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Acuerdo sobre participación de pueblos originarios es discriminatorio y lesivo para las regiones

by sedec

Este acuerdo, no tiene nada que celebrar, pues se fundamenta en argumentos racistas, discriminadores, fundados en falacias y es completamente centralista

El acuerdo de la Comisión Mixta, que fuera ratificado por el Senado y la Cámara, que ha señalado que los Pueblos Originarios participarán con 17 representantes de los pueblos originarios en la Convención Constitucional, ha sido profusamente difundido como un éxito por parte de los partidos políticos, nuevamente le pasa gato por liebre a la ciudadanía, y es un acuerdo racista, centralista, discriminatorio y lesivo para las regiones de Chile, particularmente, con las regiones que poseen pueblos originarios en sus territorios.

Debemos expresar antes de continuar, nuestro más pleno respaldo para que se garantice la participación plena y digna de los pueblos originarios y del pueblo tribal afrodescendiente en la Convención Constitucional. Por tanto, manifestamos nuestro malestar porque los congresistas hayan excluido al pueblo tribal afrodescendiente en una nueva muestra de racismo y discriminación. Declaramos expresamente nuestra solidaridad con las organizaciones afrodescendientes ariqueñas.

Representantes de los partidos políticos de oposición y de gobierno, han señalado que se trata “de un acuerdo histórico, inédito”. “Todos hicimos historia”, señaló el Ministro de SEGPRES Cristian Monkecberg, reafirmando “Orgulloso de lo que hemos logrado”.

¿Pero veamos que acordaron, y de que están orgullosos?

Lo primero: es aceptar la propuesta de los sectores conservadores, en cuanto a situar los escaños reservados de entre los 155 convencionales constituyentes. Es decir, se desecha la idea que la representación de los pueblos originarios fueran cupos supra numerarios o extras a los 155 constituyentes. Por lo tanto, los cupos de los pueblos originarios, estarán dentro de los 155 constituyentes, o actual número de diputados.

Lo segundo: es que el pueblo Mapuche tendría siete escaños; el pueblo Aymara dos escaños; el pueblo Quechua, uno; el pueblo Diaguita, uno; el pueblo Atacameño, uno; el pueblo Colla, uno; el pueblo Rapa Nui, uno; el pueblo Kaweskar, uno; el pueblo Yagán, uno; el pueblo Chango uno.

Lo tercero: -como ya lo hemos dicho-, es que en un acto racista y discriminador, fue rechazado el cupo para el pueblo tribal afrodescendiente. En la Cámara de Diputados fue rechazado por 49 diputados que votaron en contra, 82 votos a favor y 17 abstenciones.

Lo cuarto: es que han anunciado que los cupos de constituyentes de los pueblos originarios, corresponderán a las regiones donde exista la presencia de esos pueblos, y que aquello será determinado arbitrariamente por el SERVEL. En el caso de la región de Arica y Parinacota, que eligió el 2017 tres diputados, dispondrá entonces de tres cupos, en este caso, uno de dichos cupos estará reservado al pueblo aymara. Por tanto, la región carecerá de uno de los cupos que beneficiará en exclusivo a un o una, representante aymara.

En la actualidad la región caracterizada por su diversidad, posee presencia de los pueblos, aymara, quechua, chango y pueblo tribal afrodescendiente.

Se pudo haber dado el caso que se eligiera en cupo reservado, un cupo para los aymara, un cupo para los quechua y un cupo para los afrodescendientes, y en eso caso, se habría procedido a elegir solo a esos representantes, quedando el resto de la región –no originarios-, sin representación.

Esto porque los cupos salen de los actuales 155 y no son supra numerarios.

Esta medida tomada por diputados y senadores, es una medida centralista, que es lesiva –nuevamente-, para las regiones.

Lo quinto: Se ha expresado por diputados y senadores que este ha sido “un triunfo de los pueblos originarios”, al respecto solo un dato, tuvieron un año para hacer una consulta a los pueblos originarios, respecto de su participación en la Convención Constitucional, para haberse enriquecido con la opinión de los actores verdaderos, pero no lo hicieron. Fue un acuerdo que transgredió el Convenio 169 de la OIT, en cuanto a que cualquier política que involucre a los pueblos originarios DEBEN ser consultados. En este caso fue una Ley sin consulta a los actores verdaderos. Hecha entre las cuatro paredes de diputados y senadores.

El imperio de la ignorancia supina

Finalmente la argumentación racista y descalificadora estuvo caracterizada por la ignorancia supina. Todos los actores –gubernamentales, diputados y senadores-, hablaron de los pueblos originarios. Esto daba por hecho que la Ley chilena reconoce como tal la existencia de estos pueblos. Pero aquello no es verdad. Debo explicar que aquello se relaciona con el debate de la Ley Indígena Nº 19.253, que comenzó el año 1992 y concluyó convertida en Ley el 5 de octubre de 1993. Esta Ley, se denominó inicialmente “Ley de Pueblos Indígenas de Chile”, el Proyecto fue elaborado por la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI, que dirigía José Bengoa, quien consultó con los distintos pueblos la confección de la Ley, cuando la Ley llegó al Parlamento, la derecha expresó: “No discutiremos esa Ley, a menos que le cambien el nombre, no hay Pueblos Indígenas en Chile. Chile tiene un solo pueblo el chileno, y distintas etnias”, entonces la Ley cambió de nombre, dejó de llamarse “Ley de Pueblos Indígenas de Chile” y pasó a llamarse “Ley Indígena”. No reconoce “Pueblos Indigenas”, solo etnias.

Como dice el texto de esta Ley en sus Título I, Párrafo I: El Estado reconoce como principales etnias de Chile a: la Mapuche, Aimara (sic), Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades Atacameñas, Quechuas y Collas del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán de los canales australes. El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la Nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus costumbres y valores. (Después se incorporaron la etnia diaguita y últimamente la etnia chango).

La línea argumental de la ministra de Desarrollo Social, para marginar a los afrodescendientes fue que ellos “no eran pueblos originarios”, categoría que como hemos visto NO existe en la Ley chilena; también los diputados y senadores, que han celebrado este acuerdo por “ser histórico para los pueblos originarios”, usan un concepto que no existe en la Ley Indígena. Deberían empezar por modificar la Ley Indígena en Ley de Pueblos Originarios.

Por todas estas razones es que sostenemos que este acuerdo, no tiene nada que celebrar, pues se fundamenta en argumentos racistas, discriminadores, fundados en falacias, y lesivo para las regiones, fortaleciendo el centralismo.

Por Hermann Mondaca Raiteri / www.elmorrocotudo.cl

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