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Declaración Pública

by sedec

A continuación, extendemos la declaración pública del Consejo Nacional Aymara Mallkus y T´allas de la Región Arica y Parinacota y los consejeros y consejeras del Consejo Directivo ADI Alto Andino de la Región Arica y Parinacota, respecto a la tramitación de los escaños reservados para pueblos originarios.

De misma forma, compartimos la carta enviada por Gerardo Espíndola, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Arica enviada al Senado y Cámara de Diputados en rechazo a los dichos del senador Rodrigo Galilea (RN) y del diputado Juan Antonio Coloma (UDI) frente al debate dado en la Comisión Mixta del Senado para resolver la presencia de los pueblos originarios y tribal afrodescendiente en la Convención Constitucional mediante escaños reservados.

DECLARACIÓN PÚBLICA

En el contexto de la tramitación legislativa sobre escaños reservados indígenas para la Convención Constitucional, el Consejo Nacional Aymara Mallkus y T´allas de la Región Arica y Parinacota y los consejeros y consejeras del Consejo Directivo ADI Alto Andino de la Región Arica y Parinacota, queremos manifestar lo siguiente:

Estamos consciente que el proceso constituyente, que se ha iniciado, es facultativo de la comunidad política chilena que nace de sus legítimas aspiraciones y necesidad de construir una sociedad mejor bajo un nuevo pacto político.
Las primeras naciones tenemos la oportunidad de ser parte de ese proceso político, en nuestra calidad de pueblos, como expresión de nuestro derecho humano colectivo a la participación política.
Nuestra participación, la entendemos como un acto de reparación tras una larga tradición de marginación en la toma de decisiones sobre los asuntos que nos afectan directa o indirectamente.
La finalidad es terminar con esas viejas prácticas en que otros se atribuían nuestra representación e interpretaban nuestra voluntad colectiva, esto en el marco de una ideología predominante y soterrada, la‘inferioridad natural de los indios’[1],que ha justificado en buena parte la relación tutelar que ha tenido el Estado con los Pueblos Originarios.

Bajo estas consideraciones, el pueblo Aymara apuesta por ser parte de un verdadero y legítimo proceso que finalmente consagre, a nivel local, el derecho a la ‘libre determinación’ que le permita asumir, «el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven»[2]

Sin embargo, hemos sido testigos de un debate pobre, plagado de imprecisiones que no están a la altura de parlamentarios y ministros, con argumentos basados en criterios discriminatorios y paternalistas que reviven viejas prácticas de superioridad inaceptables a esta altura de nuestra historia. Lamentamos que se desconozca los avances en materia de derechos colectivos de los Pueblos Originarios y, de manera contumaz, se insista en imponer criterios locales, cargados de prejuicios, que no hacen más que obstaculizar el objetivo de los compromisos contraídos por el Estado en el concierto internacional.

Vemos una clara intención de limitar al máximo la representación de los Pueblos Originarios en el órgano constituyente, ya sea por miedo o simple y frívolo cálculo político lo que se contrapone al discurso oficial que alardea de la importancia de la participación de los Pueblos Originarios en este trascendental proceso político.

En las actuales condiciones, el mentado proyecto de reforma constitucional pareciera responder más bien al lema: ‘escaños indígenas a cualquier precio’, cuestión que ofende y maltrata la dignidad de los pueblos, así por lo menos, lo hemos sentido como Pueblo Aymara.

Repudiamos de la manera más enérgica el uso y abuso de los escaños reservados indígenas como objeto de negociación política, entre oficialismo y oposición, en ausencia y silencio obligado de los Pueblos Originarios, vulnerando abiertamente nuestro derecho colectivo a la participación y que el Estado se obligó a respetar voluntariamente a través de instrumentos internacionales ratificados y vigentes en Chile.

El pueblo Aymara exige su derecho de la participación política, como acto de reparación y no como una ‘limosna’ ni bajo condiciones inaceptables que significan, en la práctica, una carga más para los Pueblos Originarios. Es por ello que, estamos dispuestos a ejercer nuestro derecho político a la participación, pero no a cualquier precio y tampoco en desmedro o atropello de los derechos de otros pueblos originarios y/o tribal.

Bajo dicha premisa queremos insistir en el respeto a ciertas condiciones mínimas para la validez de cualquier acuerdo sobre escaños reservados, que para el pueblo Aymara son los siguientes:

Que el número total de representantes indígenas en la Convención Constitucional debe ser el resultado del porcentaje que arrojó el último censo nacional, 12,8%  lo que equivale a 20 escaños dentro de los 155 constituyentes.
Un padrón independiente, de carácter nacional y que no sea un obstáculo ni condicione negativamente la participación de los pueblos.
Que sean las comunidades y/o asociaciones indígenas las que puedan, de manera exclusiva y excluyente, patrocinar a los candidatos a constituyente indígena que se postulen.

Sobre la base de estas consideraciones habrá una legítima representación de los Pueblos Originarios y se habrá enmendado las decisiones que hoy no nos cabe más rechazar por inconsultas e improcedentes.

Queremos manifestar nuestro reconocimiento a los parlamentarios que han tenido la disposición de reflejar en el debate el sentir de los Pueblos Originarios pero, de la misma forma, manifestamos nuestro profundo repudio a quienes han intentado, de manera burda, distorsionar y manipular la discusión respondiendo a intereses ajenos a los pueblos, es a ellos a quienes les recordamos que tenemos una larga historia de lucha por nuestra reivindicaciones y no será esta la oportunidad de renunciar a ellas.

[1] Yrigoyen Fajardo, Raquel. “Pluralismo jurídico, derecho indígena y jurisdicción especial en los países andinos”. En: EL OTRO DERECHO, número 30. Junio de 2004. ILSA, Bogotá D.C., Colombia. Pág. 172.

[2] Preámbulo Convenio 169 de la OIT.bsp;

A continuación, extendemos la Carta enviada por el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Arica, Gerardo Espíndola.

Arica, 10 de diciembre de 2020.

Presidenta del Senado,

Senadora Adriana Muñoz

Presidente de Cámara de Diputados,

Diputado Diego Paulsen

Estimados:

Junto con saludar, me dirijo ante ustedes, en mi calidad de alcalde de la Municipalidad de Arica, para dar a conocer, en representación de las ciudadanas y ciudadanos de esta comuna, pero también, en calidad de representante de uno de los territorios que posee mayor población indígena y afrodescendiente, nuestro absoluto rechazo a los dichos del senador Rodrigo Galilea (RN) y del diputado Juan Antonio Coloma (UDI) frente al debate dado en la Comisión Mixta del Senado para resolver la presencia de los pueblos originarios y tribal afrodescendiente en la Convención Constitucional mediante escaños reservados.

En la presente semana, tanto el senador Galilea como el diputado Coloma se refirieron despectivamente a los pueblos originarios y tribal afrodescendiente. El primero, señalando la irrelevancia de los pueblos que, por su dimensión demográfica, constituyen una cifra inferior a las 500 personas, razón por la cual -según el senador- estos no deberían ser considerados para obtener escaños reservados, en tanto que el diputado Coloma manifestara que las y los afrodescendientes “nada tienen que ver con los pueblos originarios”, dando a entender que la solicitud de un escaño para estos sería un “invento” de la oposición política en el parlamento.

En ambos casos, no sólo se deja entrever la ignorancia de estos parlamentarios respecto de sus conocimientos sobre la historia del país y de sus pueblos, sino que, además, queda en evidencia el racismo intrínseco propio del sector conservador que les toca representar. Es necesario recordarles a ambos parlamentarios que, si los pueblos originarios y tribal afrodescendiente, en algunos casos, poseen una cifra demográfica inferior a la señalada por el diputado Galilea, esto se explica por razones históricas, relacionadas con la explotación, destrucción y exterminio de sus comunidades -en manos del colonialismo-, y no por la disposición propia de ellos.

Del mismo modo, es necesario recordarles que la condición de los pueblos originarios y tribal afrodescendiente, en tanto “pueblos”, con culturas y tradiciones propias, les confiere condiciones definidas en convenios internacionales -como el Convenio 169- por tratarse de sociedades pre existencia a la formación del Estado chileno. Desconocer tales condiciones, no solo significa invisibilizar las experiencias y memorias de estos pueblos, sino que también implica replicar nuevamente la violencia colonial y racista estructural que ha existido en estos territorios desde la llegada del invasor español.

          Dicho lo anterior, es de mi interés solicitarles, por su intermedio, exijan a ambos parlamentarios aquí mencionados, el dar las disculpas públicas correspondientes a las comunidades y pueblos que han sido ofendidos. No es posible aceptar, a estas alturas, que los comentarios emitidos por el senador Galilea y el diputado Coloma se repliquen desde la institucionalidad chilena, menos aún en una coyuntura social y política que, desde el 18 de octubre del 2019, expresa la necesidad de cambios desde el sentir ciudadano. Ojalá la clase política pueda estar a la altura de tales transformaciones.

Gerardo Espíndola

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Arica.

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