Solicitan a Tribunal Constitucional detener ley que prohibe a campesinos guardar sus semillas

Radio del Mar

Senadores opositores recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) para impedir que el Presidente Sebastián Piñera promulgue la recien aprobada ley que permite el cultivo de semillas transgénicas en Chile y prohibe a los campesinos guardar sus propias semillas nativas. Esta Ley es parte de un convenio internacional denominado UPOV 91 y que impulsan las grandes multinacionales de la biotecnología.

El recurso ante el TC será presentado por los Senadores Ximena Rincón, Alejandro Navarro y Jaime Quintana ya que el Convenio denominado “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” impide a los campesinos guardar sus semillas -pues deberán comprarlas anualmente- y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país.

La senadora Rincón explicó que “antes de votar la ratificación de este Convenio se debería haber debatido la Ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales que deroga la ley Nº 19.342 por la cual se creó en Chile el registro de especies vegetales. Mediante esa ley, el país firmó la versión anterior de este convenio (UPOV 78), cuyos términos eran menos lesivos para la agricultura”.

En tanto el senador Jaime Quintana dijo al diario de el Senado que este Convenio impedirá a los campesinos guardar semillas y permitirá la venta, a través de las grandes transnacionales, de semillas híbridas y transgénicas en nuestro país.

Puntualizó que en el momento en que el Presidente Sebastián Piñera ratifique este instrumento internacional “comenzará a desaparecer una práctica campesina que por siglos había permitido la alimentación de la sociedad en forma saludable, además de afectar profundamente la pequeña agricultura y abrir una puerta a los transgénicos”.

Por ello, anticipó que solicitará a través del Ministro Secretario de la Presidencia, Cristián Larroulet que se otorgue garantías de que la UPOV no contradecirá lo estipulado en el convenio 169, el cual tiene rango de norma constitucional, agregando que estudia la posibilidad de recurrir ante organismos internacionales como la misma Organización Internacional del Trabajo

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