Proponen reforma constitucional que consagra el dominio público de las aguas

La iniciativa presentada por el diputado Luis Lemus junto a un grupo de parlamentarios socialistas, establece además el estado de catástrofe ambiental por escasez hídrica.

Preocupados por la escasez hídrica, los diputados PS Luis Lemus, Daniel Melo, Daniella Cicardini y Clemira Pacheco (PS), presentaron un proyecto de reforma constitucional que consagra el dominio público de las aguas y establece el estado de catástrofe ambiental por escasez hídrica (boletín 9525).

Los autores señalan que “en los últimos años se viene percibiendo en forma creciente y sostenida un escenario de sequía y escasez hídrica, particularmente en la zona norte y central del país. Diversas cuencas se encuentran hoy sobre utilizadas y agotadas, llegándose a la carencia de agua para el consumo y riego”.

Indican que este fenómeno tiene diversas causas: el cambio climático, con el consiguiente incremento en las temperaturas y variaciones en la pluviosidad; la contaminación; las deficiencias en la captación y almacenamiento de las aguas; el aumento poblacional, la expansión de los centros urbanos; y, la falta de eficiencia y uso inadecuado o excesivo de este vital elemento.

“Particular relevancia tiene, entre nosotros, la vigencia, a partir de 1980, de un régimen constitucional y legal con énfasis explícito en la propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas”, señalan los legisladores, y que privilegia los intereses particulares e incentiva la especulación en lugar del uso racional.

La propuesta legal, remitida para su estudio a la Comisión de Constitución, busca reforzar el mandato constitucional que emana del numeral 23 de la Constitución y en el ámbito específico otorgar un estatus explícito del agua como recurso natural de dominio público.

A la vez, se promueve la utilización racional de este recurso natural, y se asume la necesidad de limitar los derechos de aprovechamiento con meros fines especulativos, como se desprende de la regulación propuesta.

Para ello, se establece un mandato expreso a establecer causales de extinción precisas y directas en el propio texto constitucional, a fin de evitar discusiones al amparo indirecto por el derecho de propiedad sobre la concesión, haciéndolas en la práctica inextinguibles.

Además se establece un régimen especial de limitaciones a la propiedad, en el contexto de un estado de excepción constitucional, referido a la catástrofe ambiental, declarada por el Presidente con acuerdo de la mayoría de los diputados en ejercicio, y que otorga facultades extraordinarias para enfrentar la crisis. Finalmente, se establece imperativamente que exista en el otorgamiento de derechos de agua, una contraprestación adecuada al interés público.
escrito por Diario Cámara de Diputados

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