Video Valdivia: Corte revisa desafuero a diputado Rosauro Martínez por homicidio calificado en Neltume.

  • La próxima semana se resolverá la petición de desafuero por homicidio calificado presentada por abogados que representan  la agrupación de familiares de ejecutados políticos, el programa de DDHH humanos del ministerio del interior y  a familiares directos de Patricio Calfuquir y Eugenio Monsalve.
  • Los abogados lograron comprobar que Rosauro Martínez en su calidad de especialista en lucha antisubversiva, dirigió el batallón n° 8 de Comandos  de la IV división de Ejército. Además se estableció que Martinez habría participado en la brigada Mulchen de la DINA  y en los servicios de seguridad de la familia del dictador Augusto Pinochet.

Este 7 de abril de 2014, en la primera sala de la corte de apelaciones de Valdivia, conformada por los ministros, Julio Kompatzki, Loreto Coddou, Juan Correa, Ruby Alvear, Rocío Carretta y Ema Díaz, se presentaron los alegatos por el desafuero por homicidio calificado del Diputado Rosauro Martínez, quien sería el responsable de ejecuciones sumarias  realizadas en la operación anti guerrillera Machete y Pilmaiken, durante el segundo semestre de 1981, contra un destacamento guerrillero del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Neltume, comuna de Panguipulli, actual región de Los Ríos.

Rosauro Martínez ha sido diputado en el distrito por el distrito 41 (Chillán, Chillán Viejo, Coihueco, El Carmen, Pemuco, Pinto, San Ignacio y Yungay) y reelecto en los años 1997, 2001, 2005 y 2009.  Cabe destacar que en 1970 ingresó a la escuela militar y en 1987 se retiró  con el grado de mayor. Trás su salida del ejército, antes de ser diputado,  fue Alcalde designado de la dictadura en Chillán, entre agosto de 1989 y 26 de septiembre de 1992.

Este blanqueamiento democrático desarrollado por Martínez, tras el término de la dictadura militar y durante los últimos 25 años, pareciera no haber servido de nada, ante la solicitud de desafuero presentada por el abogado Vladimir Riesco, en representación de la Agrupación de familiares de Ejecutados políticos de Valdivia,  por Magdalena Garcés abogada en representaba a los familiares de Patricio Calfuquir y Eugenio Monsalve, quienes fueron ejecutados sumariamente en el sector de remeco, en Lago neltume a fines de septiembre de 1981. A esta solicitud de desafuero también se sumó el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a través del abogado Álvaro Silva.

 

Los alegatos que sustentan  la solicitud de desafuero

El abogado Riesco en su alegato caracterizó y clarificó que el entonces  Capitán Rosauro Martínez, no era un militar que hubiera sido destinado por casualidad en Neltume el año 81, sino más bien era un especialista  en lucha antisubversiva.

Riesco, indicó en su exposición que se determinó solicitar el desafuero del diputado Martínez por la situación hechos acaecida en Remeco Alto ya que en el marco de las operaciones militares Machete y Pilmaiken desarrolladas durante 1981,  fueron ejecutados Patricio Calfuquir, Eugenio Monsalve y Próspero Guzmán, ya que en función de las investigaciones y múltiples declaraciones judiciales de efectivos militares y testigos civiles de la época, se constata las funciones de mando y responsabilidad por antigüedad  que detentaba Martínez.

Un elemento fundamental para situar a Martínez en el lugar de los hechos, fue la orden secreta de la IV división de ejército que lo colocaba como comandante del 8° batallón de comandos, así como las  anotaciones en su hoja de vida  agosto y noviembre de 1981  las cuales son de mérito y que reconocía sus destacada participación en la neutralización de una célula guerrillera, abatiendo a 7 extremistas sin bajas para el Ejército.

El abogado Riesco, indicó además que se cumplían con los estándares  para solicitar el desafuero,  ya que el inculpado le era reconocida su participación por efectivos militares que estuvieron presentes en las acciones, así como que Martínez habría representado al Ejército de Chile, en el fuerte Shermann,  Panamá, en noviembre de 1981 a través de una ponencia en la cual se explicaban el teatro de operaciones  de guerra antisubversiva en Chile. Esta presentación además fue repetida a oficiales que hacía cursos de contrainsurgencia en las Escuelas de las Américas.

Según Riesco, con estos  antecedentes se cumplían los estándares para solicitar el desafuero con los cuales se establecía su participación directa como conductor y autor de las  acciones que llevaron a la muerte de  los miembros del destacamento guerrillero Toqui Lautaro mediante ejecuciones sumarias que pueden ser calificadas como crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra

Por su parte, la abogado representante de los Familiares, Magdalena Garcés, reforzó la participación de Martínez en su calidad de especialista y de comandante del 8° batallón de comandos, así como su participación en la brigada Mulchén de la DINA,  encargada de la seguridad de la familia de Augusto Pinochet e implicada en la muerte del Diplomático español Carmelo Soria.

Según la abogada Garcés,  dada las condiciones físicas determinadas por  las autopsia a los cadáveres en las cuales se determinó su avanzado estado de desnutrición y las heridas de alto calibre, la intención del operativo militar tenía como objetivo principal eliminar a los integrantes  más que obtener su aprehensión.  Otro fundamento para esta hipótesis era la advertencia hecha por el capitán Martínez a Flora Jaramillo respecto a que destruirían su casa, así como al descenso y avance sigiloso de los efectivos militares desde los camiones a dos kilómetros  de distancia, para llegar a la casa ubicada en el sector de Remeco  Alto.

El abogado del ministerio del interior, Álvaro Silva planteó la necesidad del desafuero para determinar  e investigar la participación de Martinez  en la muerte de los tres militantes del Mir.

La defensa de Martínez

Tras los alegatos de los abogados ,  la defensa  del diputado Martínez, realizada por el abogado Rodolfo Saenger, se centró básicamente en cuestionar formalidades técnico jurídicas centrándose en  que  la Fiscalía Militar de la época habría sobreseído a Martínez y por lo tanto debiera entenderse que bajo el principio de cosa juzgada no se podía volver a juzgar a su defendido  por una misma acusación dos veces.

Otro elemento que llamó la atención fue la acusación que indicó a la magistrado Ruby Alvear en la cual valiéndose del escrito de un relator alega implicancia de esta magistrado, ya que esta habría manifestado sentirse afectada por la causa que estaba llevando. Con esta argumentación, la defensa de Martinez pretende deshacer mas de 17 instrucciones de investigación  desarrolladas por la Magistrado Ruby Alvear en el marco de la investigación del caso Neltume. No olvidemos la magistrado Ruby Alvear, a parte de pertenecer al pleno de la corte de apelaciones de Valdivia, actúa como subrogante de la Magistrado Emma Díaz en la investigación de lo hechos acaecidos en Neltume en 1981. Además el abogado planteó una que los delitos investigados estarían  fuera del plazo de 15 años y que por lo tanto estarían prescritos.

Cabe destacar que el diputado Rosauro Martínez, estuvo durante el fin de semana alojado en el Hotel Huilo Huilo de Neltume, localidad ubicada a casi 200 kilómetros de Valdivia, en las proximidades donde se desarrollaron los hechos hace 33 años.

Este caso viene a develar  el blanqueamiento democrático desarrollado por efectivos militares y de inteligencia que participaron en procesos de represión política y que, como en el caso de Martínez, pudieron instalarse en la institucionalidad estatal o en diversos poderes del Estado  con  total impunidad.

El Puelche

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