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De mayoría electoral a mayoría cultural y política

por Patricio Rivera

Foto: Patricio Rivera Moya – ECO

Por Mario Garcés Durán *

¡Chile aprobó por mayoría poner fin a la Constitución de Pinochet!

Contundente y sorprendente resultado, aplastante victoria la del pueblo de Chile en el Plebiscito del 25 de octubre de 2020. En las coordenadas del tiempo, un histórico acontecimiento que abre una nueva etapa en la historia de Chile y en las luchas populares. Simbólicamente se cierra el ciclo de la dictadura y sus herencias y se abre un nuevo ciclo con inéditos desafíos para democratizar la sociedad chilena y poner al Estado al servicio de la sociedad y del “bien común”.

La propuesta de una Asamblea Constituyente fue parte de todos los programas de la Oposición a la dictadura hasta mediados de los ochenta, cuando el Acuerdo Nacional suscrito por la Alianza Democrática y la derecha liberal, eliminó esta demanda como un paso fundamental para la recuperación de la democracia. El Acuerdo Nacional de demócrata cristianos y socialistas renovados, de 1985, pavimentó el camino para una salida institucional a la dictadura en los términos de la Constitución elaborada por la propia dictadura. El experimento transicional chileno, que se inició en 1990 y al que rindieron culto políticos e intelectuales, se derrumbó el 18 de octubre de 2019 con el Estallido Social y se cierra simbólica y democráticamente con los resultados de plebiscito del 25 de octubre de 2020.

Esta victoria ciudadana del 25 de octubre incrementa el capital social, político y simbólico del movimiento ciudadano y debe jugar en favor de los grandes desafíos democráticos que se instalan para los tiempos que se avecinan. Se trata, por cierto, de hacer una experiencia inédita para nuestro pueblo, ya que la última Asamblea Constituyente se verificó en 1828 y todas las Constituciones posteriores – la de 1833, 1925 y 1980- fueron el resultado de acuerdos entre las elites y los militares.

Sin embargo, más allá del legítimo derecho a la fiesta y la celebración que recorrió las calles, avenidas y plazas chilenas, la noche del 25 de octubre, no nos podemos engañar. Sabemos que el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, que hizo posible el Plebiscito del 25 de octubre pasado, contenía también los mecanismos de control de la clase política sobre el proceso constituyente, y más precisamente aún, sobre el ejercicio de la soberanía popular. Estos son básicamente dos: la forma de elección de los constituyentes (o convencionalistas) y el quorum de 2/3 para la aprobación de un nuevo texto constitucional. De este modo, en el tiempo próximo, se requiere modificar ambos mecanismos de control de los partidos políticos sobre la voluntad ciudadana, a efectos de hacer emerger los grandes contenidos de una nueva carta fundamental efectivamente “ciudadana”.

Transitar hacia un efectivo proceso constituyente, de expresión genuina y democrática de la soberanía popular, es un desafío de gran envergadura que implicará moverse en distintos campos y escenarios, entre los cuales, parece necesario reconocer al menos tres de ellos: a) el de los contenidos de la nueva Constitución; b) el de los mecanismos que aseguren la participación popular y ciudadana; y, c) el de la movilización y las articulaciones que mantengan vivas las demandas de corto y largo plazo del movimiento social y ciudadano que se inició con el Estallido Social de 2019.

1.- Enfrentar el tema de los contenidos de la nueva Constitución requiere de un gigantesco ejercicio pedagógico político.

Durante el Estallido social de 2019 se fueron identificando en Cabildos y Asambleas Territoriales, así como desde los movimientos sociales más constituidos (feminismo, mapuche, ambientalismo) los principales cambios que se debían realizar en el campo económico y social. Por una parte, se enfatizó en medidas urgentes como el mejoramiento de las pensiones, el fin de la AFP y un nuevo sistema previsional; la reforma a las leyes laborales y el aumento de los salarios, en especial del salario mínimo; educación pública gratuita y de calidad; salud asegurada para todos los chilenos; reestablecer el derecho a la vivienda. Por otra parte, se reconocieron diversos ámbitos de la vida social, económica y política en los que se requerían cambios fundamentales: la nacionalización de nuestras riquezas básicas, en particular el cobre y el litio; la desprivatización de las aguas y el fin del actual Código de Aguas; la consagración de plenos derechos de igualdad para las mujeres y nuevas relaciones de género; la constitución de un Estado plurinacional y fin de las prácticas coloniales y racistas del Estado chileno. Finalmente, se identificaron también nuevas orientaciones globales como la superación de la desigualdad estructural que caracteriza hoy a la sociedad chilena al tiempo que un horizonte valórico que asegure el fin de los abusos y la discriminación hasta “que la dignidad se vuelva una costumbre”. Agreguemos todavía que, en el contexto del Estallido de 2019, la represión desatada por el gobierno y la actuación de Carabineros violó masiva y sistemáticamente los Derechos Humanos, con graves daños para las víctimas y la prisión para centenares de jóvenes, todo lo cual ha llevado a la constitución de colectivos que luchan por la libertad de los presos políticos y la necesidad de producir verdad, justicia y reparación para las víctimas, así como una reforma estructural de Carabineros.

Este conjunto de proposiciones de cambio, en los últimos meses de 2019, fueron organizando un verdadero programa político de corto, mediano y largo plazo. Un programa que, de alguna manera debiera ser parte del cambio constitucional, pero que implica reconocer algunos enfoques y criterios generales, como, por ejemplo, el fin del Estado subsidiario y el desarrollo de un “Estado de derechos”; el fin de la entrega de nuestras riquezas básicas a las grandes empresas trasnacionales y la recuperación de un papel económico y social de Estado. Pero, también implica reconstruir sistemas de acción y de servicios públicos: un nuevo sistema educativo nacional con la participación de profesores, estudiantes, madres, padres y apoderadas/os.

Una nueva Constitución debiera acoger estos nuevos enfoques a efecto de que ciertos derechos y ciertas opciones de desarrollo y de una nueva convivencia nacional tengan un rango constitucional. Pero, una nueva Constitución también debe regular la forma en que se constituye y ejerce “el poder”. Es decir, proponer y regular nuevas relaciones de poder, en la cúpula de Estado, la elaboración de las leyes, la aplicación de la justicia y la efectiva descentralización del poder tanto regional como comunal.

Debemos ocuparnos de todos estos asuntos de interés colectivo y en todos ellos el pueblo tiene que participar y hacer ver y valer sus puntos de vista. Ello supone un gigantesco ejercicio pedagógico colectivo para abrir todas las conversaciones necesarias en las familias, con las amistades, los lugares de trabajo y de modo sistemático en las organizaciones sociales Habrá que producir materiales educativos que ayuden a la autoformación y a la educación popular en un sentido más amplio. Hay campos y temas que requerirán invitar a algún profesional, un especialista, dirigentes sociales con trayectoria, así como a representantes de movimientos sociales que ya cuentan con elaboraciones avanzadas en favor del cambio. Todas las formas –digitales y presenciales, escritas y audiovisuales-que ayuden instalar los contenidos del debate constituyente serán necesarias e imprescindibles en el tiempo que viene.

2.- Enfrentar el tema de los “mecanismos” del proceso constituyente para asegura la participación popular y ciudadana.

La cuestión de los mecanismos preocupa a una gran mayoría de personas y organizaciones desde que se firmó el Acuerdo del 15 de noviembre 2019. La razón es muy sencilla, el Acuerdo buscó asegurar el control de la clase política y de los partidos sobre la “Convención Constitucional”. Los resultados del Plebiscito del 25 de octubre hicieron visible un rechazo a esta política, pero se trata de un “rechazo simbólico” que requiere traducirse en formas políticas concretas alternativas al Acuerdo del 15 de noviembre.

Nos parece que hay dos campos que modificar, en el corto y en el mediano plazo.

El de corto plazo, es necesario que se asegure cupos para los pueblos originarios y se modifiquen las formas legales para hagan posible la participación de los movimientos sociales y a los independientes en la Convención Constitucional.

En el mediano plazo, se requiere proponer reglamentos y metodologías que aseguren que los futuros “constituyentes” respondan a sus representados. Es decir, los constituyentes no pueden concebirse como separados de sus bases y electores, deberán acoger las proposiciones y demandas que sus bases les planteen y deberán dar cuenta de su gestión en la Convención.

Estos temas se han venido discutiendo entre los movimientos y en Asambleas Territoriales y ha surgido la idea de “desbordar” al Estado, desbordar la institucionalidad, aunque no existe acuerdo hasta ahora, cómo se debe concretar el desborde. Se sugiere desde alcanzar acuerdos con los partidos de izquierda hasta constituir una Asamblea Constituyente Popular paralela a la Convención Constituyente oficial.

Lo deseable sería, y muchos ya lo están haciendo, abrir debate en los movimientos y Asambleas sobre estas alternativas, generar acuerdos y admitir que probablemente vamos a convivir con diversas iniciativas. Lo más importante es que estas diversas iniciativas apunten a una misma meta: asegurar el carácter ciudadano de la Convención Constituyente.

3.- Articulaciones y demandas movilizadoras

Mucho se ha conversado sobre cómo no dejar la calle y la pandemia es un factor que ha jugado en contra. Claro que, ya el 18 se recuperó la Plaza de la Dignidad y el 25 se coparon plazas y avenidas de todo Chile. No hay dudas que todo ello tiene un enorme valor.

Por otra parte, gran parte de las demandas que levantó el movimiento social desde el 18 de octubre no han sido respondidas ni acogidas, lo que recoloca la necesidad de hacer público el malestar y los movimientos sociales en Chile, saben que eso se hace ocupando la calle. Sin embargo, existen dos dificultades, para retomar las movilizaciones: una que proviene el gobierno y otra en el campo propio. La primera es la represión y la segunda, la del campo propio, tiene que ver con las articulaciones.

La represión bien sabemos, ha sido una constante y ahora se agrega el tema de la violencia de la que el gobierno ha hecho su nuevo discurso anti popular y que, por cierto, busca criminalizar las movilizaciones. La represión obliga a generar estrategias de autocuidado mientras que el discurso de la violencia –y la infiltración- hay que enfrentarlo con astucia y con criterio político, de tal manera de no caer en las trampas del oficialismo.

El problema de las articulaciones, en cambio, supone otros procesos tanto más complejos, en el sentido que la unidad social y política del pueblo no se logrará fácilmente. Está en juego el tema de las “representaciones” así como el temor a ser subsumidos si no manipuladas las demandas y los procesos propios que surgen de la diversidad de actores implicados en las movilizaciones. Habrá que aprender, en consecuencia, a producir la unidad y preservar las autonomías de los movimientos.

Santiago, 1 de noviembre de 2020.

*Doctor en Historia, Director de ECO

Fuente: ONG ECO

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