Una cuestión de inteligencia

Por Víctor Gómez – Radio Cooperativa

Que un cara cara -pocas veces visto en la televisión chilena- entre una víctima de las violaciones a los derechos humanos y un general en retiro del Ejército de Chile, cause polémica y debate en la sociedad no sólo es bueno y completamente necesario para el futuro del país.

Necesario porque actualiza un trauma histórico y porque permite elucubrar soluciones a un puzle intencionalmente no resuelto. Tanto así que sin quererlo Juan Emilio Cheyre, en su estudiada puesta en escena en TVN ante Ernesto Lejdeman, dejó abierto un flanco vital para cualquier lógica militar: la Inteligencia.

Tanto en el sentido común como en el sentido castrense. Sí, esa misma Inteligencia que cuenta con agentes encargados de procesar información. Que sabe al dedillo quiénes componen sus filas y cómo se comportan. Que conoce cada huella de su institución. Y que si se usa su trabajo por los tribunales de justicia sería crucial para aclarar las violaciones a los derechos humanos.

No es posible bajo ninguna óptica que un ex jefe del Ejército, hasta hora general estrella de la transición política, no arribe a pistas, datos e informaciones sobre detenciones, torturas y desapariciones de miles de personas.

No es posible que existiendo un detallado contenido sobre la represión política en las conclusiones de la Comisión Rettig y el Informe Valech, Cheyre lo desconozca.

No es posible que siendo el segundo al mando en el Regimiento Arica de La Serena desconozca todas las acciones de los efectivos de ese destacamento ejecutadas después del golpe de Estado, entre ellas, el paso de la Caravana de la Muerte y las circunstancias que terminaron con la vida de los padres de Lejderman.

No es posible que argumente verdades parciales cuando se sabe el día, la hora y el lugar donde fueron detenidos cada uno de chilenos que pasaron por los cuarteles de la DINA, del Comando Conjunto y de la CNI.

No es posible que un militar de alto rango -contemporáneo con los hechos denunciados- no logre a través de sus servicios de inteligencia (vigentes en democracia) diseñar un detallado modus operandi de los represores, realizar cruces de informaciones y elaborar una lista precisa de agentes y oficiales que participaron de los crímenes de lesa humanidad.

Con todo el acerbo existente sólo resta un dato clave que necesariamente pasa por una información de inteligencia militar.

Y en eso, Lejderman goza de toda la razón cuando le exige a Cheyre romper el pacto de silencio entre los violadores de derechos humanos. En especial, el llamado grupo de exterminio que fue el encargado de las ejecuciones y luego de no dejar rastros de sus víctimas.

Grupo selecto, que según diversos testimonios no supera los 50 efectivos totalmente encuadrados desde Manuel Contreras hasta agentes de menores rangos. Comando que en una operación diseñada por los altos mandos militares logró hasta hoy mantener en incógnitos y diversos paraderos a la mayoría de los Detenidos Desaparecidos.

Ante los pactos de silencio, los procesos históricos son ejemplares a la hora de romper esos oscuros acuerdos. Los juicios a los criminales nazis en Nuremberg aportaron una señal clara sobre las formas y métodos para obtener y procesar la información depurada por organismos competentes en investigaciones históricas.

En Chile, los tribunales en cientos de procesos no lograron, hasta hoy, sistematizar los datos, construir relatos precisos y arribar a conclusiones irrefutables, que rompan el secreto pactado entre asesinos y torturadores. Información de alta fidelidad que acorrale ante la historia a los militares y también a los cómplices civiles y los obligue por su contundencia a entregar la verdad de la represión política durante diecisiete años.

Juan Emilio Cheyre contó con las herramientas institucionales. Tuvo el poder y las facultades.

Gozó de los aplausos de un parte de los civiles en la transición. No se atrevió porque es leal a la institución que violó los derechos humanos y que hasta estos días protege a los responsables. No lo hizo porque por formación asume que los civiles no pueden romper secretos militares ni menos castigarlos.

No lo hizo porque prefirió la impunidad ante la justicia. Y por estos días y ante la presión de la opinión pública se refugió en un peligroso y poco creíble predicado “me siento libre de todo cuestionamiento legal y ético”.

A toda vista, una cuestión de Inteligencia.

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