo de este procedimiento con las comunidades aborígenes es una obligación del Estado y es una normativa autoejecutable que debe implementar el gobierno, pero también debe realizarlo el Parlamento, tal como ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema.

En una carta formal enviada al Presidente del Senado, Camilo Escalona, las organizaciones Centro Ecoceanos y el Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos del Pueblo Mapuche (GTDC), afirman que “hacemos un urgente llamado al H. Senado de la República para que paralice la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, contenido en el boletín 8091-21, y se realice un proceso de Consulta a los pueblos indígenas acorde con los estándares internacionales que obligan al Estado Chileno”.

Ecoceanos y el GTDC agregan que “de continuar la tramitación de este proyecto de ley, se compromete gravemente la responsabilidad internacional del Estado chileno, por constituir la falta de consulta a los pueblos indígenas un vulneración gravísima de los derechos humanos, que el Estado Chileno se ha comprometido a respetar ante la comunidad internacional”.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y CORTE SUPREMA
Las organizaciones argumentan que el Tribunal Constitucional en su sentencia Rol 309, del 20 de agosto de 2000, determinó que la obligación de consultar a los pueblos indígenas establecida en el Art, 6 del Convenio 169 de la OIT es una norma autoejecutable y que modifica tácitamente a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional 18.918.

En tanto, la causa rol 10.090-2011, la Corte Suprema afirmó que “conviene dejar consignado que el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales establece para aquellos grupos con especificidad cultural propia, un mecanismo de participación que les asegura el ejercicio del derecho esencial que la Constitución Política consagra en su artículo primero a todos los integrantes de la comunidad nacional, cual es el de intervenir con igualdad de condiciones en su mayor realización espiritual y material posible”.

También respecto de los efectos de no cumplir con el deber de consulta por una autoridad competente, la Corte Suprema reiteró que dicha falta es un violación al derecho de igualdad ante la ley, en el considerando décimo de la sentencia rol 11040-2011.

El máximo tribunal afirmó además que “cualquier proceso que pueda afectar alguna realidad de los pueblos originarios, supone que sea llevado a cabo desde esa particularidad y en dirección a ella. Ha de ser así por cuanto las medidas que se adopten deben orientarse a salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos interesados”.

Ante la falta de la realización de un proceso de consulta la Cortes Suprema estableció que: “Tal carencia torna ilegal la decisión al faltar a un deber de consulta que correspondía acatar la autoridad por imperativo legal, proceder que lesiona la garantía de igualdad ante la ley, porque al no aplicarse la consulta que el Convenio dispone, niega trato de iguales a dichas comunidades indígenas”.

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano encargado de interpretar y velar por la correcta aplicación de la Convención Americana de Derechos humanos, por parte de los estados suscriptores de dicho instrumento, entre los cuales se encuentra Chile, en su última sentencia dictada en junio del presente año, en el caso Sarayaku v/s Ecuador, determinó que el “reconocimiento del derecho a la consulta de las comunidades y pueblos indígenas está cimentado, entre otros, en el respeto a sus derechos a la cultura propia o identidad cultural, los cuales deben ser garantizados, particularmente, en una sociedad pluralista, multicultural y democrática”.

MOVILIZACIÓN SOCIAL, DENUNCIA INTERNACIONAL Y TRIBUNALES
Luego de presentada la carta, Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoceanos, y miembro de la Alianza Ciudadana para la Defensa del Mar, señaló que “la no consulta obligatoria a los pueblos Rapa Nui, Kawesqar, Mapuche-Lafkenche y Huilliche, es otro de los graves vicios que tiene este trámite express en el parlamento de esta expropiatoria ley que impulsa el ministro Longueira, con el apoyo de la industria y sectores de la Concertación”.
su vez, Cárdenas indicó que “es una ley racista que invisibiliza a los pueblos originarios y los despoja de sus recursos marinos, ya que no contempla la existencia en Chile de pescadores indígenas”.

LLAMADO A LOS SENADORES QUE AÚN TIENEN ESCRÚPULOS
El médico veterinario indicó que “el rechazo de los habitantes Rapa Nui al proyecto de ley durante la visita del presidente Piñera y las actuales movilizaciones de pescadores en el sur del país, marcan el camino a seguir: movilización social, denuncia ante los tribunales, y llamar al relator de asuntos Indígenas de Naciones Unidas a intervenir. Llamamos a los senadores que aún tienen escrúpulos, a escuchar la voz de la ciudadanía y pueblos originarios. Deben pronunciarse en momento que la Comisión de Pesca del senado sesiona a puertas cerradas con el ministro Longueira , de manera de detener este abusivo y autoritario proyecto de ley”

Por su parte Sergio Millamán del Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos del pueblo Mapuche, afirmó que “los parlamentarios se han esmerado en aprobar leyes a favor de las grandes familias del país y las trasnacionales, entregando los recurso y territorios indígenas, esto a pesar de su deber de respetar y hacer cumplir tratados internacionales de derechos humanos como el Convenio 169. El primer deber que ellos tienen es consultar las leyes que están tramitando, deber claramente establecido en la por el derecho internacional. Si no consultan la ley de pesca y entregan los recursos pesqueros de todos a unos pocos, quedará más que claro para quien trabaja el parlamento.

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