Violencia contra las mujeres: el desafío más profundo para la igualdad de género

Foto: DeeAshley

Por Elizabeth Guerrero

En 1981 las feministas de América Latina y el Caribe definieron el 25 de noviembre como el día por la no violencia contra las mujeres, día que fue ratificado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999.

Desde entonces, la violencia contra las mujeres ha dejado de ser un problema privado, circunscrito al ámbito doméstico para pasar a ser reconocido como un problema público que se sustenta en las relaciones de poder y jerarquía en las que se estructura la sociedad, tal como lo define la Convención de Belem do Pará “violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Sin embargo, a pesar de los avances habidos desde entonces, la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las más fuertes y extendidas discriminaciones que afectan a la mitad de la población. Se estima que a nivel global un 35 por ciento de mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual en el contexto de relaciones de pareja o violencia sexual fuera de relaciones de pareja.

Frente a este flagelo, dos son los desafíos centrales –aunque no los únicos- que debemos afrontar: la prevención y el acceso a la justicia.

El informe “El compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y El caribe” elaborado por PNUD y ONU Mujeres da cuenta de que en todos los países consultados se han implementado campañas de prevención y sensibilización frente a la violencia contra las mujeres. No obstante, los datos muestran que la violencia persiste no solo contra las mujeres adultas, sino también las jóvenes, y que en las parejas se presenta incluso desde las relaciones de noviazgo.

De ahí la importancia de la prevención, que en este caso implica no solo un cambio a nivel cognitivo, sino un cambio cultural profundo en el orden de género arraigado en nuestra sociedad, que permita desnaturalizar este tipo de violencia en todas sus formas: el control, los insultos e incluso golpes en las relaciones de noviazgo, el acoso sexual callejero, el acoso laboral, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, por señalar algunas. Para que la prevención sea efectiva se requiere de una acción decidida y articulada de las organizaciones educativas, los medios de comunicación, las organizaciones laborales, es decir, de todo el entramado institucional.

El otro desafío es el acceso a la justicia de las mujeres que viven violencia. En número de femicidios varía en la región, en algunos países como Chile, Honduras y Nicaragua se reportaron cerca de 40 femicidios el último año, en otros como Perú y Colombia se superan los 80.[1] El femicidio puede ser entendido como la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres. En muchos de estos casos había historias previas de denuncias que no fueron efectivas y que no encontraron una respuesta adecuada en el sistema judicial. Como señaló Patricia Muñoz,  de la Fiscalía Nacional de Chile: “para que los jueces puedan juzgar se requiere que conozcan y entiendan lo que están juzgando”.[2] Este precisamente ha sido un punto de inflexión. Si bien la mayoría de los países de la región cuentan con leyes para erradicar la violencia y varios han avanzado a lo que se ha denominado leyes de segunda generación[3], estas leyes solo serán letra muerta si no se aplican conforme al espíritu con que fueron concebidas.

Dos barreras para abordar estos desafíos comunes a la mayoría de los países de la región son la falta de información y de recursos. Hay una escasez generalizada de información disponible, fiable y oportuna que permita conocer la magnitud de la violencia contra las mujeres. En algunos países se ha avanzado en los registros administrativos de denuncias y pesquisas, pero ellos solo reflejan la punta del iceberg, ya que son muchas las mujeres que no se atreven a denunciar. Quedan fuera además de estos registros todas aquellas formas de violencia que no están tipificadas (como por ejemplo, la violencia que se produce en el noviazgo o el acoso sexual callejero que afecta de manera más fuerte a las mujeres jóvenes).

Otro nudo crítico es la insuficiente asignación de recursos financieros para cumplir las leyes e implementar los planes de acción de los gobiernos. Se tiene escasa información respecto a los recursos que se asignan, en la mayoría de los países no se cuenta con partidas presupuestarias específicas para abordar este tipo de violencia, y cuando existen estas son claramente insuficientes para la magnitud de la tarea. La falta de información y de recursos impide a los Estados ir más allá de las palabras y los acuerdos formales y pasar al cumplimiento real de los compromisos internacionales.

[1] De acuerdo a los datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL: http://www.cepal.org/oig/

[2] Reflexión realizada en el Seminario Internacional “Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres”, realizado en Chile el 02 de octubre de 2014.

[3] Las leyes de segunda generación son aquellas más recientes que van más allá del reconocimiento de la violencia doméstica o intrafamiliar a reconocer la violencia contra las mujeres en una perspectiva más amplia, con un mayor alcance y un enfoque más integral.  De acuerdo al informe del PNUD y ONU Mujeres 10 países en la región cuentan con este tipo de leyes.

Fuente: Humanum

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