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Cesar Baeza

by sedec
Cesar Baeza

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Cesar Baeza Hidalgo

Periodista y foto reportero.

Viajero desde 1995 de países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Ha vuelto a radicarse en Chile desde enero pasado. Sus debilidades: derechos humanos y a la información, también colaborar con los medios ciudadanos.

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Exilio: otra vergüenza de la “democracia”

Chile tiene vergüenza o desvergüenza. Una de dos pienso yo, sin matices, así de extremo. Políticos y economistas pretenden hacernos creer que las cosas son bastante más complicadas de lo que en realidad son, pero casi todas las macro situaciones son comparables a la vida diaria y al sentido común.
¿Qué suele hacer el ciudadano de a pie cuando algo le resulta vergonzoso? O lo esconde, o simplemente le da lo mismo porque es un descarado de los mil demonios. Eso pasa en Chile con el exilio.
Y ojo, que no hablo de la época de la dictadura –que sólo unos pocos desquiciados fanáticos todavía justifican sus acciones-, sino de un puñado de chilenos y chilenas que son víctimas de este castigo, después del advenimiento de la “democracia”. Un llamado Gobierno de transición que no supo qué hacer con los presos que había encerrado el general Pinochet, no se le ocurrió nada mejor que hacer que exiliarlos. ¡Asunto arreglado! ¡No más presos políticos! ¡Pa’fuera y echarle tierra!
Casi todos, si no todos, fueron procesados por fiscalías militares (inaudito en una democracia: Civiles juzgados por militares) y encerrados con base en testimonios o confesiones obtenidas bajo tortura. Todo esto consignado en el Informe Valech, resultado de la investigación realizada por la comisión del mismo nombre que en 2004 salió a la luz pública –porque no faltará quien diga que me lo he inventado yo-.
¿Qué país del mundo condena a prisión o exilio a procesados bajo estas condiciones?: ¡Chile! Y todo esto sin siquiera entrar en el debate de si se justifica o no la respuesta violenta en contra de un Gobierno dictatorial, violador de los derechos civiles, los derechos humanos, que torturó y asesinó impunemente durante 17 años.
Estas personas, que hoy viven un destierro forzoso, son reconocidos luchadores en contra del Gobierno militar, que le declaró la guerra a todo aquél que pensara diferente. Que sistemáticamente impuso el terrorismo de Estado, allanando poblaciones enteras avanzada la noche y entrada la madrugada, maltratando gente y despareciendo a otras tantas. Separando familias y condenándolas a la distancia y el estigma social.
Hay quienes todavía justifican sus fines, pero ni siquiera en la derecha (heredera de los beneficios de la dictadura), hay muchos que se atrevan a justificar los métodos. Y resultado de la oposición a esos métodos es que hoy existen chilenos y chilenas viviendo en el exilio. ¡Todavía! Aunque la justicia internacional rechaza el desarraigo como castigo, este Estado mantiene la prohibición de ingreso al país de quienes actuaron de manera excepcional ante una situación excepcional.
Eran más de 400 los prisioneros políticos que el primer Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia heredó de la dictadura en 1990. La mayoría salió de las cárceles con beneficios penitenciarios y con rebaja de penas: No indultados como se esperaría del retorno a la democracia. Un grupo decidió fugarse de las cárceles y escapar a países que los acogieran. Y otro pequeño grupo, acusados de hechos de sangre, recibió la oferta de condonar la pena de presidio por exilio. Le llamaron extrañamiento. Yo prefiero decirle por su nombre: Destierro.
El resultado, repito, porque hay que repetirlo: Aún hay chilenos y chilenas que viven un exilio forzoso, porque su alternativa es retornar y que los encierren a terminar con sus condenas.
Las veces que he intentado explicar esto a personas de diferentes tendencias políticas fuera de Chile me dicen que debo estar equivocado. Que debe ser gente expulsada en la época de Pinochet. Me miran con extrañeza, hasta desconfianza.
La verdad es que en este país, lo extraño se volvió normal. Era normal esconder una postura que no fuera la oficial. Era normal quedarse en casa durante años después de cierta hora y anormal reunirse más de seis personas sin temor a represalias.
Es anormal todavía (o por lo menos sospechoso), que una persona reclame por sus derechos y una buena mayoría señala con el dedo a quién se atreve a hablar de colectivo, bien común o alzar la voz reclamando dignidad.
Chile tiene una deuda. No eludamos el tema: Acá directamente se torturó y se encarceló a personas que hoy siguen siendo castigadas. Sus familias también, siguen sufriendo la ausencia.
¿Hasta cuándo durará esta transición que nos limita el derecho de actuar con justicia? La justicia (redundo intencionalmente), acá, sigue siendo un problema de tribunales. Pero hay quienes pensamos que es un valor universal que le queda grande a las leyes y que no se puede seguir usando esa palabra para justificar el abuso y la infamia o acomodándola a situaciones particulares cuando el tejado de vidrio está que se revienta encima. Pero claro, en Chile, pensar así no es normal.

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Prohibido informar: ¡No puede tener opinión!

Una política de silenciamiento hacia los temas que generan protesta social y que resultan conflictivos para la institucionalidad se ha repetido de manera peligrosa el último año. Quisiera no volver a tocar el tema, pero cada nueva noticia no puede ser tomada como algo de lo que ya se habló.
Más de siete casos en que Carabineros de Chile hace la vista gorda -¿o debería decir Gordon?-, y su general director no da respuestas satisfactorias ni al Colegio de Periodistas, ni resultan en algo las investigaciones administrativas, pese a que las pruebas en algunos casos están disponibles desde el mismo día de la agresión.
Víctor Salas, reportero gráfico de la Agencia EFE, de noticias, el 21 de mayo de 2008 recibió un fustazo en el ojo derecho, por parte del montado cabo segundo Ibar Barría, mientras cubría protestas mientras la presidenta daba su informe de gestión en Valparaíso. Pese a que hay fotos denunciándolo; a que hay testigos, y a que ha pasado más de un año: ¡Nada! No hay justicia para el fotógrafo. Aunque difícil hablar de justicia cuando se ha sido sometido a cuatro operaciones y se diagnostica pérdida casi total de la visión, más cuando se trabaja con la vista.
Eso, por no referirnos al caso de Elena Varela (7 de mayo de 2008), documentalista chilena que ha sido detenida y acusada de acciones que, con el paso del tiempo, cada vez se hacen más y más difíciles de creer. Lo que se vislumbra detrás de este y casi todos los casos de que tengo conocimiento, es una política de amedrentamiento si alguien se atreve a buscar la otra cara de la moneda y la otra orilla de la información. Principio básico del ejercicio de informar, por lo demás. Detrás de este caso también está el hecho de que el material fílmico de Varela no se ha recuperado. ¿Dónde están las cintas? Como versa la campaña que se ha sostenido en su defensa.
La carabinera que acusa a Óscar Pinto, del diario La Segunda, luego que el periodista fuera agredido por la guardia de la presidenta Bachelet, el 23 de abril de este año en La Moneda, cuando ejercía su labor. Su delito: Sacarle una declaración a la mandataria. En este caso, y en otros, como es el de Marcelo ‘Chino’ Garay, detenido el 17 de mayo en territorio mapuche, terminan los pájaros disparándoles a las escopetas: Los agredidos resultan ser acusados.
Por otro lado Francisco Herreros, director del semanario El Siglo, quien ha sido amenazado de muerte, pero como carga con el estigma de ser comunista, en este momento histórico que señala la divergencia de pensamiento como una disfución, ni señas de respuesta oficial.
Recientemente, en julio, el caso de José Luis Muñoz, reportero gráfico de la Agencia UPI, agredido durante los operativos de desalojo a las casas okupas, y la agresión a Sebastián Larraín Sáa, codirector del periódico El Ciudadano, cuando en junio pasado cubría el desalojo del Centro Cultural Ainil, justo en frente de la Plaza Internacional por la Libertad de Prensa. ¡Semejante paradoja!
Aquí lo que hay, es una política que en la práctica busca generar el silenciamiento de la prensa frente a temas incómodos. La protesta social, el conflicto mapuche, el descontento cuando se expresa en situaciones como las de Andha Chile, están siendo sistemáticamente reprimidas.
Si a eso le sumamos que está en aprobación una ley que hará responsable de cualquier destrozo que ocurra durante una manifestación a quienes la convoquen. Estamos ante situaciones que lindan en la esquizofrenia estatal.
Hoy, en Chile, se prohíbe informar. Sólo se pueden reproducir comunicados oficiales o del establecimiento político y mantener la tranquilidad. Hurgar en lo conflictivo y los puntos de vista encontrados puede ser castigado y seguramente lo será. Se intimida y agrede a los encargados de enterar a la población de lo que verdaderamente ocurre en el país.
¿Esta es la democracia que buscábamos? Quien no está informado, no puede tener opinión y no puede tomar decisiones, sugiere el slogan del informativo de radio Bío Bío. Parece ser que en el Chile de hoy, esa es la idea.

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En las honduras de las Américas

Terrible pero cierto. La misma Escuela de las Américas (EA) que propició las famosas dictaduras militares latinoamericanas; que ahora tiene sede en Fort Benning (Georgia); y que entre 1946 hasta 1984 estuvo ubicada en Panamá, tiene mucho que ver con el golpe de Estado y conspiración política que afecta a Honduras en estos días.
Aunque los optimistas quieren ver en el color de piel del nuevo presidente estadounidense una luz de esperanza, la verdad es que los militares autoritarios y los políticos serviles todavía abundan en nuestra América (nuestra, porque está compuesta de 35 países, con 17 dependencias; además de tres departamentos franceses y un estado libre asociado con Estados Unidos, sólo uno de los países que la conforman).
Y si bien las condiciones geopolíticas para instaurar las dictaduras de las décadas de los 60 y 80 (datos del Pentágono) hoy no están dadas, no podemos seguir siendo tan inocentes y pensar que sus tentáculos no continúan adheridos a lo que hacemos o dejamos de hacer en el continente. Su misión fue, y sigue siendo, dentro del marco de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional: “Preparar a las naciones latinoamericanas para cooperar con Estados Unidos”.
Poco antes del reciente golpe promovido por los poderes judicial y legislativo en Honduras, el presidente Manuel Zelaya despidió al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Orlando Vásquez Velásquez. El general se negó a dimitir, y recibió el apoyo de los jefes de todas las ramas armadas del país centroamericano. ¿Qué democracia que se respete puede permitir que un general se niegue a acatar las órdenes del presidente de la República?
Se entiende, si sabemos que el mentado militar fue alumno destacado de la Escuela de las Américas (EA) en dos oportunidades por lo menos: En 1976 y 1984. También lo fue el general Luis Javier Prince Suazo, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el año 1996; y sabemos que esta rama jugó un papel fundamental en el golpe hondureño, puesto que en una de sus bases fue recluido el presidente Zelaya antes de ser despachado a Costa Rica.
En Estados Unidos hay voces que han denunciado el intervencionismo de la también llamada “Escuela de Asesinos”. El congresista Joseph Kennedy ha declarado: “La Escuela de las Américas (EA) del Ejército de EE.UU…. es una escuela que ha producido más dictadores que cualquier otra escuela en la historia del mundo”, por citar sólo un ejemplo.
Sin ir más lejos, y volviendo a Honduras, en 1975 Juan Melgar Castro, se convirtió en dictador y recogió su poder a otro graduado de allí: Policarpo Paz García, quien se destacó por reforzar la represión y los asesinatos atribuidos al batallón 3 – 16, escuadrón de la muerte conformado por graduados de la EA hondureños y compañeros de clase de la dictadura argentina.
Por oro lado, el general Humberto Regalado Hernández, es un hondureño representado en la Galería de la Fama de la EA, y como tal, se negó a actuar en contra de los involucrados en el escuadrón de la muerte mencionado cuando se reestableció la “democracia” en el país.
Más ejemplos abundan, en ese país y no decir en distintas partes del continente. Pero lo que preocupa es la señal que pueda dar el recién electo Barack Obama, quien aun no suprime el apoyo militar y económico a Honduras (6 de julio) como es supuesto hacerlo ante una intervención a la soberanía y democracia de un país. Una señal difusa que puede ser interpretada como peligrosa.
Del mismo modo, la negativa del presidente estadounidense de reunirse con el derrocado presidente Zelaya, es una actitud tibia, por decir lo menos, frente a unos hechos que toda la región se ha apresurado a repudiar. Sólo lo recibió el martes pasado (7 de julio) la ex senadora y secretaria de Estado, Hillary Clinton, cuando la situación ya era insostenible.
Hay que esperar unos días más, puede ser que estén estudiando los antecedentes antes de tomar una decisión, pero pienso que hay que apretar el acelerador para definir la posición del país del Norte frente a esta manifestación de fuerza y prepotencia de los militares formados en su seno.

El domingo 5 de julio, Isis Obed Murillo, de 19 años cayó, desarmado como estaba, al piso cercano al aeropuerto por una bala de fusil que impactó su nuca, disparada por un soldado hondureño. Según una crónica de El País (España), el hospital que visitó el periodista estaba atestado de heridos de bala. Todas personas que se manifestaban desarmadas en contra de la intervención. ¿Hay que esperar a que mueran cuántos más?

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EL DESCARO DE LOS “HONORABLES”

Hoy estoy enojado. La verdad es que es el colmo del descaro. Ni de bromear dan ganas cuando uno se entera del grado de desfachatez que alcanzan algunos personajes del Congreso Nacional.
Hay que decir que si bien es cierto que el problema es de muchos, el desconsuelo es de nosotros los tontos que seguimos eligiendo a los mismos y las mismas que hacen parte de la jugarreta politiquera que se enquistó en nuestra forma de entender la democracia.
El mal se extiende por toda nuestra América, y si bien esta institución suele ser una de las que carga con la menor credibilidad, seguimos acudiendo a las urnas a validar a esta gente desvergonzada.
En Chile les llaman ‘Honorables’. ¿Se puede entender eso? Resulta que estos
funcionarios públicos, que copan los minutos y centímetros dedicados a la política en los medios de comunicación; que moralizan, pontifican y descalifican y se autoerigen como los paladines de la justicia; que apelan a la sensiblería y recurren a las necesidades de la gente para discursear pidiendo votos, ni siquiera cumplen con asistir a la sala.
El miércoles pasado, en el programa Informe Especial, de Televisión Nacional de Chile, demostraron con imágenes indesmentibles, las mañas y malas prácticas de un altísimo porcentaje (la gran mayoría por cierto) de los diputados y diputadas, cuyos abultados sueldos son pagados con el erario público. Los mismos y las mismas que deciden nuestras leyes.
Sólo por citar unos cuántos ejemplos: Se vio cómo llegaban en la mitad de la mañana a marcar su asistencia y en menos de 5 minutos ya salían para tomar sus autos y devolverse a Santiago. Parlamentarios votando en lugar de sus compañeros y compañeras de bancada. Interminables conversaciones telefónicas en que nadie se presta atención durante los debates de leyes trascendentes para el país.
Y tres joyas sacadas con pinzas: Uno actualizando su página de Facebook cuando era su turno exponer. Otro al que se mostró dando explicaciones bizantinas cuando evidenciaron que las supuestas sedes que declara (para las que recibe una asignación de dinero) eran las casas particulares de dos de sus colaboradores. El último, el colmo del descaro, consultando la página de las carreras de caballo para decidir por qué animal apostaría el fin de semana.
Yo me preguntaba por qué clase de animal votaríamos este fin de año –por aquello de que los seres humanos somos animales políticos, no se vaya a pensar otra cosa-. Y traté de buscar una página de Internet que me mostrara la calidad y el trabajo de los elegidos. Me fue mal. Lo que hay es una mala propaganda de lo que se “supone” que hacen.
Lo que más me preocupa es lo que pasó al día siguiente. El presidente de la Cámara de Diputados pidiendo disculpas: “¡No está mal pedir disculpas cuando uno se equivoca!”, dijo. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿??????????????? ¡Eso tuvo cobertura y nadie le preguntó si hubiera pedido disculpas si no los hubieran denunciado!
Por otro lado, lo que queda es una sensación de desazón horrorosa. La mayoría de los comentarios: “Es que al menos deberían asistir”, decía la gente. ¡Increíble! Nos quedamos pidiendo que cumplan con un mínimo: ¡Que al menos vayan y se queden en el trabajo! Como si los más de 7 mil dólares que reciben al mes no fuera suficiente para al menos comportarse con cierta decencia. Sobre todo cuando el sueldo mínimo acá no alcanza ni a los 300 dólares. Y eso sin contar que el último índice oficial de desempleo
es del 9.8%.
Me da mucha impotencia saberme inútil ante esta evidencia de lo que ya todos y todas sabíamos. ¡Y todavía me preguntan que por qué les cargo tanta bronca! ¿Qué más se puede esperar? ¡Es que estos personajes juegan con las ilusiones de la gente! ¿Cuánto y qué más hace falta para que se tomen cartas en el asunto? ¿El Estado no debe hacerse cargo de que funcionen los órganos de control y fiscalización?
Si me piden que sea proactivo, y aunque no sea mi función, propondría que los quemen en la hoguera.
Aunque para ser justos, tampoco podemos decir que son todos y todas ¿No? Siempre hay un pequeño grupo: La excepción que confirma la regla.

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