Represión a radios comunitarias en Chile: el delito de libertad de expresión de los pueblos

Por Vanessa Vargas Rojas

Durante este año, tres radios comunitarias han sido allanadas y silenciadas por infringir un artículo de la Ley General de Telecomunicaciones, promulgada en dictadura. Desde hace tiempo, diversas voces han apuntado a la necesidad de debatir un sistema de medios inclusivo y democrático para Chile.

A mediados de enero, la emblemática radio comunitaria “La Victoria” fue allanada por Carabineros. En la Junta de Vecinos, sede de la radioemisora, los comunicadores fueron testigos de la violencia policial y la destrucción del espacio tras el operativo.

“Carabineros cuenta con la información de domicilio del directorio de la Junta de Vecinos y ante una orden no nos hubiéramos negados a abrir nuestras puertas ya que no tenemos nada que ocultar menos una radio como la de La Victoria que solo nos ha beneficiados como pobladores”, explicó después la directiva de la organización comunal.

El medio ha prestado un servicio de difusión para las diversas actividades culturales y comunitarias de la población, al igual que “La Voz de Carahue”, un espacio que, desde La Araucanía, satisface la necesidad de expresión e información de sus habitantes. Sin embargo, la emisora también fue allanada e interrumpida por efectivos policiales.

A fines de febrero se sumó un nuevo caído a la lista de radios comunitarias: “La voz de Nueva Braunau” que, desde Puerto Varas, es impulsada por cuatro comunicadores mapuche que también fueron detenidos al momento del allanamiento. Esta última noticia terminó por llenar de preocupación el ambiente de las radios comunitarias y provocar el pronunciamiento de algunas organizaciones que hoy, como tantos otros, se preguntan cuál será el rumbo del gobierno de Bachelet ante una creciente necesidad por nuevos y diversos espacios mediáticos.

La criminalización de un derecho humano

A través de un comunicado, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Chile (Amarc Chile), expresó que ningún Estado puede castigar un actor de libertad o expresión con derecho penal. Esto, según el derecho internacional consagrado por el país en el Pacto de San José de Costa Rica.

“Por lo tanto, la legislación chilena está reñida con estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Pese a que la derogación del artículo 36b, letra a, está en trámite final en el Congreso para su eliminación, este tipo de acciones no contribuyen al desarrollo del sector social de las comunicaciones, que aún espera la plena ejecución de ley de radios comunitarias promulgada en 2010 y aboga por un debate más amplio sobre el sistema de medios y una nueva ley de comunicación”, señalaron.

En el triste panorama de allanamientos realizados a radios comunitarias durante el 2015, los casos de las radios con carácter indígena terminan por encender las alertas. Esto porque, según lo establecido por el Convenio 169 de la OIT –al cual Chile suscribe- dichos pueblos tienen derecho a comunicar y levantar sus propios medios de comunicación. Además, el Estado chileno se habría comprometido en 2013 a fomentar la radio indígena a través de licencias y recursos que hasta ahora no se han concretado.

En entrevista con Radio Villa Francia, Rubén Loncomilla, director de la radio de Puerto Varas, relató el episodio de allanamiento vivido el pasado miércoles 25 de febrero. Él y otros tres comunicadores de “La nueva voz de Braunau” permanecieron 24 horas detenidos tras lo ocurrido y los equipos de la señal fueron incautados.

“Ese día llegaron 3 camionetas de la PDI y un carro celular, entraron a sacar los equipos y nos tomaron detenidos diciendo que estábamos en un acto ilegal in fraganti. Ahí nos llevaron a los 4 que estábamos en la Radio, sin entender mucho y nosotros les explicábamos que estábamos haciendo el papeleo en la Subtel”, relató Loncomilla.

Recientemente, el subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, anunció la creación de un Centro de Radiomonitoreo que habría sido creado para analizar la estabilidad de las señales. Sin embargo, algunos voces aseguran que se está utilizando para cerrar radios y detectar las señales “ilegales” de los medios comunitarios. Huichalaf, sin embargo, justificó este tipo de operaciones, asegurando que ante una denuncia están obligados a fiscalizar. “No es nuestra intención perseguir ni cerrar radios. Al contrario, trabajamos por crear radios comunitarias. Pero ley es clara”, sentenció a través de su cuenta en Twitter.

Por su parte, el Colegio de Periodistas no se mantuvo exento de la polémica de las persecuciones a radios comunitarias. A través de un comunicado, señalaron que los operativos donde se requisan equipos radiofónicos a organizaciones sociales constituyen un “intento de acallamiento de la diversidad de voces”.

Desde la perspectiva del Colegio de Periodistas, la cercanía temporal de los allanamientos da cuenta de la precariedad en que se encuentran hoy las radios comunitarias y públicas de Chile. Aunque en 2010 se promulgó la Ley 20.433 que crea los servicios de radiodifusión ciudadana, esta normativa -que por lo demás aún no cuenta con reglamento- es deficiente para garantizar y no obstaculizar el derecho de toda la ciudadanía a utilizar un bien público como es el espectro radioeléctrico y operar un servicio de radiodifusión. Esto ha permitido la criminalización de lo que a nivel internacional es reconocido como un derecho humano: la comunicación”, expusieron.

Además, el organismo exigió que la Subsecretaría de Telecomunicaciones explique los motivos de su “atención personalizada” a las radios comunitarias e informe cuáles serán sus gestiones para apoyar el sistema de comunicación público y comunitario y de qué forma abogarán por una modificación a la normativa existente.

La indiferencia de las autoridades ante la discusión sobre medios

Por estos días, Radio “La nueva voz de Braunau” seguirá vía on line, ya que sus equipos necesarios para la transmisión en FM se encuentran requisados. Sin embargo, a través de su experiencia y la de tantos otros proyectos de comunicación comunitaria, el debate y el problema persisten, reflejando la fragilidad del sistema de medios que reina en Chile desde que fue pensado por los militares.

“Esto refleja el sistema de medios que tenemos, que es muy precario y muy débil, donde al final está concentrado con muchas garantías para el sector comercial, sin que haya equidad ni democratización de las comunicaciones para incluir al sector social”, explicó Raúl Rodríguez, director de la radio Juan Gómez Millas y parte de la mesa directiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC Chile).

En opinión de Rodríguez, de cara a un panorama social más agitado, donde la gente demanda mayor voz y participación, el fenómeno de las radios comunitarias y públicas debe discutirse.

“En América Latina se está debatiendo hace mucho tiempo sobre las comunicaciones y los medios. Deberíamos aprender de la experiencia y generar nuestro propio debate. El tema de las comunicaciones hoy no es parte de la agenda pública y por lo tanto nosotros, a través de estos casos de criminalización y persecución penal, tenemos que mirar hacia esa perspectiva”, recordó.

Durante el gobierno de Piñera no hubo mayor intención en profundizar el debate sobre los medios en Chile, algo que se profundizó para la opinión pública con el polémico cierre del diario La Nación durante su gestión. En tanto, durante la administración de Bachelet, se concretó una reciente reunión con la directiva del Colegio de Periodistas de Chile, donde la mandataria se habría mostrado interesada en discutir en profundidad sobre la situación mediática del país.

Según Javiera Olivares, presidenta de la organización, el Ejecutivo planea impulsar una mesa de trabajo que recoja propuestas en materia de institucionalidad mediática y comunicación que se concretaría a partir de marzo. Por ahora, sin embargo, no hay más compromisos públicos adquiridos y las radios comunitarias siguen resistiendo a la espera de una reforma que debió haber llegado hace mucho tiempo.

Fuente: El Desconcierto

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