SOBRE LA URGENCIA DE APROBAR LA LEY QUE CREA LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA EN CHILE

Las duras circunstancias  en las que  finaliza el  gobierno de la presidenta  Bachelet dejan al descubierto también  muchas de las obras pendientes de su gestión. Entre ellas la  promulgación de la ley de Radios comunitarias, que se encuentra en  revisión  en el  Tribunal Constitucional.

Esta ley, que hemos aplaudido en su gesto simbólico, pero cuyas falencias  hemos denunciado  en diversas ocasiones, consagra aunque  en condiciones de profunda desigualdad el derecho a existir  de  radios  gestionadas por actores sociales, quienes representan  la expresión de  los ciudadanos en sus  territorios.

En este sentido, la catástrofe que azota al país ha puesto al descubierto la centralidad que tiene la radio, en tanto, expresión local de la ciudadanía, pues están promoviendo procesos participativos como respuesta a la crisis.

En estas circunstancias instamos al nuevo gobierno a que  cumpla  de manera ágil y diligente  con el mandato que han recibido  y  promulguen el reglamento que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria, para sacar a las radios ciudadanas del mutismo  que les impone  la norma actual al transmitir  con un watt de potencia.  La ley  crea normas jurídicas  mínimas para hacer  realizable el derecho a comunicar ideas y experiencias de  actores sociales,  quienes  actúan al margen de los  intereses comerciales  y  promueven una  diversidad en el debate  público. Se trata de dar acceso al uso del espectro radioeléctrico a quienes legítimamente se organizan  para ejercer la libertad de expresión, condición indispensable para el desarrollo de la  democracia.

Reiteramos nuestro rechazo a la consagración del derecho preferente contenido  en el cuerpo legal, por ser un  principio que  vulnera  la igualdad  ante la ley, atentando severamente contra la inclusión social. Asimismo, expresamos la urgente necesidad de que el Ejecutivo cumpla el compromiso de enviar al Congreso, en lo que queda de mandato, la eliminación del artículo 36, letra b, consagrado en la Ley General de Telecomunicaciones de 1982, que castiga con cárcel e incautación de equipos a quienes ejerzan su derecho a comunicar fuera del marco legal vigente.

La obligación del nuevo gobierno de Sebastián Piñera es clara y ninguna agenda  justificará  la postergación del cumplimiento de sus  responsabilidades. Será en temas  como estos donde las  nuevas autoridades deberán rendir examen ante Chile y la comunidad internacional  para  garantizar  integralmente la libertad de expresión, el carácter democrático y la  plena vigencia de los derechos  humanos en nuestro país.

María Pía Matta, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, América Latina Caribe, Amarc Alc

Perla Wilson, Radio Tierra / Corporación La Morada

Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano / Red de Medios de los Pueblos

Juan Enrique Ortega, Eco Comunicaciones

Raúl Rodríguez, Radio Juan Gómez Milla / Escuela

de Periodismo Universidad de Chile

Natacha Gomez, La Radioneta, Amarc Chile

Santiago 5 de marzo 2010

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