Relatoría para la Libertad de Expresión presenta informe 2013

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó su reporte anual en el que destaca los avances y desafíos en materia de libertad de expresión en América Latina.  El documento se incluye en el Informe Anual 2013 que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  el miércoles 23 de abril de 2014, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos.

Al referirse a los avances, la Relatoría Especial manifiesta su satisfacción por la incorporación de estándares del sistema interamericano sobre acceso a la información en el derecho interno de algunos Estados, bien mediante la expedición de leyes especiales de acceso a la información, o a través de decisiones de algunos tribunales nacionales, así como el impulso de las investigaciones y procesos judiciales que han logrado esclarecer la responsabilidad de crímenes cometidos contra periodistas en años previos. El Informe de la Relatoría Especial señala también los avances en materia judicial o legislativa, como la derogatoria de leyes de desacato o de disposiciones penales que permitían enjuiciar a periodistas por la publicación de información de interés público que pudiere ofender a las autoridades.

En particular, la Relatoría Especial llama la atención sobre la violencia contra las y los periodistas asociada al ejercicio de su profesión. Durante el 2013, al menos 18 personas fueron asesinadas en la región por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. A estos lamentables hechos se sumaron cientos de denuncias sobre actos de violencia, agresión, amenaza e intimidación contra comunicadores y medios de comunicación como represalia por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. En la mayoría de los casos, los actos de violencia contra las y los periodistas se produjeron luego de que estos reportaran hechos vinculados con el crimen organizado o con fenómenos de corrupción política o policial. Estos hechos de violencia han generado un aumento sensible en la autocensura de medios y periodistas como mecanismo para proteger su vida e integridad, y sin embargo, salvo algunas excepciones reportadas, no se han visto acompañados de medidas destinadas a reforzar su prevención o a impedir la impunidad de los crímenes cometidos.

A este respecto la Relatoría Especial recomienda a los Estados adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia contra las y los comunicadores, incluyendo la condena pública a todo acto de agresión; la adopción de medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión; la realización de investigaciones diligentes, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación; el juzgamiento y la condena a todos los responsables de estos hechos; y la eliminación de las barreras de género que obstaculizan el acceso a la justicia, entre otras medidas.

Asimismo, el Informe de la Relatoría Especial pone de presente con preocupación la forma en que algunas autoridades estatales reaccionaron frente a las protestas sociales ocurridas en las Américas en el año 2013. En particular, el informe da cuenta de decenas de detenciones, amenazas y agresiones que habrían sido cometidas contra periodistas, comunicadores, manifestantes y usuarios de redes sociales que reportaban sobre las protestas.

Sobre esta situación, la Relatoría Especial señala que es necesario que los Estados diseñen marcos regulatorios que respeten el ejercicio de la protesta social. Los Estados no deben dejar de tomar en cuenta que cuando se está frente a marcos institucionales que no favorecen la participación, o frente a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación de masas, la protesta pública puede convertirse en el único medio que realmente permite que sectores discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado. De igual forma, las autoridades deben otorgar a los y las periodistas el máximo grado de garantías para que cumplan su función en el marco de una manifestación pública. Deben garantizar que los y las periodistas no sean detenidos (as), amenazados (as) ni agredidos (as) y que sus derechos no sean restringidos en ninguna forma por estar ejerciendo su profesión. El Estado no debe prohibir ni criminalizar las trasmisiones en directo de los hechos y debe abstenerse de imponer medidas que regulen o limiten la libre circulación de información. Los y las periodistas no deben ser citados (as) como testigos por los órganos de Justicia y las autoridades deben respetar el derecho a la reserva de sus fuentes de información. Igualmente, sus materiales y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados. También es de especial importancia en estos contextos que las autoridades cuenten con protocolos especiales para proteger a la prensa en circunstancias de conflictividad social e instruyan a las fuerzas de seguridad sobre el rol de la prensa en una sociedad democrática.

La Relatoría Especial ha constatado con preocupación que en algunos Estados de la región ha aumentado el número de los procesos judiciales contra periodistas,por lo que exhortó a las autoridades estatales a contribuir decisivamente con la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello.

El Informe Anual 2013 de la Relatoría Especial está disponible en el siguiente enlace: www.oas.org/es

Para más información se puede visitar el sitio www.cidh.oas.org/relatoria/ o escribir al correo electrónico a cidh-expresion@oas.org

Fuente: Signis

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