Un golpe de Estado contra la izquierda y la democracia colombiana

el dia

Hay que decir las cosas como son. La derecha elitista del país se propuso a toda costa sacar a Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá y no descansó hasta conseguirlo. Detrás hay un afán desmedido por hacerse con las arcas y la burocracia de la Capital.

La decisión del presidente Santos de no acatar las medidas cautelares dictaminadas por la CIDH quebrantó la democracia colombiana irremediablemente. Es necesario aclarar que Petro sí tenía opciones dentro de la institucionalidad colombiana para defenderse de la decisión de la Procuraduría, pero estas nunca se aplicarían en una legítima defensa cuando la ambición política se anteponía a cualquier argumento legal.

El Estado colombiano se encargó de torpedear cualquier medio de defensa que sostenía al alcalde. Es más, desde el momento en que Petro se posesionó, el gobierno de Santos ha sido el abanderado de una campaña mediática por denigrar de su administración. Absolutamente todas sus propuestas fueron criticadas negativamente, incluso aún después de arrojar resultados positivos. Los medios masivos de comunicación dejan ver una postura excesivamente parcial en la que si midieran a Santos y a Petro con el mismo rasero, muy seguramente Santos no tendría opciones a un segundo periodo.

Desde diciembre Bogotá sí estuvo en un caos administrativo, pero no por culpa de Petro sino por culpa del procurador que sin razones de peso optó por destituir e inhabilitar a un alcalde elegido popularmente. Esta semana fue el culmen de ese caos. El martes el Consejo de Estado negó las tutelas. Esa misma noche, la democracia y el progresismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dieron ejemplo a las instituciones de justicia y administrativas en el país.

Pero el miércoles,el presidente irrespetó la soberanía del voto popular al no acatar esta orden; demostrando que una vez más está en contra del mandato del Pueblo, porque en el caso San Andrés hizo todo lo contrario a lo que debía.

La noticia pone al proceso de paz en peligro. Nadie entiende en Colombia, ni la comunidad internacional, que el presidente Juan Manuel Santos que ha venido desarrollando el proceso de paz en La Habana, de un momento para otro destruya todo en mil pedazos y haga una declaratoria de guerra ignorando las decisiones importantes de la legislación internacional. Lo cual confirma que su criterio es más político que legislativo.

El país está sumido en un rechazo total a esta postura netamente oligarca. Si Petro era un mal alcalde debió demostrarse tras un proceso donde él tuviera las garantías para defenderse; como ha sucedido hasta con los parapolíticos. En Colombia abundan los alcaldes con motivos reales para procesarlos y en su contra no hay siquiera investigaciones. El procurador y el presidente no pueden esperar que Colombia funcione como una dictadura donde ellos mandan y el pueblo acate silencioso.

El llamado en redes sociales desde la población en general es a manifestarse ante esta arbitrariedad que va en contravía del proceso de paz y esa indignación debería costarle la reelección a Santos en las urnas.Pero, sobre todo, va en contravía de la esencia del mismo Estado social de derecho. De ahora en adelante, ¿quién le garantiza a un colombiano cualquiera que puede votar con confianza y después, si a la derecha no le gusta esa decisión, destituirlo para nombrarotro a su acomodo?

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