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Consumidores rechazan proyecto de Ley de TV digital

por Juan Ortega

Las Asociaciones de Consumidores Conadecus, Odecu y la Liga Ciudadana, rechazaron el proyecto de Ley sobre Televisión Digital que será votado por la Cámara de Diputas hoy miércoles, ya que “no contribuye al desarrollo del bien común, no resguarda los intereses de los consumidores, discrimina a favor de los grandes consorcios televisivos pre-existentes y menoscaba tener el derecho a la libre recepción de las señales de Tv abierta”.

La irrupción de la televisión digital y las nuevas tecnologías de información han planteado la transformación de la difusión, la producción y la recepción de los sistemas de televisión.

“Ello exige un amplio y profundo debate con relación a los servicios que provee y la institucionalidad que la regula, dada la incidencia que ésta tiene en el desarrollo de la cultura, la sociabilidad, la política y el comercio en nuestra sociedad”, dicen las organizaciones.

Considerando que dicho debate sigue pendiente; ante la inminente votación anunciada para éste miércoles 6 de abril, las organizaciones de Consumidores afirman que es pertinente tener en cuenta que el proyecto de Ley:

a) Autorizará a los actuales operadores de televisión abierta a cobrar un 50% de su capacidad de transmisión. Esto significa un atentado a los derechos de los usuarios, ya que tendrá como consecuencia, que los televidentes deberán pagar si quieren ver más y mejor televisión, y surgirán televidentes de primera y segunda categoría.

b) El artículo II y III transitorio, permite que algunos de los actuales operadores NO TENGAN QUE CONCURSAR para obtener una concesión digital. Además de ir contra la definición de concesionaria, este derecho no se hace extensivo a los canales regionales, locales ni comunitarios. Actualmente son más de 100 en el país. El Proyecto de ley da mayores facilidades a los operadores más fuertes y pone más barreras de entrada a los más débiles, profundizando así la desigualdad dentro del sistema televisivo.

Las ONGs hacen presente que, “en la elaboración del proyecto de Ley por parte del ejecutivo, como en su posterior tramitación por parte de la Cámara de Diputados, mientras los proveedores finales de servicios de TV abierta, representados por la ANATEL, han gozado de todas las oportunidades para gestionar ante los órganos del Estado sus intereses y aspiraciones; las Asociaciones de Consumidores, que representamos a los consumidores finales del servicio, no hemos contado con dicha oportunidad”.

“El espacio radio-eléctrico constituye un Bien Común de la Humanidad. A los Estados les corresponde su administración de acorde a los compromisos que han asumido con dicho bien común, expresados en su carta constitucional y en los tratados internacionales que han suscrito. Los derechos comunicacionales e informativos consagrados en éstos, se refieren a las personas; no obstante en nuestra institucionalidad, estos han sido subordinados a los derechos económicos de aquellas empresas privadas, que en éstos campos, operan con fines de lucro. Con ésta ley, se les enriquecerse más aun, por decreto”.

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