Víctimas de la Dictadura se encadenaron al ex Congreso por beneficios a violadores de DDHH

AFDD6-620x330Durante la mañana del lunes familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, así como víctimas de la represión de la Dictadura, se encadenaron en el frontis del ex Congreso Nacional en Santiago, protestando por los beneficios carcelarios que se han estado entregando a violadores de los Derechos Humanos por parte de la Tercera Sala de la Corte Suprema, además de la ofensiva comunicacional y legislativa en sectores transversales del Senado, para que los criminales de Lesa Humanidad sean considerados reos comunes y reciban beneficios por enfermedad o vejez. Esto se suma a un reglamento penitenciario que se impulsó en febrero de este año, que terminaría por otorgarle beneficios a los condenados por crímenes contra los Derechos Humanos, mientras estos presenten arrepentimiento.

La acción de los familiares de víctimas fue realizada por primera vez en 1979, en plena dictadura, cuando la justicia de la época había ordenado liberar a responsables de crímenes de la Dictadura Cívico Militar chilena. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, indicó a los medios que “resulta muy duro que después de 42 años del golpe de Estado cívico militar y después de 26 años de iniciada la transición democrática, los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado tengamos que estar recurriendo a encadenarnos en el ex Congreso Nacional, como lo hicimos en el año 1979, porque en Chile se pretende dejar en libertad a aquellos que están cumpliendo condena en un penal especial, como Punta Peuco”.

Los beneficios otorgados por la Corte Suprema contravienen Tratados Internacionales relativos a Derechos Humanos, a los que el Estado chileno subscribe, y que están por sobre las leyes de cada país, y en los cuales se dicta, según indicó Lorena Pizarro, que los juzgados por crímenes contra la Humanidad no pueden recibir ningún tipo de beneficio, a excepción de quienes en el momento del juicio se muestren arrepentidos y hayan tenido condena efectiva.

Cabe mencionar que durante esta semana fue juzgado en Alemania Reinhold Hanning de 94 años, a 5 años de prisión por su complicidad en el exterminio de 170 mil personas en Auschwitz. Cabe también recordar que Jorge Videla, rostro de la Dictadura argentina, murió en 2013 en prisión, así como otros condenados por crímenes de lesa humanidad, aun así, muchos han muerto sin ser condenados, así como sus víctimas jamás reparadas.

Los crímenes de Lesa Humanidad son considerados como los delitos más graves en el Derecho Internacional, y se encomia a los Estados que las penas que se otorguen deben estar dirigidas a evitar que se vuelvan a cometer, que haya justicia y reparación a las víctimas, para aportar a la convivencia del país. Además, los crímenes cometidos por funcionarios armados al servicio del Estado tienen el carácter de imprescriptibles en el tiempo, inamnistiables y de jurisdicción universal, puesto que son crímenes contra la Humanidad que todos los Estados deben comprometerse a perseguir, independiente de los años de ocurridos o el país de procedencia o residencia de los victimarios o las víctimas.

En un paper elaborado en 2010, sobre la situación de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a países de Sudamérica, para la construcción de la Paz, se indicaba, basado en el Derecho Internacional, lo siguiente:

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Es necesario recordar que en Chile, la creación de la Comisión Valech vino acompañada del “secreto de los 50 años”, que significa que solo finalizado ese periodo se podrán abrir los expedientes que contienen las declaraciones de miles de víctimas de la Dictadura y se podrá conocer finalmente los nombres de los criminales o pistas que pudieran dar con ellos, sin embargo, dentro de 50 años van a estar muertos, al igual que las víctimas, sin haber conocido la verdad y sin haber recibido justicia.

Entre los familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos (considerados también como víctimas en la Justicia Internacional) que se encadenaron al ex Congreso, se encontraba Manuel Guerrero, hijo de uno de los profesores del Caso Degollados, quien declaró que “estamos nuevamente encadenados, como ocurría en dictadura, pero ahora en democracia, porque se están otorgando beneficios y libertad a los criminales de lesa humanidad que están en Punta Peuco. Venimos a exigir, por los detenidos desaparecidos, por los ejecutados políticos, justicia. No más impunidad“. En 2015 la Tercera Sala de la Corte Suprema otorgó la libertad condicional a Alejandro Sáez Mardones, que cumplía perpetua, por su participación en el Caso Degollados, mientras que en mayo y junio de este año, la misma Tercera Sala otorgó la libertad condicional a José Fuentes Castro, agente de la DICOMCAR, por el Caso Degollados y a Hernán Reinaldo Ovalle Hidalgo por el asesinato de trabajadores de la empresa SUMAR.

Finalmente, Lorena Pizarro, enunció el petitorio de los familiares de víctimas de criminales de Lesa Humanidad, que consta de cuatro puntos: 1. Cárcel común para los violadores de Derechos Humanos, por lo tanto, cierre del penal Punta Peuco. 2. Que se termine esta iniciativa del Senado de otorgar beneficios a violadores de Derechos Humanos. 3. Que la Tercera Sala de la Corte Suprema deje de liberar a gravísimos violadores de Derechos Humanos. 4. Que, desde el Gobierno, se envíe un proyecto -con carácter de discusión inmediata- que nos permita terminar con esta abominable decisión que ha significado liberar a violadores de Derechos Humanos”.

La ofensiva del Senado para otorgar beneficios a los criminales de Lesa Humanidad

Diversas minutas para proyectos de ley han presentado políticos del conglomerado Chile Vamos (ex Alianza) para que los beneficios carcelarios se otorguen “sin distinción de ningún tipo”, lo cual terminaría beneficiando a los criminales de guerra, al no haber distinciones con los reos comunes. Además, esta última semana, 19 Senadores de todos los sectores (Nueva Mayoría y Chile Vamos) enviaron un oficio solicitando a la Presidenta aplicar derecho humanitario a reos graves sin discriminación, cuyos firmantes fueron Alejandro Guillier (Independiente, Nueva Mayoría), Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), Ena Von Baer (UDI), Andrés Allamand (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Francisco Chahuán (RN), Alberto Espina (RN), José García Ruminot (RN), Alejandro García Huidobro (UDI), Antonio Horvath (Independiente ex RN), Hernán Larraín (UDI), Manuel Antonio Matta (DC), Iván Moreira (UDI), Manuel José Ossandón (RN), Víctor Pérez Varela (UDI), Jorge Pizarro (DC), Baldo Prokurica (RN), Eugenio Tuma (PPD) y Andrés Zaldívar (DC).

Es importante destacar que tanto la Corte Suprema como los parlamentarios que solicitan beneficios (aportando a la supuesta puerta giratoria), no se ajustan al Derecho Internacional, sobre crímenes de Lesa Humanidad y además se contradice con su misma postura en la Agenda Corta Antidelincuencia, que endurece las penas y pone una serie de trabas para acceder a beneficios carcelarios a condenados por delitos comunes, incluso aquellos que no atentan contra las personas, pero sí contra la propiedad privada. Además, compete considerar que los violadores de Derechos Humanos no son reos comunes, puesto que ninguno de ellos se encuentra en una cárcel común.

Fuente: Radio Villa Francia 

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