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Colchane, epicentro de xenofobia y racismo

by sedec

La implementación del decreto 265 ha significado una duplicación de efectivos policiales y más militarización, vuelos de drones y helicópteros con solicitudes de vuelos no tripulados para realizar expulsión de migrantes

El Gobierno de Sebastián Piñera estas últimas semanas a través del proceso de vacunación masiva contra el Covid-19, ha tratado de elevar su aprobación, según CADEM llegando a un 19%. No obstante, han ocurrido últimamente situaciones preocupantes en Colchane, como epicentro de xenofobia y racismo, que lo analizaremos críticamente.

En la frontera de Bolivia, ubicado en la II región de Tarapacá, miles de extranjeros han ingresado a Colchane, donde se muestra el fenómeno global de la crisis migratoria. Esta ciudad posee una escasa cobertura de servicios de salud, y atención médica, en donde sectores no tienen servicios básicos y la luz eléctrica no opera las 24 horas, además de que no cuentan con supermercado en los alrededores de Colchane.

Los migrantes que cruzan por la frontera de Chile-Bolivia, están expuestos a los llamados “Coyotes”, quienes lucran con el traslado a través de vías no gubernamentales, pauperizando esta contienda de familias, siendo trasportados en condiciones de peligro e inseguridad, incluso por sectores de campos minados. En las últimas semanas dos inmigrantes fueron encontrados muertos después de cruzar la frontera, seguramente debido a las pésimas condiciones de salud a las cuales son sometidos.

La situación de riesgo en que se encuentran familias migrantes, se ha demostrado en que las poblaciones extranjeras se están a la deriva de protección social, sin capacidad de subsistencia y dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación, acceso a agua potable, abrigo, uso de viviendas, etc.

El Decreto 265; la respuesta gubernamental frente a la crisis migratoria

En estos últimos días, el Gobierno de Sebastián Piñera ha puesto énfasis en que los ingresos irregulares han aumentado y los regulares han disminuido con la crisis sanitaria de la pandemia. Además, por otro lado, la implementación del decreto 265 ha significado una duplicación de efectivos policiales y más militarización, vuelos de drones y helicópteros con solicitudes de vuelos no tripulados para realizar expulsión de migrantes.

Por parte del gobierno bajo ningún motivo se menciona dar refugio a migrantes, de hecho, cada día hay un número menor de entrega de visas. De hecho, como consigna la Fundación Servicio Jesuita Migrante, las peticiones de acogida superan con creces la cantidad de visas que se entregan realmente.

Aun así, el ministro del Interior Rodrigo Delgado, a través del Decreto 265, busca incrementar la dotación de Carabineros, policías de investigaciones y Fuerzas Armadas frente a los ingresos irregulares, donde se han desarrollado flujos migratorios que llevan bastante tiempo en el norte del país y que buscan detener con la ley migratoria que el gobierno ha presentado al congreso. Esto para favorecer la expulsión administrativa de migrantes, ya que cruzar la frontera sería delito y resultaría más operativo para el gobierno las expulsiones administrativas a migrantes.

Migrar es un derecho de toda la clase trabajadora

Las políticas xenófobas y racistas hacia la población migrante no son pan de cada día solo en Chile, sino que suceden en muchos lugares del mundo: como peligrosos viajes por el mediterráneo de África a Europa, o lo que sucede en EEUU, a propósito de los muros levantados por el ex presidente Trump hacia las caravanas mexicanas y de Honduras, Guatemala y El Salvador.

La situación de riesgo que enfrenta la clase trabajadora extranjera ha sido una consecuencia de la crisis económica que se desarrolla en sus países, donde la migración no se genera por una decisión personal, sino por un problema social, a raíz de la condición que ofrece el capitalismo a la humanidad, donde pocas familias son multimillonarias y una gran mayoría asalariada se enfrenta a una vida precaria y de miseria.

En este debate defendemos que migrar es un derecho universal democrático, que es vulnerado por un puñado de ricos que se han apropiado de las riquezas producidas por la clase trabajadora, arrojando a migrantes a empleos precarios e informales con salarios de pobreza y miseria. La xenofobia y la migración es utilizada por los gobiernos, y Sebastián Piñera lo sabe muy bien, para dividir al pueblo trabajador entre nacionalidades, como si fueran opuestas entre sí; cuando la real oposición es que hay migración para ricos y no para pobres, los ricos como Piñera buscan dividir para así explotar aún más a toda la población asalariada y sacar jugosas ganancias a través de políticas xenófobas y racistas.

Para enfrentar la crisis migratoria debemos movilizarnos junto a la población migrante, independientemente de su nacionalidad, exigiendo viviendas (con servicios de luz eléctrica, sistema de alcantarillado, agua potable y telecomunicaciones), junto con hoteles de acogida garantizados por el Estado con profesionales y especialistas; que se garantice el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a cupos laborales, brindando residencia automática y legal a la población trabajadora extranjera. Debemos eliminar las visas y permitir que todos los extranjeros puedan vivir en nuestro país de forma digna, desmontando toda la tramitación burocrática que existe en la actualidad. El sistema actual no impide la entrada de extranjeros, lo que hace es permitir que los que entran terminan trabajando de forma ilegal, sin tener derechos y viviendo en pésimas condiciones. El actual sistema solo beneficia a los patrones, que sobreexplotan a los trabajadores migrantes.

Todo ese plan debe ser financiado con un agresivo impuesto sobre las grandes fortunas de las 10 familias más ricas del país y con la renacionalización del cobre y de todos los recursos naturales, que son el “sueldo” de nuestro país. Queremos que las ganancias de las transnacionales sirvan para solucionar los problemas de la clase trabajadora.

La situación de Colchane exige que todas las organizaciones y candidaturas a la constituyente que se dicen del pueblo, repudien de forma enérgica la militarización en la frontera. Todos quienes se profesan democráticos deben exigir dar acogida a la población migrante través de políticas públicas garantizadas por el Estado de Chile, en donde a cada familia trabajadora extranjera se garanticen sus derechos y no se siga criminalizando la pobreza y a quienes busca subsistir en esta sociedad capitalista productora de la barbarie en América Latina y el mundo.

Fuente: Kaos en la red

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