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Corte IDH: Chile viola derechos a la libertad de expresión y de pensamiento

por Cesar Baeza Hidalgo
Juez Daniel Urrutia

El Estado de Chile fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar los derechos a la libertad de pensamiento y expresión en el caso del juez Daniel Urrutia, catalogado como el “Niño Terrible” del Poder Judicial por su postura declarada pro defensa de los derechos fundamentales. El magistrado ha protagonizado varios episodios en que ha sido amonestado e incluso castigado por su Institución. Esta sentencia internacional pone en entre dicho a uno de los tres poderes del Estado, en medio de una crisis social que ha cuestionado la institucionalidad de este país.

El juez Daniel David Urrutia Laubreaux podría ser catalogado como un dolor de cabeza para el Poder Judicial chileno. No sólo porque hace unos años se comenzó a vestir sin corbata, desafiando la uniformidad que su quehacer impuso durante décadas, sino que también ha sido protagonista de diversas polémicas que han puesto el foco en el rol de la Justicia, como institución, para empujarla a que se acerque al concepto como definición.

Ayer, viernes 6 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló en su favor en un caso en que el juez se enfrentó al Estado de Chile luego que éste agotó las instancias internas en Chile para alcanzar justicia.

La historia parte el año 2004, año en que fue sancionado por escribir un trabajo académico de post título en el que propuso que el Poder Judicial debía adoptar medidas de reparación y pedir perdón por la responsabilidad que tiene en las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar chilena. Perdió en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, motivo por el cual escaló a instancias internacionales.

El juez Urrutia afirmó a Radio Bío Bío que la “sentencia de la Corte Interamericana viene en un momento muy importante, en el cual más de 4 organismos han señalado que en Chile se violan los Derechos Humanos (…) Lo importante es que la Corte ha señalado, a propósito del caso, que en el Estado de Chile y el Gobierno no se toman en serio la defensa y promoción de los derechos humanos”.

Y agregó que “el actual Poder Judicial no cumple con los estándares necesarios para proteger los derechos humanos de los ciudadanos y, por lo tanto, debe ser refundado, terminar con esa estructura colonial que está heredada desde antes de la República y proceder a ser uno plurinacional, promotor de los derechos humanos, que dé garantías a todos y todas”, luego de conocer el fallo.

En la sentencia del Caso Urrutia Laubreaux Vs. Chile notificada ayer, viernes 6 de noviembre, la Corte IDH encontró responsable internacionalmente al Estado de Chile por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión, por esos hechos sucedidos en el año 2004, cuando la Institución chilena lo sancionó por lo expresado en ese trabajo, que fue catalogado con nota 7,0 (calificación máxima en Chile), por el reconocido y respetado abogado José Zalaquett por su trabajo en derechos humanos (fallecido en febrero de este año 2020).

En 2004, la Corte Suprema de Justicia de Chile autorizó al señor Urrutia Laubreaux, entonces Juez de Garantía de Coquimbo, a tomar el “Diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización”, para el cual el juez envió su trabajo final, y por el cual fue sancionado.

En 2013, a 40 años del Golpe, Cívico-Militar la Corte Suprema hizo una declaración histórica en que si bien no pidió perdón, reconoció haber omitido su rol de defensa de derechos humanos en el régimen que encabezó el general Pinochet. La misma tesis que le costó a Urrutia su primer castigo.

El máximo tribunal chileno remitió ese trabajo para sancionar disciplinariamente a Urrutia Laubreaux, y le devolvió el texto académico a este mismo, informándole que la Corte Suprema había estimado que contenía “apreciaciones inadecuadas e inaceptables” que involucraban al Poder Judicial.

El 31 de marzo de 2005, la Corte de Apelaciones de La Serena decidió sancionar al señor Urrutia Laubreaux con una medida disciplinaria de “censura por escrito”. Tras una apelación, la Corte Suprema confirmó esa resolución, aunque redujo la condena a una “amonestación privada”. El 29 de mayo de 2018, después de trece años, y en cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo, la Corte Suprema de Justicia de Chile dejó sin efecto la sanción impuesta a la víctima.

En la sentencia, la Corte IDH expresó que no era acorde a la Convención Americana sobre Derecos Humanos sancionar las expresiones realizadas en un trabajo académico sobre un tema general y no un caso concreto, como el realizado por el Juez Urrutia. Por otro lado, el tribunal internacional consideró que, si bien en 2018 la Corte Suprema de Justicia derogó la sanción impuesta al Juez, ésta se mantuvo en la hoja de vida del señor Urrutia Laubreaux por más de trece años, lo cual perjudicó su carrera judicial.

La Corte IDH constató que: 1° En ningún momento previo a la imposición de la sanción, el señor Urrutia Laubreaux fue informado del inicio de un proceso disciplinario en su contra, de las normas presuntamente infringidas, ni se le brindó un análisis claro y concreto respecto a la aplicación de dichas normas, lo cual constituye violación a la garantía de contar con información previa y detallada del proceso iniciado en su contra. Y que, 2° La Corte de Apelaciones de La Serena no brindó al señor Urrutia Laubreaux una oportunidad para ejercer su derecho de defensa en forma escrita u oral, lo cual constituyó una vulneración adicional al derecho a la defensa del afectado.

El tribunal internacional determinó que la normativa que se usó para sancionar al Juez Urrutia Laubreaux, permitía una discrecionalidad incompatible con el grado de previsibilidad que deben ostentar las normas, y con esto se violó el principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y advirtió que se vulneraron no sólo el principio de legalidad sino la independencia judicial.

Urrutia defiende que “cada vez que en un lugar del mundo se viola un derecho fundamental, es porque un juez no intervino”, según le ha expresado a sus amigos para justificar su conducta que, lejos de atenuarse, se ha acentuado conforme avanzan los años, en los cuales ha enfrentado más de una situación en que ha sido cuestionado por la institucionalidad.

Otras acusaciones en contra de Urrutia

Desde su entorno, aseguran que Urrutia defiende que su rol consiste en asegurar las garantías del imputado(a), pues es quien enfrenta a todo el poder estatal: fiscalía y la policía.

El 25 de marzo de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago le abrió otro sumario y lo suspendió de sus funciones. Además revocó una resolución de Urrutia, quien había dictado unsd horas antes en la que se sustituía la prisión preventiva de 13 imputados del llamado “Caso Primera Línea” por arresto domiciliario total invocando el riesgo de contagio de coronavirus en los recintos carcelarios, y tomando la consideración de la presunción de inocencia.

Se dice que el dictamen cayó muy mal en altas esferas del Poder Judicial, incluso en la Corte Suprema, por lo que de inmediato en un pleno extraordinario dieron pie atrás con la decisión del hasta entonces titular del Séptimo Juzgado de Garantía.

Esta situación coincide con que unos días antes de esa fecha, la Corte de Apelaciones de Santiago le inhabilitó para seguir conociendo una causa por violación de derechos humanos. El tribunal de alzada capitalino falló en favor del abogado defensor Mario Vargas, representante del mayor de Carabineros (policía uniformada chilena) Humberto Tapia, acusado de apremios tras disparar perdigones a estudiantes en un liceo y a un manifestante de 16 años en medio de manifestaciones tras el estallido social.

Se le prohibió seguir en el caso, argumentando su falta de imparcialidad al hacer un comentario, en el control de detención, en que habría dicho que el caso de Tapia le recordaba el de Matías Catrileo, muerto por la espalda por Carabineros y “evidenciando encubrimiento de la institución”.

Pocos días después del 18 de octubre de 2019, Urrutia hizo noticia. Como juez de garantía se constituyó en varios recintos en que fue requerido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tras denuncias de afectaciones de garantías constitucionales. Incluso ordenó a la Posta Central abrir sus puertas en una ocasión.

También hay registro de que fue hasta la estación de Metro Baquedano después de una denuncia hecha por un estudiante de la Universidad de Chile que indicaba que en ese lugar existía un “centro de torturas”, situación que fue descartada por la Fiscalía Oriente. En esa oportunidad si bien Urrutia dijo que no vio lo que el joven denunciaba, sí centró sus críticas al actuar de la policía uniformada por esos días y dijo que en Chile se estaban violando los derechos humanos, generando nuevamente inquietud en las altas esferas del Poder Judicial.

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