Home Opinión Corrupción e impunidad, una pérfida combinación

Corrupción e impunidad, una pérfida combinación

por sedec
Senadora y presidenta de la UDI Jaqueline Van Rysselberghe

Que la corrupción es una de las peores lacras que carcome las instituciones el actual Estado chileno es una realidad indesmentible. Por lamentable que sea, ésta es una plaga que ha corroído hasta sus cimientos la probidad y eficiencia de los flácidos organismos estatales, puesto que su irrupción se complementa con una actitud permisiva y complaciente por parte de los tribunales y entes fiscalizadores destinados a brindar certezas y resguardos a los ciudadanos.

El reciente anuncio de la Fiscalía Regional del Biobío de cerrar la investigación sobre el caso Asipes, una de las aristas del caso “Ley de Pesca”, es una confirmación más del nefasto alcance que ha tenido la corrupción como doctrina en los estamentos de la sociedad. La Fiscalía desiste perseverar en el proceso y cierra la “investigación” (si es que hubiese indagado algo) sin ningún responsable ni menos algún procesado, poniendo así a salvo a prominentes políticos de la UDI y empresarios del rubro pesquero que aparecían involucrados en estas acciones nocivas para los intereses del país. La impunidad como premio es el corolario a una maniobra más de un empresariado que compra, coopta y subordina a parlamentarios, actores de la clase política y funcionarios de reparticiones gubernamentales para que actúen y legislen en función y beneficio de sus objetivos particulares.

La corrupción es uno de los lastres que la sociedad chilena debe botar a la basura y desterrar en la elaboración de una nueva constitución, una necesidad de justicia y una exigencia histórica ineludible. Esta vergüenza social fue iniciada por la dictadura militar desde su misma llegada; prontamente fue institucionalizada por los gestores del régimen a través de diversas prácticas y “consagrada” a partir de la instalación de la constitución dictatorial en 1980.

La instauración de la corrupción como mecanismo de actuación regular en las esferas del Estado se cuajó en un proceso continuo de descomposición de las instituciones y reparticiones fiscales. Comenzó con las represalias inmediatas después del golpe de Estado que se tradujeron en los despidos y exoneraciones masivas de trabajadores y funcionarios de carrera para instalar en puestos y funciones claves de la administración y gestión fiscal a personas adeptas al régimen militar, traídos desde fuera y designados a dedo, aunque no tuviesen ninguna capacidad ni experticia para las labores que les asignaban. Bastaba la sumisión y lealtad al régimen que se pagaba (o compraba) con un sueldo fiscal seguro y estable. Sucesivos decretos ley, dictados antes y después de instalada la constitución pinochetista, le dieron un marco formal a esta aberración moral.

La sustitución forzada de empleos sirvió de punto de partida para el despojo de los recursos y medios del Estado. Los sobresueldos, las indemnizaciones por “despidos” truchos de altos funcionarios (algunos de los cuales realizaron un verdadero tour por las empresas y organismos fiscales utilizando este mecanismo de robo), fueron el preámbulo de la apropiación de las empresas y servicios del Estado por parte de estos mismos sujetos designados. Las privatizaciones se caracterizaron por la actuación de estos personajes que hacían de vendedores, pero establecían valores ridículamente bajos y adquirían para sí mismos -o para sus mandantes- las empresas a precios de escándalo. Todo ello, por cierto, al amparo del peso de las armas y el imperio de una dictadura que no tenía límites.

Lo que vino después fue el uso y abuso que han hecho personas despreciables de una forma ominosa de conseguir objetivos mercantiles recurriendo a métodos deleznables. La corrupción se consagró con las funestas “Leyes de amarre” que impuso la tiranía una vez que perdió el plebiscito del 88 y la elección posterior y, por tanto, debió resignarse a abandonar el Gobierno; leyes de amarre que fueron aceptadas por una Concertación sumisa y motivada, a su vez, por sus propias mezquinas maquinaciones. Esta obediencia y aceptación de las imposiciones del régimen militar le dieron carácter estructural a la lacra de la corrupción, que a poco andar se convirtió en una permanente corruptela. El caso de los “Pinocheques” es la fehaciente muestra inicial de esta tragedia colmada de impunidad impuesta al país por una tiranía miserable.

Lo que comenzó como una práctica deshonesta de pago de favores (como el financiar campañas políticas electorales, becas de estudio en el extranjero, vacaciones diplomáticas, y otras prebendas), se convirtió en doctrina, en una práctica estructural de funcionamiento del modelo económico del libre mercado y de conservación del sistema de dominación. Todo se compra, todo se vende, partiendo por las conciencias y voluntades de la clase política destinada a fiscalizar que aquello no ocurra.

El Caso Chispas, el Caso Riggs, el Caso LAN, el Caso Inverlink, el Caso PENTA, el Caso MOP-Gate, el Caso EFE, El Caso CAVAL, el Caso Coimas, el Caso Consejo Nacional de Acreditación de Universidades, el Milico-Gate, el Caso SQM, el Caso Corpesca, el Paco-Gate, el Caso Toldos, el Caso Empleos Brujos, el Caso Publicam, entre otros, se suman a los recurrentes casos de Colusión (de los Pollos, del Confort, de las Farmacias, de los Pañales, etc.), todos con el común denominador de la impunidad como resultado final, aunque en algunas situaciones tal infamia esté camuflada de pomposos fallos, resoluciones, veredictos, que con suerte pueden ser calificados de sanciones o reprimendas para los infractores de la ley. De condena no tienen nada, incluso en aquellos casos en donde se aplican multas económicas como sanciones, éstas se convierten en otra burla pues los condenados, recurriendo a uno u otro subterfugio, hacen recaer el costo de estas multas en los consumidores, en la población en general.

La manida frase de igualdad ante la ley que se registra en el Artículo 19 Números 2 y 3 de la actual constitución es uno más de los contenidos vacíos, palabra manoseada y letra muerta, utilizada según el capricho y la necesidad de los detentores del poder. En nuestro país, los causantes de daños por miles de millones de dólares al Estado, los causantes de dolo contra la población chilena, los autores de delitos contra la dignidad nacional, no reciben los castigos que sus delictuosas acciones ameritan sino que gozan del beneficio del abuso de poder, del tráfico de influencias, de afinidades ideológicas y de cercanía social signada en la pertenencia al submundo de la burbuja del poder.

La Fiscalía Regional del Biobío dio a conocer el 9 de septiembre su despreciable decisión de otorgar impunidad a los involucrados en la corrupción del caso Asipes. El 10 de septiembre, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó a 3 años y 1 día de presidio a un sujeto autor del robo de una bicicleta en Vitacura. Casi con toda certeza, la rudeza de este tribunal de alzada no se debe a la cuantía penal del delito de robo cometido por el delincuente, sino al lugar donde se cometió el delito y al origen social del autor. ¿Cuántos robos de bicicleta cometidos en comunas populares han sido resueltos con la celeridad y eficacia policial, primero, y condenados, después, con la fiereza con que actúa la Quinta Sala de la Corte de Santiago? La igualdad ante la ley es una farsa en la actual estructura social, jurídica y penal chilena.

El promover y aprobar leyes según los dictados del empresariado es premiado con la vista gorda por ciertos actores de los tribunales de justicia. Afectar los intereses de todo el país, de comunidades, del ambiente, del desarrollo nacional, no merece la objeción ni condena de ciertos fiscales que parecen estar dedicados a “fiscalizar” que no se afecte en nada el arbitrio de los poderosos. La conservación de este sistema corrupto es lo que busca preservar la derecha política chilena puesto que así han podido hacer y deshacer según su voluntad y caprichos.

Todo este entramado de corrupción e impunidad tiene que ser erradicado de nuestro sistema de vida y de nuestro ordenamiento institucional. Esta es una razón más para seguir perseverando en la necesidad de un proceso constituyente que permita crear las condiciones para la construcción de un país mejor, más sano, sin corruptelas, sin sinvergüenzas flotando en las esferas del poder, y sin caraduras dando clases de moral.

por Resumen.cl

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