Televisión digital en Chile ¿cómo asegurar un sistema sustentable y mejor que el actual?

Por Chiara Saez Baeza / guerrillatv

En España, el año 2004 comenzó a implementarse por segunda vez la televisión digital, bajo promesas de mayor diversidad, calidad e interactividad. El gobierno de turno decidió que las empresas de televisión de alcance nacional que ya estaban en el negocio analógico y otras que habían quedado en el limbo producto de la primera digitalización fallida, tendrían en el soporte digital los mismos 6mhz que eran necesarios para emitir en analógico, argumentando para ello un extraño derecho de preferencia. Extraño porque en digital, con esos mismos 6mhz, una misma empresa ahora podía transmitir 4 señales/canales distintos, multiplicando por 4 sus posibilidades de participación en la industria televisiva. Todo esto se hizo por decreto. No hubo concursos, salvo cuando ¡oh! se descubrió luego de años de negativas que todavía había espacio para un canal más en analógico, y que fue adjudicado a un conglomerado de empresas afin al gobierno de turno. En el mismo consejo de ministros se decidió entregar un múltiplex en digital a todos los canales existentes y abrir a concurso la licencia analógica que recayó en La Sexta.

El resto de la historia incluye muchos detalles en los que no quiero detenerme (por ejemplo: ¿qué pasó en el camino con las televisiones comunitarias?). Todos ellos darían para escribir una saga policial o un thriller. Lo importante es mirar el proceso hoy, a 5 años del inicio de la transición y a casi un año de haberse producido el apagón digital, para ver en qué momento esas promesas originales del cambio tecnológico se volvieron imposibles de cumplir. Hoy día, con la televisión digital, la calidad y la diversidad televisiva en España ha disminuido. Para ello, tres datos de la causa:

a) Un estudio de los estrenos de ficción de origen nacional durante el año 2008 mostró que los segundos y terceros canales digitales de los canales privados que emitían previamente en analógico (Telecinco y Antena 3), no superaron los 3 nuevos estrenos de origen nacional durante el año en cuestión. Algo similar ocurrió con los canales que habían participado de la primera digitalización, como Veo y Net TV. Por el contrario, su parrilla estaba compuesta de manera importante por estrenos de origen latinoamericano (concentrados en telenovelas provenientes a su vez de empresas monopólicas en sus respectivos mercados nacionales, tales como Televisa o Venevisión) y en la saturación de una estrategia programática basada en reposiciones: de las 1200 horas de ficción en español emitidas por los canales generalistas de alcance nacional que emitían sólo en digital en 2008, poco más de 200 horas correspondieron a horas de estrenos de producción nacional. En torno al 85% de las horas de programación de ficción en español era repetición de programas, españoles o latinoamericanos.

b) El caso español también ha puesto en evidencia la incapacidad de las empresas televisivas para administrar en digital 4 canales en vez de 1 y seguir siendo rentables. Para ello, bajo la presión encubierta ejercida por la asociación de empresas privadas de televisión, el gobierno volvió más blandas las leyes de concentración para despejar el camino a fusiones como la que acaba de realizarse entre Telecinco y Cuatro, de manera que ahora una misma empresa privada es dueña de 2 múltiplex, lo que equivale potencialmente a ser dueño de 8 canales. Sin embargo, una de las primeras decisiones de Telecinco tras la fusión ha sido poner punto final al canal de noticias CNN Plus (que antes formaba parte de los canales de Cuatro) y lo ha reemplazado por un canal 24 horas dedicado al reality show Gran Hermano. El cese de la publicidad en los canales de la empresa pública RTVE también debe ser entendida en este contexto; dejar la torta publicitaria en menos manos. Por ahora, la medida está beneficiando a RTVE en términos de audiencia. Sin embargo, una parte de su recaudación está siendo cuestionada por los organismos de regulación de la competencia de la Unión Europea y en la medida que otra parte de su recaudación depende de los beneficios que obtengan las televisiones privadas, su éxito actual no tiene bases sólidas.

c) Por último, está el tema de la interactividad: la única que existe no es más que una vía de financiamiento de los propios canales, por medio de teletiendas, tarotistas y votaciones telefónicas de diversa índole y especie.

De esta manera, actualmente en los canales españoles de alcance estatal no sólo tenemos mayor concentración, sino que también peor calidad. Canales que dejan de emitirse y otros que privilegian la programación de bajo coste y de bajo aporte sustantivo. Una televisión pública sin publicidad, pero en una situación de ventaja precaria.

Chile se encuentra en estos momentos en una situación similar a la de España en 2004, cuando se empezaban a tomar las primeras decisiones para el desarrollo de la televisión digital. Es cierto que la transición española a la televisión digital ha sido tan calamitosa que nadie querría cometer los mismos errores. Lamentablemente, vemos que en Chile se están repitiendo varias de las erróneas decisiones tomadas al otro lado del charco. En nuestro pais se da por sobre entendido que los actuales canales de alcance nacional se beneficiarán de 6mhz en digital, en base a un derecho de preferencia argumentado de manera tergiversada; también es posible que la asignación de concesiones digitales a estos canales se haga por decreto y sin concurso (el decreto supremo 264 firmado por Piñera e impugnado por parlamentarios de la Concentración abre las puertas a esta situación). Por último, opiniones como la del académico Valerio Fuenzalida dan a entender que los actuales canales barajan la posibilidad de utilizar algunas de sus futuras nuevas señales como canales de pago para conseguir financiarse (¿se convertirían en megafusiones en caso de no obtener beneficios?), desnaturalizando el sentido original que otorgó Bachelet a la televisión digital cuando decidió introducir en el congreso los dos proyectos de ley correspondientes (el de TVN y el del CNTV).

Asimismo, el fracaso de los nuevos canales digitales españoles de alcance nacional como promotores de la industria audiovisual interna (al respecto, el aporte de las televisiones públicas regionales es mucho más gravitante, sobre todo en el caso de las comunidades autónomas con identidades culturales más fuertes) también debiera llevar a preguntarnos si para la entrega de nuevas concesiones los organismos competentes debieran exigir sólo una buena oferta técnico – financiera (que es lo que actualmente está en el proyecto de ley) o si también es un requisito indispensable conocer -y también evaluar- las ofertas programáticas de los concursantes. Aunque en abstracto hay muchos investigadores y también políticos que temen a esta evaluación sustantiva por su potencial subjetividad, la experiencia española confirma la necesidad y relevancia de desarrollar criterios para evaluar sustantivamente a los proyectos candidatos a obtener concesiones digitales.

Por último, el plan técnico de televisión digital que el actual gobierno ha anunciado que se hará público en marzo próximo, debiera responder a preguntas como las siguientes: ¿Chile necesita o puede sustentar financieramente más canales generalistas de alcance nacional que los actuales? ¿Por qué no privilegiar un modelo de televisión regionalista que contribuya a la descentralización cultural e informativa del pais, de financiamiento mixto? ¿O un modelo de televisión comunitaria, que entienda el uso participativo del soporte audiovisual como una estrategia para aumentar los índices de desarrollo humano a nivel local o de comunidades de intereses? En este sentido y buscando la sustentabilidad financiera del sistema, también sería lamentable si en una decisión política el plan técnico privilegiase la alta calidad (HD) por encima de la mayor diversidad de canales.

Tal como está, ninguna de estas cuestiones está resuelta adecuadamente en el proyecto de ley que se debate en el parlamento. Es preciso que el proyecto en discusión se haga cargo de las consecuencias de ciertas omisiones o deje establecidas las instancias por medio de las cuales las instituciones estatales o gubernamentales competentes puedan convertir la digitalización en una auténtica herramienta de democratización de la comunicación.

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