“Toda esta ofensiva represiva en las comunidades se encuadra en las políticas del Presidente Piñera anunciadas el 21 de mayo”

Escrito por Carlos Philippe / Mediapinta

 

Son varios los juicios a comuneros mapuche que se avecinan. Muchos de ellos son a habitantes de la comunidad Wente Winkul Mapu, sector que ha sido violentamente reprimida en el último año y donde cayó un carabinero, cuyo caso se investiga y fortaleciéndose la tesis de muerte por “fuego amigo”.

Juicios que se efectuarán en un escenario donde los casos contra de la protesta mapuche comienzan a desvanecerse en los diferentes tribunales, junto con el uso de la Ley Antiterrorista que ha sido desechada por varios tribunales. Los jueces ya no le creen a los testigos protegidos.

Pero, la violencia continúa en torno al mal llamado conflicto mapuche. Por ello, autoridades varias, carabineros y fiscales se reunieron en La Moneda en la Cumbre de Seguridad por La Araucanía. Tras la cita, se anunciaron mayor contingente de policía militarizada y de más recursos para las investigaciones. Es una realidad el levantamiento de un campamento de Fuerzas Especiales en la cercanía de Malleco y el arribo a la zona del ex fiscal Alejandro Peña. Este último fue quien preparó el Caso Bombas con los resultados conocidos por la opinión pública.

Una persona que conoce de cerca la realidad mapuche y los instrumentos legales que se ocupan para judicializar la protesta mapuche es el abogado Nelson Miranda. Un jurista cercano a la comunidad Wente Winkul Mapu y que se prepara para varios casos. En esta entrevista explica las perversiones del sistema jurídico chileno en torno a la causa mapuche.

¿A qué vicios jurídicos se ven enfrentado los comuneros mapuche?

Existe una falla fragante a lo que se llama un debido proceso y que son los elementos mínimos de la protección a los derechos humanos. El primero de ello, es la actuación de la fiscalía de Collipulli, cuya cabeza se encuentra el fiscal Luis Chamorro, que según sus propias expresiones ha sido víctima de tres atentados en su contra y que según los antecedentes que se manejan no correspondería totalmente a la realidad. El se ha sindicado públicamente como víctima de supuestos atentados. Por lo tanto, eso es una razón más que suficiente para que no se encuentre a cargo de las investigaciones. Porque está comprometido, está más allá de cualquier criterio de objetivad y emocionalmente involucrado en el asunto. Y eso lleva a que los procedimientos policiales que el dirige son absolutamente desproporcionales con respecto a la violencia que despliega carabineros.

Un segundo elemento es que todos los casos se siguen sustentando por la presencia de testigos protegidos, figura propia de la ley antiterrorista y de carácter excepcional, pero que en el Wallmapu se ha transformado en la regla general, la cual restringe absolutamente el derecho a la defensa y al debido proceso.

Por último, alarmante es la actuación de los servicios de salud de la zona con respecto a la constatación de lesiones. Uno es el caso de Luis Montoya Levinao, cuya constatación de lesiones en el hospital de Angol fue de carácter leve, a pesar que le extrajeron 4 proyectiles en una pierna y que tenía otros balines más en el cuerpo. Fue tanta la evidencia, que en la audiencia de formalización el juez compartió el criterio de la defensa y que se estimara correcto realizar una nueva constatación de lesiones. La segunda constatación que hicimos a Segundo Montoya Levinao que -aún en muletas- recibió nueve impactos de proyectiles todos por la espalda.

¿Visualizas un aspecto más político?

Hay un tercer aspecto, que es más político, en cuanto que toda esta ofensiva represiva en las comunidades de la zona de Malleco, se encuadra en las políticas del Presidente Piñera anunciadas el 21 de mayo. Donde habla de integración y de mesas para el futuro del desarrollo indígena. Por un lado se están dando avisos en la tendencia al negociar y dialogar con mapuche, y por otro lado; la violencia en los allanamientos está alcanzando niveles nunca antes vistos. Además, acompañado por el encarcelamiento de más de una decena de jóvenes, casi adolescentes, que están repletando las cárceles, como es lo que ocurre en Angol. No da abasto y que están siendo remitidos al penal de Temuco. Por ello, se hace necesario retomar la senda de la racionalidad, es decir que los procesos llevado por el Ministerio Público se ajusten a los mínimos criterios de objetividad. Segundo, que los servicios de salud den cuenta del real carácter de la heridas que están sufriendo los comuneros mapuche en estos procedimientos. Y que el gobierno diga, al fin, qué política va a tomar en todo este asunto. Si va ser la de la zanahoria o del garrote. Porque las contradicciones son demasiadas evidentes. Y estas contradicciones las están pagando los niños, mujeres y ancianos que viven en las comunidades mapuche.

¿Cuáles son las herramientas que están ocupando los fiscales para acusar a los comuneros mapuche?

Pareciera que está siendo demasiado costoso usar la Ley Antiterrorista. El año pasado se comenzó a utilizar figuras clásicas del derecho penal ordinario para encarcelar a jóvenes mapuche que pueden ser sindicados como proclives a la causa de la reivindicación de las tierras. En ese contexto, a pesar que están dentro del derecho penal ordinario, se sigue usando indiscriminadamente el uso del testigo protegido, que está siendo rechazado como medio de prueba creíble por parte de los Tribunales Oral de Angol y en los juicios que me han tocado participar en los Tribunales Orales de Temuco. Por lo tanto, esta fórmula de usar elementos que son propios de la Ley Antiterrorista, solo pareciere ser una suerte de política criminal judicial de encarcelar a la mayor cantidad de jóvenes de esa zona, porque no hay otra explicación. Porque así se aseguran prisiones preventivas, ya que saben que no van a lograr en la mayoría de los casos obtener sentencias condenatorias.

¿La respuesta a las demandas son la criminalización y judicialización?

Esa es la realidad, y no es que lo diga yo, es la observación de cualquier persona que está en la zona.

¿Existe un uso exagerado de la prisión preventiva?

El uso desmedido de las penas que se están solicitando, por la pruebas que se tiene, el uso abusivo y excesivo de las prisiones preventivas es una norma que pudiese y debiese ser extraordinaria y que en los hechos es constante y ordinarias por parte de la fiscalía. Por lo tanto, mapuche jóvenes puestos en prisión preventiva, indica que hay una decisión política de llevarlo a cabo. Esto va ser resuelto en la mayoría de los casos a favor de los que están presos. Pero, en qué momento el Estado va a resarcir los daños. No sólo a los comuneros, sino también a sus familias y comunidades. La mayoría de ellos son casados con hijos muy pequeños y viven en comunidades que son pobres. Por algo es que están peleando por las tierras. Porque viven en terrenos de muy mala calidad. Fueron empujados por más de un siglo por el colonialismo y luego las forestales. Por ende, es evidente, que hay algo más que un simple intento de investigar, con pruebas fundadas, la realidad de algunos delitos que se hayan producido.

¿Pero estamos hablando que no vivimos en un estado democrático?

El asunto es que a los fiscales se les ha dado demasiado poder, y no hay un control por parte de las instituciones del Estado para ponerle freno a este afán desmedido. Es más las pocas veces que se gana un juicio y siendo absueltos los mapuche, las costas el que las paga es el Estado, pagan todos los chilenos, los trabajadores, los campesinos pobres que pagan el IVA del pan. No pagan los fiscales. Con los años que los tienen en prisión sin ninguna prueba. Lamentablemente, es que muchas veces los órganos que tienen que velar por la justicia de estas medidas tan extremas, la mayor que son las prisiones preventiva, que son las Corte de Apelaciones, no entran a revisar el fondo del asunto y se quedan con la visión parcial que entregan en las audiencias las fiscalías.

¿Hablamos de varios “Caso Bombas” dentro de todo los juicios mapuche?

Es evidente que el “Caso Bombas” se replica constantemente en el Wallmapu. Y no es una frase publicitaria la que estamos usando. En el caso del asesinado del peñi Mendoza Collio, en que está acreditado por parte de la policía de investigaciones que se disparó por parte de los mismos carabineros el chaleco contra bala del policía para hacer parecer que fue un enfrentamiento. Lo mismo con el caso de Matías Catrileo. En los últimos juicios, el Tribunal de Angol no ha dado ninguna credibilidad a los testigos protegidos. Absolviendo a los comuneros. Siendo que en uno de estos casos, que se les acusaba de la quema de una camión en el sector de Loloco, el testigo protegido se auto inculpo como partícipe de lo que estaba acusando. Aún así, por unanimidad no le creyeron absolutamente nada. Si eso no es un montaje qué es.

¿Hay optimismo para que se acaben estas medidas?

Tuvimos una suerte de ventana cuando se acogió el recurso de protección en noviembre del año pasado en la Corte de Apelaciones de Temuco, donde por Unanimidad se atendió nuestra tesis que el actuar carabineros había sido arbitrario e ilegal. E impidió disparar lacrimógenas al interior de la comunidad y no ocupar violencia excesiva contra mujeres, niños y ancianos. Por eso, cuando carabineros apeló esa decisión, nosotros consideramos que era insólito, porque en qué lugar civilizado en el mundo, alguna policía iba apelar una orden que no ataquen a mujeres y niños que no tienen nada que ver en ningún delito. Sin embargo, eso ocurrió en el Chile democrático en el que vivimos. Más insólito aún, es que la Corte Suprema acogió la apelación de carabineros en un fallo tres a dos, revirtiendo la prohibición en el actuar de carabineros. Y el voto mayoría lo que indica básicamente es que ellos no pueden dar instrucciones a los carabineros y que para ello están los Tribunales Militares. Y todos sabemos cómo funcionan esos tribunales. Sin embargo, el voto de minoría del mismo fallo, redactado por Ministro el Sr Muñoz y Ministra Araneda, es prácticamente una clase de derecho que debería ser expuesta en todas las cátedras de las escuelas respectivas. En que realmente acoge el recurso de la defensa de la comunidad Wente Winkul Mapu. En cuanto los límites de la flagrancia son claros .Pongamos un ejemplo; roban un banco del Portal La Dehesa, es evidente que carabineros no va realizar un allanamiento en la calle El Rodeo. Y eso lo que ocurre en la práctica en la zona mapuche. Puede ocurrir, y a lo mejor ocurre, un robo y un corte de ruta, y los allanamientos se realizan a kilómetros de distancia, tomando detenidas a personas que están a kilómetros y que por la vía del testigo protegido se les mantienen en prisión. Contra eso es lo que estamos alegando.

¿Hay un sesgo racista y clasista en toda esta historia?

Es evidente. O sino esto debería ocurrir en los barrios acomodados de Santiago. Insisto con el ejemplo.

¿Por último qué te motiva defender causas mapuche?

En primer lugar, encontrar en esas comunidades una calidad humana que se encuentra muy pérdida en el actual sistema en el que estamos viviendo; que es la solidaridad. Es impresionante que a pesar de todas las limitaciones que le ha impuesto el Estado Chileno a los mapuche, ellos continúan recuperando su cultura. Muchas de esas comunidades se autogestionan económicamente hablando, con todo en contra. Tratan de llevar su independencia económica y cultural. La recuperación de la lengua es impresionante en los más jóvenes en la zona de Malleco. Recuperar sus ceremonias ancestrales y el respeto entre ellos. El respeto que se le está dando a los Kimche (sabios) en sus respectivas comunidades. Si uno es abogado está para luchar más allá de la norma legal, luchar para que se haga justicia. Y si hay un sector que ha estado alejado de la función de la justicia ha sido el pueblo mapuche.

Foto: skatomundo

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