Senado aprueba reforma ambiental más trascendente en la historia de Chile

senadoSenado despachó la iniciativa que establece una nueva institucionalidad ambiental y que crea además el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas con el compromiso de transformar a la CONAF en un servicio público descentralizado.

En el marco del acuerdo suscrito entre la Alianza, algunas bancadas de la Concertación, independientes y el gobierno, el Senado aprobó, en segundo trámite, el proyecto que crea el Ministerio, la Superintendencia del Medio Ambiente, el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Ahora le corresponderá a la Cámara de Diputados pronunciarse en tercer trámite sobre la nueva institucionalidad .

El mencionado acuerdo que fue cuestionado por organizaciones medioambientales  y que permitió agilizar la tramitación de la nueva institucionalidad incluye 11 puntos, entre ellos el compromiso de transformar a la CONAF de una corporación de derecho privado a un servicio público descentralizado, en el plazo de un año y de crear los tribunales ambientales especializados. Esta última iniciativa ya se encuentra cumpliendo su primer trámite en el Senado.

De esta forma, la Sala despachó por mayoría las normas de la iniciativa que, entre otros temas, consagra la preeminencia de los criterios técnicos en materia medioambiental y avanza en el sistema de fiscalización que hoy se encuentra disperso y fragmentado.

Durante el debate intervinieron los senadores Pablo Longueira, Juan Pablo Letelier, Soledad Alvear, Carlos Ominami, Andrés Allamand, José Antonio Gómez, Hernán Larraín, Jorge Pizarro, Evelyn Matthei, Pedro Muñoz Aburto, Antonio Horvath, Jaime Gazmuri, Hosaín Sabag y Camilo Escalona, además de la Ministra Ana Lya Uriarte.

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Gran parte de la discusión estuvo centrada en los temas relativos a la participación ciudadana ya que, a juicio de algunos parlamentarios como José Antonio Gómez y Carlos Ominami esta facultad quedaba cercenada en el texto legal cuando se hace referencia a la participación del “público interesado” en los proyectos de evaluación ambiental estratégica.

Sin embargo, los senadores Pablo Longueira, Juan Pablo Letelier, Soledad Alvear, Andrés Allamand  y Hernán Larraín, además de la Ministra Ana Lya Uriarte dejaron constancia de que este concepto de “público interesado” se refiere a los planes de evaluación estratégica y no a la evaluación de proyectos ambientales específicos, donde si se contempla la participación ciudadana en todas sus dimensiones. Finalmente, la norma se aprobó por 21 votos a favor y dos en contra.

Por otra parte, el Senado aprobó por 23 votos a favor y 3 en contra  la norma que establece la obligación de los proponentes de los proyectos de describir en sus Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental, la forma en que tales iniciativas se relacionarán con las políticas, planes y programas de desarrollo regional, así como los planes de desarrollo comunal.

Asimismo se deberá solicitar un pronunciamiento al Gobierno Regional respectivo, así como a las municipalidades del área de influencia del proyecto, con el objeto de que éstos señalen si el proyecto o actividad se relaciona con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y con los planes de desarrollo comunal, respectivamente.

Por 23 votos a favor, uno en contra del senador Gómez y una abstención del senador Ominami, el Senado aprobó la norma que evitará que los proponentes entreguen proyectos o actividades en forma parcializada o por etapas, pese a que tienen un impacto general en la misma zona.

De este modo se establece una evaluación “sinérgica” de los distintos proyectos ambientales, incluso de aquellos que habiendo tenido una evaluación favorable previa no hayan sido ejecutados.

Paralelamente, la Sala repuso por 25 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones la disposición que se había perdido por falta de quórum en la Cámara Baja relativa a la conformación de los nuevos Consejos Regionales Medioambientales (COREMAS). Éstos estarán integrados por el Intendente y los Seremis y tendrán la obligación de considerar como vinculantes los informes técnicos que emitan las autoridades del servicio de evaluación.

Al respecto, el senador Carlos Ominami expresó sus dudas en cuanto a la real autonomía e independencia de las COREMAS, sin embargo sus pares Pablo Longueira, Soledad Alvear, Juan Pablo Letelier y Andrés Allamand resaltaron que hoy participan en las COREMAS los Cores y gobernadores y junto con eliminar a estos integrantes, en la nueva Ley se hacen vinculantes los informes técnicos.

CRÍTICAS AL ACUERDO POLÍTICO


El senador José Antonio Gómez se hizo cargo de algunas de las críticas al acuerdo político que permitió destrabar el análisis de esta iniciativa y señaló que  “el Protocolo es bueno pero obliga solo a quienes lo firmaron y, en mi caso, el partido Radical Socialdemócrata (PRSD) no lo firmó porque consideramos que hay una serie de normas que no están bien resueltas y que debieron discutirse con mayor amplitud y no con la urgencia que se le otorgó a esta iniciativa”.

Asimismo, el senador Jaime Gazmuri pese a que se mostró partidario del proyecto manifestó su esperanza de que “este texto legal hubiese podido resolver en forma definitiva un conjunto de temas que todavía no están resueltos, como por ejemplo la situación de CONAF”.

En la oportunidad, los senadores Pablo Longueira, Juan Pablo Letelier, Antonio Horvath, Soledad Alvear y Camilo Escalona defendieron el Protocolo de acuerdo con el Ejecutivo y refutaron las críticas tanto de los parlamentarios como de algunos sectores ambientalistas en el sentido de que el objetivo de este proyecto no era revisar definiciones o criterios sobre contaminación o normas ambientales sino más bien crear una institucionalidad ambiental de segunda generación.

El senador Escalona añadió que “incluso los sectores ambientalistas deberían sentirse satisfechos porque finalmente existe una mayoría que está por un desarrollo en forma sustentable”.

Los legisladores junto al senador Hosaín Sabag también valoraron que se haya incluido -por primera vez- una solución concreta para la Corporación Nacional Forestal (CONAF), ya que en el plazo del año el Ejecutivo deberá enviar un proyecto para transformarla en un servicio público descentralizado resguardando los derechos de sus trabajadores.

A su turno, los senadores Hernán Larraín y Evelyn Matthei recalcaron que esta iniciativa obligará al próximo Presidente de la República a transformar a la CONAF como servicio público, ya que en este caso, se aplica la disposición que tiene que ver con las acusaciones constitucionales, en caso de que se incumpliera este compromiso.

Finalmente, la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte agradeció la acogida que tuvo esta reforma que “es una de las más importantes en la modernización del Estado y que significa otorgar una mayor jerarquía al ordenamiento jurídico medioambiental”.

LaDiagonal.cl

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