Rigor contra radios comunitarias amenaza libre expresión de las comunidades

Tatiana Félix / Adital

La Ley General de Telecomunicaciones en Chile prevé prisión para aquellos que fueren sorprendidos usando una señal radiofónica sin licencia, en una radio comunitaria. La legislación, que tiene fecha de la dictadura militar, incentiva a grupos económicos y radios oficiales a denunciar las actividades comunitarias, exponiendo a los pequeños grupos a ataques y constante persecución. Sin embargo, las radios comunitarias son una herramienta que garantiza el derecho a la libre expresión de las comunidades.

A pesar de que el Congreso chileno aprobó una nueva Ley de Radios Comunitarias, muchos consideran que la norma presenta un vicio de legislación. El nuevo reglamento concede beneficios sólo para los concesionarios que no tienen fines de lucro y obliga que todos los concesionarios cambien su frecuencia hacia una organización sin fines de lucro si quieren continuar operando.

“El espíritu de la ley era ampliar el escenario para que ingresaran actores que antes no podían participar, pero se produce un vicio, porque las radios comerciales saben (…) que deben pasar su transmisión a organizaciones de base como ONGs, entre otras; para seguir funcionando sin ningún problema. Con este vicio presente en la ley, la idea inicial no se cumple y no se va a cumplir”, dijo Juan Ortega, representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) de Chile.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones del país (Subtel) dice que las radios de baja cobertura no son inofensivas, ya que provocan interferencias en radios legales. La Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), que agrupa a todas las estaciones comerciales del país, también se posiciona en contra de las radios comunitarias, alegando que las radios comunitarias interfieren en la transmisión de las radios oficiales.

Pero, para la presidenta de la Asociación Mundial de radios Comunitarias (Amarc), Pía Matta, ésta es una disculpa inválida, usada sólo para garantizar que un pequeño y poderoso grupo de la sociedad conserve el privilegio de hacer transmisiones vía radio. Enfatizó que el uso de las ondas de radio es público. “No se trata de quién llegó primero, sino de cómo logramos que se garantice el derecho a la libertad de expresión”, recalca.

Para los comunicadores comunitarios, es necesario tener una regulación para todo el sector y no concentrar en un pequeño porcentaje las emisoras de mínima cobertura u organizaciones sociales, ya que de esta manera, los grandes consorcios de radio continuarían predominando.

Con la persecución de las radios comunitarias, Radio Universidad del Chile decidió desafiliarse de la Archi en 2009, por no concordar con las frecuentes denuncias realizadas por la asociación contra las comunidades. En la ocasión, el director de Radio Universidad, Juan Pablo Cárdenas, declaró que la persecución legal y policial manifestada contra un conjunto de radios comunitarias del país impide y restringe el libre ejercicio de la libertad de expresión.

En Chile, seis empresas poseen el 70% de las radios del país, de las cuales tres, incluyendo un grupo español, son dueñas del 55% de este total y concentran el 70% de la publicidad comercial.

Ejemplo brasilero

En Brasil, existen cerca de 4.200 radios comunitarias que celebran el apoyo del gobierno federal con el Plan Nacional de Concesión de Radios Comunitarias, en atención a una demanda de la sociedad. El objetivo del Plan Nacional es que todas las ciudades tengan, por lo menos, una radio comunitaria. El Plan incluye también la garantía de asistencia técnica y el aumento de la potencia de estas radios. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) tendrá el papel de fiscalizar y evitar el uso político, empresarial o religioso de las emisoras.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

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